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El gobierno de la Ciudad de México presentó el pasado 25 de agosto un paquete de 15 acciones y reformas legales para reforzar la Alerta de Violencia de Género, vigente desde 2019. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que se trata de una “nueva etapa” para garantizar que “nunca más una mujer en esta ciudad esté sola enfrentando la violencia”.
Sin embargo, las organizaciones que promovieron la declaratoria de la alerta —entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Persona, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red TDT— pusieron en duda el alcance de las medidas.
Denuncian que fueron anunciadas sin consulta con las peticionarias, sin diagnósticos previos y sin mecanismos claros de seguimiento.La historia de la alerta en la capital remite a 2017, cuando varios colectivos solicitaron formalmente su activación a la Secretaría de Gobernación por el aumento de los feminicidios.
El Grupo de Trabajo que analizó la petición recomendó la declaratoria, pero la dependencia federal la rechazó. Dos años más tarde, en medio de protestas feministas contra presuntos abusos sexuales cometidos por policías, la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, decretó la alerta bajo el marco legal local. Desde entonces opera el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), integrado por autoridades, academia y sociedad civil, encargado de dar seguimiento a las medidas.
¿Qué es la AVGM y por qué hay deuda?
Las Alertas de Violencia de Género fueron creadas en 2008 como un mecanismo extraordinario para atender contextos de violencia feminicida. Actualmente existen 25 declaratorias en 23 estados y 643 municipios, pero su efectividad está en entredicho. Solo 9% de las medidas recomendadas han sido cumplidas y 86% siguen “en proceso”.
En varios estados, la violencia no disminuyó: en Colima, por ejemplo, la tasa de feminicidios pasó de 1.09 en 2017 a 5.25 en 2023, un incremento de 382%. Para especialistas y organizaciones, la burocratización y la ausencia de evaluaciones serias explican la deuda estructural del mecanismo, como documentó La Cadera de Eva en 2024.
En este contexto, Brugada anunció que la capital sumará nuevas medidas. Entre ellas se encuentra la creación de una Policía de Género con 30 patrullas, que se ampliarán a 73 antes de que termine el año, y 438 elementos de proximidad para atención inmediata.
También se prevén juzgados mixtos especializados en violencia de género, apoyos económicos para hijas e hijos de víctimas de feminicidio, la consolidación de un Banco de ADN, una Defensoría de las Mujeres y una clínica de salud mental. Además, se anunció la creación de una Agencia Especializada en Casos de Violación Reciente, campañas de educación sexual para adolescentes, una unidad que investigue casos de violencia sexual cometida por policías y un programa de reeducación obligatoria para agresores.
La fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde, defendió que estas acciones ya han tenido resultados: entre enero y julio de 2025, los feminicidios en la ciudad pasaron de 42 a 24 en comparación con el mismo periodo del año anterior y se han obtenido 72 vinculaciones a proceso.
Las organizaciones, sin embargo, sostienen que el discurso oficial no se corresponde con la realidad. “Contrario a lo que afirman las autoridades, la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México está lejos de disminuir. De acuerdo con datos de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, existen más de 1,200 carpetas de investigación por violencia familiar y más de 350 por delitos sexuales; sin embargo, menos del 8% han sido judicializadas. Esta impunidad perpetúa el ciclo de violencia y coloca a las mujeres en mayor riesgo”, señalaron en un comunicado.
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En ese mismo pronunciamiento exigieron una reunión urgente con la jefa de Gobierno, la reactivación de las mesas de trabajo del GIM, la instalación de una mesa técnica que evalúe con indicadores claros el avance de la alerta y lineamientos que garanticen la participación de la sociedad civil en la Secretaría de las Mujeres.
El contraste entre los anuncios y la crítica de las organizaciones revela la fragilidad del mecanismo. Mientras el gobierno lo presenta como un relanzamiento histórico, las organizaciones advierten que, sin evaluación, rendición de cuentas ni participación ciudadana, la Alerta de Género corre el riesgo de quedarse en un trámite burocrático.
