La resistencia de las personas de la comunidad LBGTQ+ se hizo visible en las aplicaciones a la convocatoria para las elecciones del Poder Judicial, en donde se postularon 106 personas no binaries. Entre elles cuatro por el cargo de Ministra o Ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN); 30 para ser magistrades de circuito y 69 para ser jueces de distrito.
Según cálculos de La Cadera de Eva, esto representa un 0.57% del total de aplicaciones, por su parte, las 6 mil ciento una aplicaciones de las mujeres representan el 33.12% del total y las más de cien mil aplicaciones por parte de hombres representan el 58.55%.
Si bien, este es un logro para la comunidad, lo cierto es que en la reforma está atravesada por la discriminación hacia la comunidad LGBT+.
La organización Tejemos Justicia denunció que el Congreso de la Unión aprobó las reformas a las leyes electorales para la elección al Poder Judicial en 2025 sin incluir acciones afirmativas para grupos vulnerables, como sí ocurre en las elecciones federales para diputaciones y senadurías.
Ante esta decisión, varias organizaciones interpusieron varios recursos legales para que se incluyera esta medida en las elecciones del Poder Judicial, sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que las acciones afirmativas no son necesarias ni obligatorias para garantizar la selección de personas de la comunidad LGBTQ+ como parte del Poder Judicial.
La reforma al Poder Judicial ha estado llena de controversias entre quienes apoyan la reforma y quienes niegan su aplicación rotundamente. Lo cierto es que la falta de acciones afirmativas pone en riesgo la promoción y dignificación de la representación política diversa.
Esto se suma a las posibles consecuencias que la reforma al Poder Judicial podría tener: ingreso de personas sin capacitación de perspectiva en derechos humanos y de perspectiva de género; desigualdad entre mujeres y hombres por imposición de promedios académicos y comités de evaluación ambiguos, de acuerdo con Leslie Jiménez Urzua, abogada y Coordinadora de Proyectos de la organización Impunidad Cero.
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Invisibilización de la comunidad LGBT+
La Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Janine M. Otálora, expresó en una Jornada por la Defensa de los Derechos Político-electorales que las acciones de inclusión refrendadas por el marco legal en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, sobre la pluriculturalidad de pueblos y comunidades indígenas son “letra muerta”.
No solo las comunidades indígenas están siendo invisibilizadas en los registros de candidaturas a senadurías y diputaciones de cargos de representación popular, otros grupos también han denunciado falta de compromiso y tergiversación con la inclusión política por parte de partidos políticos.
Como analizó La Cadera de Eva durante el Proceso Electoral Federal del 2024, sólo dos partidos cumplieron con la cuota de candidaturas de grupos vulnerables; cuando se requerían 63 candidaturas por partido, cuota que únicamente cumplieron Movimiento Ciudadano (MV) y Partido Verde Ecologista de México con 72 y 176 candidaturas respectivamente.
En cuanto a la representación de la comunidad de la diversidad sexual, sólo tres partidos cumplieron con las cuatro acciones afirmativas que se requerían por partido político: PRD, Partido Verde, Movimiento Ciudadano y Morena.
La falta de representación política tiene consecuencias directas en las decisiones que competen a las comunidades vulneradas. Omitir la participación de las personas de la comunidad LGBTQ+, personas con discapacidades, personas de comunidades indígenas y afrodescendientes, y de personas migrantes incrementa las desigualdades y acrecienta la falta de justicia histórica, y ahora, justicia afirmativa.
¿Qué son las acciones afirmativas?
Las acciones afirmativas o “cuotas arcoiris”, son medidas especiales que promueven los espacios exclusivos para poblaciones vulneradas como las personas de la comunidad LGBTQ+, población indígena y afromexicana, personas con discapacidad, y personas migrantes.
Esto quiere decir que los partidos políticos nacionales o coaliciones deberán cumplir con una cuota en el registro de las candidaturas electorales para promover y garantizar la diversidad, inclusión e igualdad política.
Se tiene que dejar de pensar en las acciones afirmativas como un mero requisito o cuota que los partidos políticos deben cumplir y reconocer que en estos espacios se reivindica a las comunidades más vulneradas; hablamos de justicia social, política e histórica, de representación y diversidad, pero también de una oportunidad para reducir y combatir las desigualdades que atraviesan a las personas invisibilizadas por el Estado históricamente.
Si no son las mismas comunidades, aquellas que entienden la complejidad social, económica, política y cultural de su entorno, quienes propongan soluciones para la reconfiguración estratégica, activa e informada, entonces ¿quiénes son los más aptos para tomar esas decisiones?
