En los últimos meses, la conversación pública se ha polarizado en torno a dos temas: La Casa de los Famosos y el Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, un paquete de reformas constitucionales que incluye la reestructura al Poder Judicial. Mientras que el primero genera indignación por ciertos comportamientos, el segundo, presentado como un avance en el sistema de justicia, ha dejado en la sombra su impacto potencialmente negativo en los derechos conquistados por mujeres y poblaciones LGBTIQ+.
Este texto tiene como objetivo analizar cómo la propuesta actual de la reforma judicial podría afectar de manera desproporcionada a estas comunidades, debilitando los avances logrados a través del litigio estratégico y otros mecanismos de defensa de derechos humanos.
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¿En qué me afecta la reforma judicial?
¿Realmente cualquiera puede ser ministrx o magistradx?
Uno de los cambios más “progresivos” de la reforma judicial impulsada por el gobierno de López Obrador es la eliminación del requisito de experiencia laboral previa para aspirantes a jueces, magistrados y ministros.
Aunque esta modificación se presenta como una medida inclusiva, en realidad podría permitir el ingreso de personas sin preparación o formación en derechos humanos conozcan casos complejos de violencia de género o discriminación. La falta de experiencia en estas áreas cruciales podría llevar a decisiones judiciales que no comprendan plenamente la gravedad y contextos de estas situaciones, comprometiendo la protección de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+.
La imposición de promedios académicos
El establecimiento de promedios académicos como requisito para ocupar cargos públicos es otro aspecto que impacta negativamente a mujeres y poblaciones LGBTIQ+ debido a que se olvidan las barreras estructurales significativas que enfrentan en el ámbito educativo, incluyendo discriminación de género y lgbtiqfobia.
Estas barreras limitan sus oportunidades de alcanzar altos promedios, lo que no refleja su verdadero potencial ni su compromiso con los derechos humanos. Este tipo de requisitos refuerzan las desigualdades existentes, excluyendo a candidatos que, aunque no cumplan con el criterio numérico, podrían aportar una perspectiva crítica y necesaria en la promoción de los derechos de estas comunidades.
La vida es una to-to-tómbola
Una de las medidas más controvertidas de la reforma es la propuesta de una tómbola para seleccionar a las personas candidatas a cargos judiciales. Sin criterios de selección claros, esta medida podría diluir la representatividad de mujeres y personas LGBTIQ+, afectando gravemente la defensa de sus derechos fundamentales. La equidad y la no discriminación, pilares en la lucha por la igualdad de oportunidades, podrían verse seriamente comprometidas bajo este sistema aleatorio.
Boletas confusas
Otra preocupación surge con la introducción de boletas electorales confusas y la falta de campañas claras. Esta complejidad puede llevar a una disminución en la visibilidad de candidatos que defienden derechos esenciales, como el acceso al aborto o la protección contra crímenes de odio. La dificultad en la participación democrática no solo margina a activistas y defensores de derechos humanos, sino que también amenaza con retroceder en la protección de estos derechos.
Comités de evaluación ambiguos
La falta de lineamientos claros en la conformación de los comités de evaluación es otro punto de preocupación. Sin criterios específicos, la subjetividad podría perpetuar la discriminación estructural dentro del sistema judicial. Esto afectaría negativamente la protección contra la violencia de género y los derechos de participación política de las personas LGBTIQ+, limitando el acceso a una justicia verdaderamente imparcial y equitativa.
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¿Y ahora?
Amix, estamos frente a una de las reformas más grandes y significativas de nuestro tiempo. Es crucial que estemos atentas y atentos a lo que esto implica para nosotres.
La reforma judicial, tal como está planteada, representa una amenaza a la protección de los derechos de mujeres y disidencias sexogénericas. Es fundamental que revisemos, preguntemos y cuestionemos estas propuestas para asegurarnos de que los avances alcanzados no se pierdan. Aún queda mucho camino por recorrer para que todas y todxs podamos vivir en un estado que nos reconozca libres de violencia.
