La organización CEA Justicia Social, junto con Elementa DDHH, presenta la campaña “Libéralas: 5 mujeres que no deberían estar en prisión”. Esta iniciativa tiene como objetivo recaudar 250 mil pesos para liberar a Eréndira, Margarita, Luna, María Isabel y Linda, quienes enfrentan penas de hasta 15 años en el CEFERESO 16 de Morelos, por delitos relacionados con drogas.
En entrevista con La Cadera de Eva, María Ana del Valle, cofundadora de CEA Justicia Social,explica que la campaña surge de la necesidad de liberar a mujeres que han estado injustamente en la cárcel. Este mecanismo, creado en colaboración con autoridades de la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Consejería Jurídica, busca fortalecer el vínculo entre la sociedad civil y las autoridades para exonerar a las mujeres privadas de la libertad por delitos menores por drogas, reparar el daño y restaurar sus derechos.
“Con este mecanismo hicimos todo un proceso para primero acceder a las historias de mujeres que actualmente están privadas de la libertad, sus historias, sus contextos y sus necesidades y demandas para ahí plantear y proponer alternativas jurídicas para su libertad y también para la restitución de derechos”, explica la especialista.
El mecanismo, que comenzó a operar el pasado 8 de marzo, ya liberó a seis mujeres privadas de la libertad hasta el momento. Ahora la meta es liberar a cinco mujeres más para garantizar un regreso digno y seguro a sus casas, y se espera que el mecanismo llegué a otros estados del país con el tiempo.
Esta iniciativa surge después de que distintas organizaciones de la sociedad civil documentaran que desde 2022 se han registrado las muertes de al menos 20 mujeres en el CEFERESO 16, quienes han sido víctimas de totura, golpes, violencia psicológica y falta de atención médica por parte del personal de este centro penitenciario, así como de falta de condiciones dignas.
Los nombres de las mujeres que resisten: Eréndira, Margarita, Luna, María Isabel y Linda
Las mujeres beneficiadas por este mecanismo provienen de comunidades de escasos recursos y de condiciones de pobreza, además han sido víctimas de un sistema de justicia que estigmatiza y discrimina a las mujeres.
En México existen casi mil doscientas mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas, señala María Ana del Valle, entre ellas, las historias de Eréndira, Margarita, Luna, María Isabel y Linda, mujeres que rondan las edades de entre 28 y 40 años de edad.
La mayoría provienen de distintos estados del país por lo que sus familiares no pueden costear los gastos para su traslado o para cubrir necesidades básicas como ropa o acceso a la comunicación.
Estas cinco mujeres fueron detenidas arbitrariamente, a algunas se les plantas pruebas falsas y otras fueron torturadas a declararse culpable, ese fue el caso de Luna, que firmó su declaración bajo tortura, o de Lidia, una madre autónoma que fue obligada a declararse culpable.
Eréndira, una mujer de Michoacán que tiene el sueño de convertirse en maestra de kinder, y Margarita fueron detenidas sin explicaciones; Margarita limpiaba la azotea de su casa cuando fue detenida.
El caso de María Isabel, una mujer indígena que sueña con ser ingeniera es aún más particular, pues fue acusada de ser "jefa de cartel" después de que le sembraran droga en su coche.
Violaciones a los derechos humanos de mujeres privadas de la libertad
“Durante todo el proceso, desde su detención, la procuración, la administración de justicia y en el momento en que vuelven a casa, han sido discriminadas y juzgadas de manera desproporcional”.
Las mujeres privadas de la libertad suelen ser víctimas de procesos de detención injustificadas, y es que antes durante y después de su paso por el centro penitenciario se enfrentan a diversas dificultades que les impiden acceder a la justicia y procesos justos.
Detenciones arbitrarias e irregulares: al momento de la detención las autoridades no identifican ni explican la razón de la detención, que muchas veces es arbitraria e irregular.
Víctimas de violencia física y tortura: sufren golpes, abusos, malos tratos e incluso son víctimas de tortura.
Falta de pruebas que corroboren el delito: no hay pruebas suficientes para comprobar que estuvieron involucradas en el delito y se les incrimina de manera injusta por asociación y estigmatización de su lugar de origen o por el lugar en el que se encuentran.
Falta de acceso a defensa adecuada: muchas veces son obligadas a declararse culpables ante el juez o a firmar declaraciones sin explicaciones previas por parte de la persona defensora en el caso, esto las obliga a tomar el procedimiento abreviado sin la posibilidad de tener una defensa adecuada.
Fabricación de pruebas falsas: las vinculan injustamente y toman fotografías con supuestas drogas lo que no permite que haya un juicio justo ni una construcción de pruebas adecuadas y son obligadas a declararse culpables.
“Hay un eslabón del propio sistema de justicia que muchas veces no se habla y no se ve: una vez que salen ahí también hay patrones de estigmatización claros porque son mujeres que estuvieron en la cárcel y que son vistas como malas. Por un lado las juzgan por haber transportado droga o porque habían hecho un favor que desconocían, o por el otro lado, como ingenuas, como si no tuvieran agencia, como si no tuvieran una voz y eso afecta el estigma para poder tener un empleo y retomar sus proyectos de vida”.
¿Qué es lo que falta?
Ana María del Valle explica que para evitar que se repita esta criminalización por delito de drogas es necesario hacer cambios en las políticas de seguridad y en las medidas punitivas que llevan a mujeres y personas inocentes a prisión.
Para la especialista, reformar el sistema de justicia implica incluir una perspectiva de derechos y una perspectiva de género al momento de juzgar los casos, así como implementar políticas de inclusión y participación activa de las comunidades vulneradas, para que puedan conocer sus derechos.
“Es muy importante también apuntar a que las políticas que buscan promover la la igualdad de género y que buscan reducir las violencias de las mujeres incluyan a mujeres que están o que han interactuado con el sistema de justicia penal. Si las seguimos excluyendo no puede haber realmente cambios estructurales”.
Además, es necesario Instaurar políticas efectivas de reinserción social que garanticen y restituyan los derechos de las personas que fueron criminalizadas por sistema de justicia penal desde la individualidad y lo comunitario, más allá de lo estructural, dice María Ana del Valle, y es que el mecanismo incluye un programa de restitución de derechos para trazar directrices que acerquen y faciliten a las mujeres sus derechos después de salir de prisión.
“Con las autoridades estamos trazando estas directrices para que se les pueda dar acompañamiento a nivel federal y a nivel local. Lo que queremos hacer es vincularnos con otras mujeres que van saliendo para que nos ayuden a trazar esta ruta, y que una vez más esta ruta parta de sus propias historias, de sus propios obstáculos y de sus propias necesidades”, concluye.
Si quieres apoyar esta iniciativa puedes hacerlo aquí: https://www.gofundme.com/f/liberalas-5-mujeres-que-no-deberian-estar-en-prision
