Dos mujeres fallecieron en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil (CEFERESO) No. 16, en Morelos. Ambas, Erika y Cornelia, ya habían sido sentenciadas y presuntamente se suicidaron.
Desde hace varios meses, distintas organizaciones de la sociedad civil como CEA Justicia han documentado que las condiciones precarias a las que se enfrentan las internas del CEFERESO 16 son alarmantes; no tienen acceso a servicios médicos, reciben alimentos en proceso de descomposición y son violentadas física y psicológicamente por los agentes de seguridad.
Según informa el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS), la cifra de fallecimientos de mujeres incrementa a seis casos en lo que va del año y suma un total de 19 desde el 2022.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) condenó en un boletín de prensa los fallecimientos y reiteró su preocupación por las condiciones de internamiento a las que se enfrentan las reclusas y bajo las que se presentaron estos acontecimientos.
Es por esto que el IFDP hizo un llamado al “cierre humanitario” del penal y señala cuatro puntos que se tienen en deuda con las mujeres privadas de la libertad en el CEFRESO 16:
Revisión de los expedientes de las mujeres e implementación del proceso de libertad anticipada, y cambios de medida cautelar y/o amnistía.
Trámite de traslados a lugares de origen con previa autorización de las internas.
Reconocimiento a familiares de mujeres que se han suicidado o han fallecido en las instalaciones como víctimas, así como entablar medidas de reparación del daño.
Restablecimiento de derechos a corto y mediano plazo para mujeres liberadas.
El IFDP es un órgano federal encargado de garantizar el derecho a la defensa y orientación penal; entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 realizaron 22 brigadas carcelarias, en las que entrevistaron a 320 mujeres privadas de la libertad. Bajo estas entrevistas presentaron 273 peticiones administrativas para mejorar e implementar atención médica eficaz.
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CEFERESO 16
El Centro Federal de Readaptación Social Femenil (CEFERESO) se aperturó y entró en función el 27 de octubre de 2015, en Coatlán del Río, Morelos. Este es el único penal federal para mujeres. Aunque el centro penitenciario está adscrito al sector de Infraestructura Social, y al subsector de Seguridad Pública y Privada y la entidad responsable es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, este penal es un proyecto de índole pública y privada.
Esta característica pone en juego la seguridad de las internas, y es que ciertamente, al estar controlado por el sector privado no se conoce con certeza de qué manera se operan los recursos económicos, y procesos y extensiones de las contrataciones, por lo que la seguridad de las mujeres está siendo violentada constantemente y en muchos sentidos; desde el difícil acceso por motivos de geolocalización, ya que se penal se encuentra aislado y la violación a los derechos humanos, que bajo ninguna consigna han sido garantizados desde su apertura.
La cantidad de habitantas en CEFERESO 16 es muy pequeña; daros de la organización feminista Mexiro A.C. reportaron que alrededor de 1, 049 mujeres viven en el penal federal y únicamente el 53% de los delitos fue por fuero federal, es decir aquellos que aquellos que afectan la seguridad, la salud, la economía y el patrimonio de la nación, como delitos contra la salud, financieros o delincuencia organizada.
En marzo de este mes, la Secretaría de Seguridad presentó el cuaderno de estadística penitenciaria en el que el número de internas ascendía a 1, 175, de las cuales 40% no tiene sentencia.
¿Es posible que el Estado requiera de una prisión de alta seguridad para un número tan reducido de internas? y si es necesario ¿se garantiza la reinserción social de las internas de manera eficiente, respetando los derechos humanos?
La respuesta es no, y es que datos del INEGI revelan que en México sólo el 5.7% de las personas privadas de la libertad son mujeres, de ellas casi el 50% no tenía sentencia en 2022, según la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), por lo que sus derechos están siendo violentados desde el sistema de justicia de México.
En enero de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 276/2023, sobre las violaciones a los derechos humanos, el derecho a la vida, a la igualdad y a la no discriminación para atender este caso, sin embargo, la lucha por los derechos de las mujeres privadas de la libertad continúa.