En México el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto, sufrió algún tipo de maltrato por parte del personal que las atendió, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). Aunque desde 2007 la violencia obstétrica está incluida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) bajo las formas de violencia de género y violencia institucional, todavía no existe un marco legal que reconozca explícitamente esta violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.
Por eso es que la legisladora de Morena, Marybel Villegas Canché, presentó el pasado 29 de enero una iniciativa ante el Senado para reconocer explícitamente, en el marco legal, a la violencia obstétrica como una forma de violencia que sufren las mujeres, definir claramente sus conductas y establecer protocolos para su identificación e investigación.
Foto: Cuartoscuro
La propuesta adiciona el artículo 6 y 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer mecanismos de prevención, identificación y atención adecuada, con el fin de garantizar una experiencia de maternidad segura y respetuosa de los derechos humanos de las mujeres.
Entre las conductas que propone sancionar son:
- El trato deshumanizado, insensible o que tiende a estereotipar o denigrar, por parte del personal de salud
- Realizar prácticas que no cuenten con el conocimiento consciente e informado de las mujeres
- Practicar procedimientos innecesarios como cortes, revisiones u obligarlas a parir en una posición en específico
- Omitir información sobre los procedimientos médicos, causas de alguna enfermedad o tratamientos que sean requeridos por la mujer
- No brindar información sobre métodos anticonceptivos; alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante medicamentos o técnicas de aceleración o inducción del parto
- Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con la madre, negarle la posibilidad de cargarlo o amamantarlo inmediatamente
- Negarse a administrar analgésicos cuando no existe impedimento médico
- Cualquier acto que atente contra la autonomía de las mujeres a ejercer sus derechos reproductivos y sexuales
Otras iniciativas en la materia
En noviembre de 2023 fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma y adición al artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para transformar los modelos de atención de salud reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar conductas que permitan, fomenten y toleren la violencia contra las mujeres.
Esta propuesta fue presentada por Nayeli Arlen Fernández Cruz y María del Carmen Pinete Vargas, diputadas del Partido Verdes Ecologista de México (PVEM), quienes argumentaron que, ante la falta de un marco jurídico que incorpore los derechos humanos de las mujeres, la pertinencia cultural y una perspectiva de género se realizan procedimientos rutinarios como obligar a las mujeres a parir acostadas o inmovilizadas que no precisamente tienen sustento en la evidencia científica y que causan daño físico, humillaciones y prácticas médicas degradantes para la dignidad de las mujeres.
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La diputada del PRI, Yolanda Cepeda Echavarría, también presentó una iniciativa al respecto, la cual proponía castigar al personal de salud que cometa violencia obstétrica con pena de prisión de entre dos y cinco años, además de una sanción económica de hasta 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 31 mil 122 pesos.
En entrevista para Pulso, Camila Riva Palacio Rabadán, investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explicó que el punitivismo y criminalización no acabarían con las malas prácticas, pues está medida tiene como efecto individualizar el problema sobre el personal de salud señalado como responsable, sin responder a las cuestiones estructurales del sistema de salud.
Violencia obstétrica en México
La violencia obstétrica se define como una forma específica de violencia ejercida por profesionales de la salud (predominantemente médicos y personal de enfermería) hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y el puerperio. La ENDIREH señala que de 2016 a 2021, 11.2% de las mujeres que tuvieron un hijo o hija experimentó gritos durante la labor del parto; el 10.3% tardó en recibir atención porque gritaba mucho; mientras que al 9.9% se le ignoró cuando preguntaba cosas sobre su parto o bebé.
Otra de las formas de violencia en la atención obstétrica que señala la ENDIREH es la práctica injustificada de cesáreas: en México, de las 3.7 millones de mujeres a las que se les practicó este procedimiento quirúrgico, el 10.3% no fue informada de la razón, y al 9.7% no le pidieron su autorización para realizarla. San Luis Potosí, Tlaxcala y Ciudad de México son los estados que presentan más casos de este tipo de agresión generada en servicios de salud pública o privada y principalmente mujeres jóvenes quienes deben enfrentar esta situación.
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