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Mientras México se prepara para ser una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizaciones nacionales e internacionales han comenzado a advertir sobre los riesgos específicos que este evento masivo puede representar para niñas, niños y adolescentes.
Aunque se trata del torneo deportivo más grande a nivel global, organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y Human Rigths Watch (HRW) han señalado que la FIFA no cuenta con una política integral de salvaguarda de la niñez, lo que deja vacíos importantes para prevenir situaciones de explotación, violencia y abuso en las ciudades anfitrionas.
En entrevista con La Cadera de Eva, Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de REDIM, explica que los eventos de gran escala generan condiciones que pueden ser aprovechadas por redes criminales.
De acuerdo con Ramírez, el aumento en el flujo de personas y de recursos económicos crea una “coordenada perfecta” para la trata de personas, particularmente cuando no existen mecanismos sólidos de prevención y vigilancia.
“Nos preocupa que sea un momento de mucho flujo de dinero y que quienes suelen buscar a infancias para temas de trata puedan ver en esta ocasión la oportunidad de que, con más dinero, simplemente se logre corromper a la autoridad o llegar al precio que pone el crimen organizado” (Tania Ramírez, REDIM.)
Limpieza social y desplazamiento de infancias
Además de la trata, Ramírez alerta sobre el riesgo de “limpieza social”, una práctica asociada a los procesos de reordenamiento urbano previos a eventos internacionales. Estas acciones suelen traducirse en persecuciones y desplazamientos forzados de niñas, niños y adolescentes que viven o trabajan en la calle, con el objetivo de “mejorar” la imagen de las ciudades sede.
Este tipo de operativos ya ha sido documentado por organizaciones civiles en Guadalajara desde 2024, particularmente en zonas cercanas a espacios turísticos y de interés para el Mundial.
El contexto previo ya es preocupante. De acuerdo con el Balance 2025 de REDIM, de enero a noviembre de 2025, 278 personas entre cero y 17 años fueron identificadas como víctimas de trata de personas, de las cuales 210 eran mujeres y 68 hombres.
Sin embargo, en esta cifra no se contempla el reclutamiento forzado, ya que no se encuentra tipificado y esto provoca que no se conozca la magnitud de la violación a los derechos humanos.
En cuanto a los estados con mayor número de casos se encuentran Quintana Roo, Estado de México y Chihuahua. Mientras que Chiapas, Guerrero y Guanajuato mostraron un incremento porcentual.
Focos territoriales y riesgos extendidos
Si bien las sedes oficiales del Mundial en México son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las organizaciones advierten que el impacto no se limitará a estas ciudades. El tránsito turístico podría extender los riesgos a otras regiones del país.
Un caso que genera especial preocupación es Chiapas, donde organizaciones aliadas a REDIM han detectado que grupos criminales están aprovechando las condiciones de pobreza extrema de la niñez indígena.
Ramírez explica que se ha identificado que el crimen organizado comienza a ofertar a niñas y niños como parte de paquetes turísticos, prácticas que no se limitan a los partidos de fútbol.
“Es una alerta para otros estados porque el incremento del turismo no va a escoger únicamente las sedes de los partidos, sino que estará activo hacia otros destinos” (Tania Ramírez, REDIM)
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) ha señalado que los riesgos asociados al Mundial incluyen explotación sexual, trabajo infantil y desplazamiento familiar. La organización también denunció que la FIFA ha debilitado los compromisos en materia de derechos humanos que anunció en 2018, dejando a la niñez sin protocolos claros de denuncia ni mecanismos centralizados de protección.
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¿Qué se necesita para prevenir estas violencias?
Tanto REDIM como HRW coinciden en que la respuesta del Estado no debe concentrarse únicamente en infraestructura, sino en prevención y fortalecimiento institucional.
Tania Ramírez subraya la necesidad de que las fiscalías y autoridades locales cuenten con personal capacitado para identificar e investigar delitos que puedan incrementarse durante el torneo.
“Se nota mucho lo que se está invirtiendo en infraestructura, en estadios y aeropuertos, pero necesitamos que haya la misma inversión para la prevención con la niñez”, señala, destacando la importancia de difundir y aplicar protocolos como el Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes.
Human Rights Watch ha propuesto medidas específicas, entre ellas:
- Capacitación obligatoria en protección infantil para organizadores y personal vinculado al evento.
- Designación de agentes de protección especializados en cada sede y estadio.
- Diseños de espacios que contemplen medidas contra el trabajo infantil y otras formas de explotación.
Finalmente, Ramírez destaca que, aunque el Estado es el principal garante de los derechos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la corresponsabilidad social.
En ese sentido, llamó a que aficionadas, aficionados y asistentes se mantengan atentos y actúen como vigías para la protección de las infancias durante el Mundial de 2026.
