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A inicios de marzo de 2026, el Comité de Derechos Humanos de la ONU revisará el informe periódico de México en Ginebra. Ante esta evaluación, organizaciones civiles mexicanas presentaron un informe que alerta sobre riesgos para la democracia y los derechos en el país.
En México, desaparecer se ha vuelto una posibilidad cotidiana. Durante el primer semestre de 2025, más de 45 personas fueron reportadas como desaparecidas cada día, de acuerdo con Consultora Solidaria. Esta tragedia ocurre en un contexto de impunidad casi absoluta: según la encuesta ENVIPE 2025, apenas el 0.8 % de los delitos denunciados llegan a una resolución.
Desde ahí parte el Informe Sombra presentado ante la ONU por más de 30 organizaciones de la sociedad civil. El documento no habla de fallas aisladas, sino de un retroceso sistemático en derechos humanos y democracia. Estos son sus puntos más relevantes.
Justicia bajo control político
Uno de los ejes centrales del informe es la reforma judicial. Para organizaciones como la Fundación para la Justicia y ASILegal, no se trata de una modernización del sistema, sino de una amenaza directa a su independencia.
La elección popular de jueces, realizada el 1 de junio de 2025, se desarrolló en un proceso desordenado y sin garantías democráticas: solo el 13% del electorado participó, lo que permitió que el partido en el poder tuviera una influencia determinante en la conformación del Poder Judicial.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, ya había advertido que la remoción masiva de jueces y la erosión de los contrapesos institucionales abren la puerta a la captura política de la justicia.
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Militarización sin precedentes
El informe también documenta una expansión acelerada de las fuerzas armadas en tareas civiles. De acuerdo con datos de Intersecta, entre 2018 y 2024 el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional aumentó más de 100%, mientras que el de la Secretaría de Marina creció 174%. Hoy, los militares administran aduanas, aeropuertos y empresas públicas, con niveles mínimos de rendición de cuentas.
La opacidad no es un efecto colateral, sino una condición estructural. En 2025, el propio secretario de Marina reconoció la participación de elementos navales en esquemas de contrabando de combustible. Aun así, el proceso de militarización no se ha detenido y avanza sin mecanismos civiles de supervisión.
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Vigilancia masiva y asedio a la prensa
Article 19 y México Evalúa advierten sobre la creación de la Plataforma Única de Identidad, un sistema que concentra datos biométricos, fiscales y médicos, y permite que autoridades civiles y militares accedan a información personal sin orden judicial.
Prácticas que antes se realizaban de forma ilegal —como el espionaje con malware— hoy se normalizan a través de cambios legales.
En paralelo, la libertad de expresión se encuentra bajo una presión constante. Durante 2024 se documentaron 639 agresiones contra periodistas. CIMAC señala que 2025 fue el año más violento para las mujeres periodistas, con 333 agresiones, muchas de ellas digitales, utilizadas como mecanismos de desgaste, silenciamiento y exclusión del debate público.
Crisis humanitaria y sistema penal colapsado
El informe es contundente al describir una crisis humanitaria sostenida. Para finales de 2025, México superó las 133 mil personas desaparecidas, mientras el uso de la prisión preventiva oficiosa ha llevado a una población penitenciaria de más de 255 mil personas, con cárceles saturadas y patrones documentados de tortura y uso excesivo de la fuerza durante las detenciones.
Lejos de ofrecer respuestas estructurales, el Estado ha optado por el endurecimiento punitivo y la contención militar, profundizando las violencias que dice combatir.
Un país en riesgo
Las organizaciones que firman el Informe Sombra coinciden en una advertencia: lo que ocurre en México no son retrocesos aislados, sino un proceso de acumulación de poder que reduce la capacidad de la ciudadanía para defenderse del abuso estatal.
Por ello, solicitaron a la ONU que exhorte al Estado mexicano a revertir las reformas que debilitan el juicio de amparo, establecer un plan real para retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y eliminar la prisión preventiva oficiosa. No como un gesto político, sino como una condición mínima para frenar el deterioro democrático.
