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Seguramente antes de salir a tu trabajo, te tomas un par de minutos frente al espejo para peinar tu cabello, poner un poco de rubor en tus mejillas o aplicar brillo labial en tus labios pero, ¿habías pensado en la posibilidad de hacer todo esto en un salón de belleza dentro de tu espacio de trabajo y en horario laboral?
Aunque suena como una situación imposible, la reapertura de un salón de belleza dentro del Senado de la República en estos días desató un intenso debate público sobre la imagen institucional del Poder Legislativo, el principio de austeridad republicana y los límites entre los servicios personales y el uso de recursos públicos.
Esta situación se hizo pública mediante grabaciones que muestran a la senadora Juanita Guerra utilizando servicios de estética. ¿Y por qué hablamos de una reapertura? El salón de belleza operó hasta el año 2018, cuando el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, decidió eliminar el servicio bajo un plan de austeridad.
En ese momento, el servicio era gratuito para las funcionarias y representaba un gasto aproximado de 1.2 millones de pesos anuales, de acuerdo con un reporte del periódico Excélsior, citado por El País.
Aunque algunas funcionarias defienden el espacio como una comodidad logística necesaria que ellas mismas costean, como la Presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, que señaló que “cada una de las senadoras paga el servicio que se hace” y que “todas y todos tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones”, pues muchas senadoras viajan desde diferentes estados del país para acudir a las sesiones, que “empiezan temprano”, colocando al centro la noción de que la “presentación adecuada” que no opera de manera neutral y que históricamente ha recaído con mayor peso sobre las mujeres en la vida pública.
Sin embargo, detrás de la polémica existen diversos tintes políticos. Te contamos.
Entre el debate por las 40 horas
Este debate ocurre, además, en un momento político particularmente sensible para el país. La discusión sobre el salón de belleza se da en paralelo al proceso legislativo de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, cuya aprobación en comisiones y primera lectura del dictamen ante el Pleno del Senado están programadas para el martes 10 de febrero, y cuya discusión general y votación definitiva se prevén para el miércoles 11.
La coincidencia temporal no es menor, y es que mientras se debate el acceso a servicios dentro de la sede legislativa, millones de personas trabajadoras enfrentan jornadas extensas, precarización y falta de tiempo para el descanso y el cuidado.
En ese cruce de agendas se configura un contraste difícil de ignorar. Por un lado, la percepción “normal” por parte de senadoras y senadores de sus privilegios, por el otro, una lucha histórica de la clase trabajadora por condiciones laborales dignas, lo que revela una desconexión estructural entre las dinámicas cotidianas del poder legislativo y las realidades de quienes sostienen el país con su trabajo.
Belleza como mandato de aceptación
Una dimensión que ha sido poco problematizada en el debate mediático: la persistencia de los mandatos de género que recaen sobre las mujeres, particularmente aquellos vinculados a los estándares de belleza, la presentación corporal y la exigencia de una imagen “adecuada” como condición implícita para el ejercicio del poder y la legitimidad pública.
Y es que tanto en redes sociales como en medios de comunicación, una de las lecturas políticas con mayor circulación ha sido que las mujeres ejercen estás actividades dentro de su horario laboral como un mero capricho, sin embargo, nos preguntamos cuál es la extensión de esta aseveración.
Históricamente, las mujeres que acceden a espacios de poder han sido sometidas a un escrutinio permanente sobre su apariencia física, su vestimenta y su “presentación”, un control simbólico que no se aplica con la misma intensidad a los hombres y que opera como un mecanismo de disciplina de género y de deslegitimación de su autoridad pública.
En 2021, la académica estadounidense, Mary Beard, le preguntaba a Hilary Clinton, después de su candidatura a la presidencia en 2026 contra Donald Trump, durante una entrevista para la BBC “¿Cuántas horas de la vida de una candidata se gastan en la imposible tarea de parecer aceptable?”. Clinton respondió que pasaba gran parte de su día arreglando su cabello, su maquillaje y en vestirse como consecuencia del “doble estándar” entre los hombres y las mujeres en la política, porque de lo contrario, sus colegas y ciudadanos no la escucharían.
De acuerdo con el artículo de Mary Killelea, Beyond Beauty Standards: The Strategic Power of Personal Appearance in Professional Life, la exigencia de que las mujeres se “arreglan” para alcanzar el éxito profesional no es solo una cuestión de estética, sino una herramienta estratégica que responde a dinámicas de poder y escrutinio desigual en el ámbito laboral.
Si bien la discusión sobre los privilegios de la clase política y del uso indebido de recursos públicos no anulan la necesidad de un escrutinio legítimo, tampoco pueden utilizarse para invisibilizar las desigualdades de género que atraviesan la vida pública. En medio de la polémica quedó fuera una realidad persistente: las mujeres, incluso en los espacios de mayor poder, siguen enfrentándose a exigencias diferenciadas sobre su imagen y su desempeño.
