Por: 
La próxima semana podría marcar un antes y un después para millones de personas trabajadoras en México. Tras concluir la reunión plenaria de senadores de Morena, el coordinador de la bancada, Ignacio Mier Velazco, anunció que la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales será discutida y votada el miércoles 11 de febrero.
De aprobarse, México daría un paso histórico para acercarse a estándares internacionales en materia de tiempo de trabajo y descanso, y para replantear la forma en que el país organiza —y valora— el tiempo productivo y reproductivo.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, explicó a legisladores que la reforma busca establecer directamente en la Constitución un límite máximo de 40 horas semanales, lo que en la práctica se traduce en cinco días de trabajo y dos de descanso.
El proceso legislativo arrancaría el martes con la aprobación en comisiones y la primera lectura en el Pleno, para cerrar el miércoles con la votación definitiva.
Una reducción gradual, no inmediata
La propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea una implementación escalonada para evitar impactos abruptos en sectores productivos.
Según el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 2026 funcionará como un año de preparación, manteniendo el límite actual de 48 horas.
A partir del 1 de enero de 2027 la jornada se reducirá a 46 horas, y disminuirá dos horas cada año hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.
De acuerdo con Marath Bolaños, este modelo retoma las recomendaciones del Convenio 116 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueve transiciones progresivas hacia jornadas más cortas.
¿Habrá cambios en salarios y horas extra?
El dictamen es claro: la reducción de la jornada no podrá utilizarse como pretexto para bajar salarios, prestaciones ni derechos adquiridos.
Además, se propone endurecer las reglas sobre tiempo extraordinario para frenar abusos:
- Máximo 12 horas extra a la semana.
- Hasta cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días.
- Las primeras 12 horas se pagan al doble.
- El excedente deberá pagarse al triple.
Por primera vez, se establece a nivel constitucional que personas menores de 18 años no pueden laborar horas extra.
El mensaje político es contundente: menos horas ordinarias no deben convertirse en más horas explotadas.
Organismos empresariales como la Concanaco han advertido que el costo adicional por trabajador podría superar los 65 mil pesos anuales, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Las Pymes —que concentran más del 75% de los negocios familiares formales— temen no contar con apoyos fiscales ni subsidios para absorber el impacto de la reducción.
Este debate ha reavivado una discusión de fondo: ¿quién debe asumir el costo de garantizar derechos laborales? ¿Las personas trabajadoras, las empresas o el Estado?
Las mujeres y el riesgo de “más tiempo, misma carga”
Desde una perspectiva de género, legisladoras como Patricia Mercado han insistido en que la reforma no puede caminar sola.
En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no remunerado, frente a 16 horas de los hombres, según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2022.
Sin un Sistema Nacional de Cuidados, advierte Mercado, el tiempo que se libere con una jornada más corta corre el riesgo de convertirse en más trabajo doméstico para las mujeres.
“No queremos las 40 horas para que las mujeres cuiden más”, ha señalado, subrayando la urgencia de escuelas de tiempo completo, estancias infantiles, servicios públicos de cuidados y corresponsabilidad social.
¿A quién beneficiaría la reforma?
De acuerdo con Ignacio Mier, alrededor de 13.4 millones de personas trabajadoras se verían directamente beneficiadas.
Más allá de las cifras, la discusión sobre las 40 horas abre una pregunta de fondo: ¿para qué queremos más tiempo libre? ¿Para descansar, convivir, estudiar, crear, cuidar… o para seguir sosteniendo un sistema desigual?
El miércoles 11 de febrero, el Senado tendrá la palabra. Y con ella, la posibilidad de redefinir la relación entre trabajo, vida y dignidad en México.
