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Gobierno, sociedad civil y organismos internacionales se reunieron en la Ciudad de México este 11 de abril para debatir los avances en la construcción del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados (SNPC). Este diálogo se da en un momento clave, impulsado por el reconocimiento del cuidado como un derecho humano autónomo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La principal conclusión es clara: el cuidado dejó de ser una "labor privada" para convertirse en el pilar del desarrollo y la justicia social.
Durante la inauguración del "Tercer Encuentro Nacional: El Futuro de los Cuidados en México", Pedro Kumamoto, de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), puso sobre la mesa el valor económico de este trabajo invisible el cual equivale al 26.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Este valor, explicó Kumamoto, recae mayoritariamente en las mujeres, quienes aportaron el 71.5% de ese total, frente al 28.5% de los hombres. Esta distribución desigual es la que limita las oportunidades de las mujeres en educación, empleo y desarrollo, profundizando las brechas sociales.
De la conversación a la Política Pública
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Mujeres, ha puesto en marcha instrumentos fundamentales para formalizar este sistema.
Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, celebró que la administración federal está dando pasos concretos en la construcción del SNPC. Destacó dos herramientas clave que ya están funcionando:
El Anexo Transversal de Cuidados (Anexo 31): este es un insumo técnico que busca cuantificar y ubicar todos los recursos que hoy el gobierno de México destina al cuidado. Hernández Moros aseguró que "presupuestar es priorizar", y que este anexo se ha realizado con una metodología muy seria para evitar que los fondos se "inflen". Este instrumento ayuda a delinear una base programática y presupuestal para la política de cuidados.
Sistema de Información de Cuidados (SIDECU): esta plataforma geolocalizada reúne los primeros servicios de cuidado público. La secretaria explicó que el SIDECU es esencial para la planeación, ya que permite ubicar dónde no hay servicios de cuidado para grupos vulnerables, como personas con discapacidad o adultos mayores.
El objetivo estratégico del SIDECU, explicó el gobierno, es facilitar a las familias la ubicación de centros de cuidados y reducir el tiempo que dedican a los trámites relacionados.
Como han señalado voces expertas y de las organizaciones civiles como Yo Cuido México, estos avances técnicos representan un paso importante, pero insuficiente mientras siga pendiente la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados, detenido en el Congreso desde 2020. Sin un marco legal que garantice su implementación y financiamiento, el Anexo Transversal de Cuidados y el SIDECU operan como herramientas aisladas, sin capacidad para transformar de fondo la desigual distribución del trabajo de cuidados.
Para el 2026, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) prevé 466 mil 675 millones de pesos, equivalente al 1.2% del PIB y al 3.97% del gasto programable.
Sin embargo, este presupuesto se encuentra por debajo del estándar recomendado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que ha recomendado que los países destinen entre el 2 y el 3% del PIB a políticas de cuidados para avanzar hacia la igualdad sustantiva.
Un compromiso ético del Estado
La construcción de un sistema de cuidados integral es fundamental para revertir la sobrecarga histórica que enfrentan las mujeres. Mariana Perla Rojas Martínez, del Sistema Nacional DIF, enfatizó que esta tarea va más allá de lo técnico: es una "responsabilidad ética y una obligación del Estado".
El objetivo es construir políticas y servicios que pongan al centro "la dignidad en las personas, la corresponsabilidad" y que reconozcan el cuidado como un derecho humano universal.
La Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Compromiso de Tlatelolco, adoptado en agosto de 2025, obligan a mirar esta realidad no solo como un desafío social, sino como una obligación jurídica de derechos humanos para el Estado mexicano.
En agosto de 2025, el Estado mexicano firmó el Compromiso de Tlatelolco, resultado de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde los países se comprometieron a reducir la carga de trabajo doméstico y de cuidados que recae sobre las mujeres.
De acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo a nivel global, las mujeres realizan el 76,2% de todo el trabajo de cuidados no remunerado, dedicando en promedio 3.2 veces más tiempo a estas tareas que los hombres.
En América Latina y el Caribe, el 27,4% de las mujeres ocupadas se concentra en el sector ampliado de los cuidados (salud, educación y trabajo doméstico remunerado), frente al 6% de los hombres. Específicamente, el trabajo doméstico remunerado está compuesto en un 92% por mujeres, según datos de la CEPAL.
En resumen, el mensaje del encuentro es que financiar los sistemas de cuidados "no es un gasto, es la mejor inversión en justicia social, igualdad de género y desarrollo sostenible", según la perspectiva de ONU Mujeres.
