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El reportaje "Decisiones robadas: así luchan las mujeres con discapacidad en México por sus derechos sexuales y reproductivos", publicado por La Cadera de Eva y realizado por la periodista Sandra Rojas, obtuvo el primer lugar del 4º Premio de Periodismo Contar(nos), un reconocimiento que celebra las miradas innovadoras y sensibles del periodismo mexicano.
El jurado destacó su rigor, sensibilidad y su capacidad de poner en el centro una de las violencias más invisibles: la esterilización forzada de mujeres con discapacidad, una práctica que sigue ocurriendo en México bajo el argumento de “protegerlas” o “cuidarlas”, pero que en realidad priva a miles de mujeres de su autonomía y derecho a decidir sobre sus cuerpos.
“Decisiones robadas” nos obliga a mirar de frente una realidad que México aún no ha querido reconocer: la violencia estructural y médica contra mujeres con discapacidad, amparada en prejuicios sobre su capacidad de decidir, maternar o disfrutar de su sexualidad.
El reportaje nació dentro de la tercera edición de #CambiaLaHistoria, donde Sandra Rojas fue una de las periodistas seleccionadas para desarrollar su investigación. El programa, impulsado por DW Akademie y Alharaca, con apoyo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, promueve el periodismo con enfoque de derechos humanos y diversidad.
Una violencia silenciada: esterilización forzada en México
A través de las historias de Rosa, Eunice, Karen e Hilda, la investigación revela cómo las mujeres con discapacidad han sido sometidas a procedimientos médicos sin su consentimiento —ligaduras de trompas, histerectomías o anticoncepción forzada— como parte de una política social y médica basada en el control de sus cuerpos.
Rosa, diagnosticada con discapacidad psicosocial y motriz, fue internada a los 16 años en un reformatorio donde la esterilizaron sin su consentimiento. Décadas después, al descubrirlo, comprendió que aquella operación fue una forma de encubrir los abusos sexuales y la explotación que vivió en los centros donde estuvo recluida. “Procuro no recordarlo porque duele mucho”, dice.
Eunice, una mujer con discapacidad psicosocial, enfrentó el rechazo de su familia y de médicos cuando decidió continuar su embarazo. En el hospital, la presionaron para abortar, negándole su derecho a decidir. Hoy cría a su hija, también con discapacidad, y defiende su autonomía con una frase contundente: “Es su cuerpo, es su decisión.”
Karen, una mujer con discapacidad motriz, sobrevivió a la violencia obstétrica en un hospital público que intentó esterilizarla sin su consentimiento. “Grité que no me operaran. Les dije: si lo hacen, los voy a demandar”, recuerda. Su historia revela cómo la discriminación institucional y médica se entrelaza con la negación de derechos reproductivos.
Hilda, por su parte, vivió la exclusión desde la atención médica más básica: el personal de salud se negó a explicarle información sobre métodos anticonceptivos o higiene menstrual por tener discapacidad visual. “Solo mis ojos no ven, mi cuerpo sí siente. Todos tenemos derecho a la plenitud de reconocernos”, afirma.
Una práctica que viola derechos humanos
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), cuatro de cada diez mujeres con discapacidad en México han sido sometidas a anticoncepción o esterilización sin su consentimiento. Organizaciones como GIRE y Disability Rights International (DRI) advierten que existe un subregistro grave y denuncian que la práctica continúa encubierta bajo argumentos médicos o familiares.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también ha documentado quejas por esterilización forzada, aunque los casos siguen sin ser investigados ni sancionados. En instituciones como “Casa Esperanza”, en la Ciudad de México, DRI documentó desde 2014 una política sistemática de esterilización sin consentimiento, incluso con complicidad institucional.
A esto se suma la falta de información accesible, la violencia obstétrica y la discriminación institucional que limita su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. En México, 22 millones de mujeres mayores de 15 años viven con discapacidad o limitación, y casi siete de cada 10 han sufrido algún tipo de violencia.
