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El presupuesto federal de México destinado a la igualdad entre mujeres y hombres alcanzará en 2026 los 599 mil 145 millones de pesos, el equivalente al 1.5 % del PIB. Aunque supone un ligero incremento respecto al año anterior, los recursos siguen concentrados en programas asistenciales de beneficio indirecto, según el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Más de la mitad del Anexo Transversal 13, que agrupa el gasto con perspectiva de género, se concentrará en el Ramo 20 de Bienestar, particularmente en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM), que absorberá cerca del 50 % del total. El programa, con 238 mil millones de pesos en 2024, tiene una alineación de apenas 26 % en el Índice Simplificado para la Igualdad Sustantiva (ISAIS), lo que muestra, según el CIEP, “los límites de un gasto que crece sin transformar las condiciones de desigualdad”.
En el otro extremo, el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que registra un 76 % de alineación de género, apenas contará con 334 millones de pesos. La brecha ilustra una paradoja: los programas mejor orientados hacia la igualdad estructural reciben menos del 1 % de los recursos.
En 2026, la Secretaría de las Mujeres contará con un presupuesto 1.2 % menor en términos reales respecto al año anterior. A pesar de su reciente creación y del papel clave que debería desempeñar en la coordinación de la política de igualdad, su participación dentro del Anexo 13 apenas representa el 0.4 % del total de los recursos destinados a la igualdad entre mujeres y hombres, es decir, una fracción mínima dentro de los 599 mil 145 millones de pesos asignados.
“El crecimiento del gasto etiquetado no garantiza avances sustantivos en igualdad si no se acompaña de una política fiscal feminista integral, con indicadores de resultados y mecanismos de rendición de cuentas”, advierte el CIEP en su análisis del Paquete Económico 2026.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) incorpora por primera vez el Anexo Transversal 31 “Consolidación de una Sociedad de Cuidados”, con 466 mil 674.9 millones de pesos, equivalentes al 1.2 % del PIB. El nuevo anexo fue presentado como un paso hacia la creación del Sistema Nacional de Cuidados (SNC).
Sin embargo, el CIEP advierte que el documento no representa recursos nuevos, sino la reagrupación contable de programas ya existentes, sin una estrategia integral ni metas definidas. Más del 80 % de los recursos se concentran en tres programas: la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina, los Servicios de Atención a la Salud del IMSS y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Además este presupuesto se encuentra por debajo del estándar recomendado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que ha recomendado que los países destinen entre el 2 y el 3% del PIB a políticas de cuidados para avanzar hacia la igualdad sustantiva.
“Es una trampa de visibilidad”, señala la economista Alejandra Macías, del CIEP. “El anexo visibiliza el tema, pero no construye una política articulada de cuidados ni destina recursos para infraestructura, servicios o profesionalización de quienes cuidan”.
A la par, los programas que sí se vinculan directamente con la provisión de cuidados (como Servicios de asistencia social integral, con una caída del 96.6 %, o Atención a Personas con Discapacidad, con una baja del 3.4 %) enfrentarán reducciones en términos reales.
Refugios: sin nombre, sin certeza
La transparencia presupuestaria también retrocede. El programa U012, que permitía identificar los recursos para refugios de mujeres víctimas de violencia, desapareció como partida específica. Fue absorbido dentro del rubro “Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y Atención de las Causas”, con 857 millones de pesos asignados, pero sin desglose.
Para la Red Nacional de Refugios, la decisión representa un paso atrás. “Un presupuesto sin nombre es un retroceso. La transparencia presupuestal no es un trámite administrativo: es una obligación del Estado y una garantía de derechos humanos”, advierte su directora, Wendy Figueroa Morales.
Creado en 2008, el Anexo 13 sigue siendo el principal instrumento para identificar los recursos públicos destinados a la igualdad de género. Sin embargo, las especialistas coinciden en que el aumento del gasto no se traduce en cambios sustantivos si no se revisa la estructura del presupuesto.
Para avanzar, el CIEP propone una política fiscal feminista integral que:
- Transversalice la perspectiva de género en todo el ciclo presupuestario, desde la planeación hasta la evaluación.
- Fortalezca los indicadores de impacto y los mecanismos de rendición de cuentas.
- Amplíe los recursos para los programas locales, comunitarios y de cuidados.
- Garantice transparencia y seguimiento en el uso de los fondos.
En palabras del propio informe, el presupuesto 2026 visibiliza los temas de igualdad y cuidados, pero no los financia con la profundidad que requieren.
