La Marea Verde en México está de fiesta. Con 29 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones, el Congreso de Puebla aprobó en lo general la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación.
Este logro no hubiera sido posible sin la lucha de las colectivas feministas y activistas quienes llevan años demandando la despenalización del aborto en la entidad. Desde el 7 de septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo, por lo que todas las entidades del país tienen la obligación de acatar esta esta resolución y modificar sus leyes para despenalizar el aborto.
Con esto, Puebla se suma a las otras entidades que han despenalizado el aborto vía legislativa: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes.
Mientras que Jalisco, Coahuila y Chihuahua ya tienen el fallo de tribunales estatales y federales para retirarlo de sus códigos penales.
El aborto, un tema de salud pública
En ese sentido, Marisol Escudero Martínez, coordinadora de Contenidos y estrategia jurídicas en la organización Ipas Latinoamérica y el Caribe, calificó como "positivo" el avance de la despenalización del aborto en Puebla, sin embargo, consideró que aún se está a la expectativa de que las demás entidades modifiquen sus leyes para que ninguna mujer sea criminalizada por abortar.
"Es la responsabilidad de los estados acatar el criterio de la Suprema Corte y no solo modificar sus marcos jurídicos, si no también crear las condiciones necesarias para que los sistemas de salud den estos servicios de manera segura para quienes accedan a ellos, por eso es que es fundamental que los congresos cumplan con esta voluntad política y avancemos hacia la despenalización en todo el país", dice Escudero Martínez, en entrevista con La Cadera de Eva.
Martínez recordó que el acceso al aborto es un tema de salud pública y un derecho fundamental. Tan solo en Puebla, el personal médico documentó 78 muertes de mujeres por abortos clandestinos entre 2002 y 2022, debido a que no se contaron con las condiciones dignas y se les criminalizó, de acuerdo con la campaña Salvemos Miles de Vidas.
¿Cómo llegó Puebla a la despenalización del aborto?
La primera vez que en Puebla se presentó una iniciativa de ley para despenalizar el aborto fue en 2005. Lo hizo el diputado Rodolfo Huerta Espinosa y su propuesta fue rechazada. La misma suerte corrieron las subsecuentes de las diputadas Irma Ramos Galindo en 2008; Socorro Quezada Tiempo, en 2018; y Rocío García Olmedo en 2019.
La lucha fue dando resultados poco a poco: en 2019 se aprobó una iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta para reducir la pena máxima de cárcel por aborto de 5 a 1 años. En ese entonces se informó que cerca de 11 mujeres podrían ser liberadas como resultado de la reforma planteada por el primer gobernador de Morena en Puebla.
La semana pasada, cuando reinició en Puebla el debate por la despenalización del aborto, Gilberto Higuera, titular de la Fiscalía General del Estado, dijo que no iba a criminalizar a las mujeres por abortar y agregó que las carpetas de investigación que se han abierto por la interrupción del embarazo son de años atrás o de terceros, no contra las personas gestantes. Consultados al respecto, este lunes la fiscalía dijo que “no tenemos casos imputados, no tenemos casos recientes”.
El inicio de la discusión del aborto en el Congreso estaba prevista a las 10:00 am, sin embargo, hubo un retraso de casi dos horas en la sesión legislativa debido a que distintos grupos antiderechos del Frente Nacional por la Familia, quienes están en contra del aborto, mantuvieron un bloqueo a la entrada del recinto, negando el acceso a las y los diputados.
Este bloqueo provocó enfrentamiento entre las feministas que esperaban a las afueras del Congreso e integrantes del Frente Nacional por la Familia.
¿Qué dice la nueva legislación en Puebla para acceder al aborto?
La reforma aprobada en lo general este día modifica los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla y establece prisión de seis meses a un año a toda mujer o persona gestante que voluntariamente obtenga un aborto o consienta que otra persona lo obtenga después de las 12 semanas de embarazo.
También se aprobó que a quien después de la semana 12 de gestación cause un aborto a una mujer o persona gestante, con su consentimiento, será sancionado con prisión de uno a tres años; ahora en el Código Penal se considera aborto forzado la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación, sin el consentimiento de la mujer o persona gestante, y será sancionado con entre cuatro y ocho años de prisión.
Ahora el aborto no será punible cuando sea causado sólo por imprudencia de la mujer o de la persona embarazada; cuando el embarazo sea resultado de violación o inseminación artificial sin consentimiento; cuando, si el aborto no es provocado, la mujer o persona gestante esté en peligro de muerte, y cuando un especialista encuentre motivos para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan derivar en daño físico o mental al producto, siempre que así se determine mediante dictamen médico y se tenga consentimiento de la mujer o persona gestante.
En la sesión encabezada por el diputado petista José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez, presidente de la Mesa Directiva, la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una moción para que el dictamen se reenviara a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. El recurso fue desechado por mayoría.
Era legal y gratuito, sólo con amparo
Hasta antes de la despenalización, en Puebla el aborto comenzó a ser legal y gratuito cuando en marzo de 2023 la justicia federal concedió un amparo contra la regulación del delito de aborto al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS) y el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (ODESYR).
El fallo del juez consideró inconstitucional la prohibición del aborto consentido, así como la sanción al personal que brinde apoyo a la mujer o persona con capacidad para gestar, “siempre que medie consentimiento”. La decisión del juez estableció que aunque lo señale el Código Penal del Estado de Puebla, a ninguna mujer o persona gestante que reciba asesoría, asistencia o defensa de GIRE, ODESYR y CAFIS se le podría negar el servicio médico ni podrá ser criminalizada.
En Puebla los diputados habían ignorado la resolución de la SCJN y el gobierno del estado cumplió a medias la obligación de dar servicio médico a quienes decidan abortar. Sólo habilitó siete unidades médicas para dar ese servicio:
Hospital de la Mujer
Clínica Hospital del ISSSTE en Tehuacán
Clínica Hospital del ISSSTE en Teziutlán
Clínica Hospital del ISSSTE en Huauchinango
IMSS La Margarita, en la ciudad de Puebla
IMSS Cuautlancingo
Hospital de Especialidades del ISSSTEP
Siete clínicas, en cinco de los 217 municipios de Puebla. Este incumplimiento con las resoluciones judiciales es una de las causas de que decenas de poblanas decidan viajar a la Ciudad de México para practicarse un aborto de forma segura y sin consecuencias penales. De acuerdo con cifras del INEGI desde 2007, año en que se despenalizó la interrupción del embarazo en la capital del país, mil 692 poblanas han viajado a esa ciudad para abortar.
Información consultada en el INEGI indica que en 2021 Puebla fue el octavo estado con mayor incidencia de abortos en México con 275 casos; 34 de las personas que optaron por la interrupción del embarazo eran menores de 19 años y 70 por ciento no tenían ingresos laborales.
Respaldo de los gobernadores
El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo esta mañana que “todos tenemos una convicción en el terreno de lo personal; sin embargo, cuando se trata de asuntos de Estado lo personal no debe incidir. Si estoy a favor o en contra, tengo mi propia convicción, pero como jefe del Ejecutivo conozco la frontera entre lo personal y lo público, y en este momento la discusión está en la soberanía del Congreso no del Ejecutivo (…) es muy importante permitir que la soberanía del Congreso tome las mejores decisiones”.
Alejandro Armenta Mier, gobernador electo de Puebla, dijo en rueda de prensa que “hay que dejar de ser hipócritas. Mueren más personas al año por diabetes, la primera causa de muerte son las cardiopatías, por todo lo que implica la alimentación y nuestra vida sedentaria (…) qué empresario, qué cámara y qué grupo que se opone a la despenalización se pronuncia a favor de los niños. ¿Por qué entramos al debate? Voy a representar al estado sin dogmas y sin prejuicios”.
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