Por: 
En Afganistán, el aire se vuelve cada vez más pesado para las mujeres; bajo el nuevo Código Penal del régimen talibán, específicamente en su Artículo 32, la ley establece un marco que no solo minimiza la gravedad de la violencia doméstica, sino que la autoriza implícitamente como una herramienta de supuesta corrección.
El nuevo código, denominado oficialmente como Principios Penales de los Tribunales Talibanes o Reglamento de Procedimiento Penal, fue firmado por el líder supremo del Talibán, el emir Hibatullah Akhundzada, el pasado 7 de enero de 2026.
La normativa entró en vigor de manera inmediata tras ser firmada el mismo 7 de enero de 2026. Aunque ya era ley vigente, su existencia no se hizo pública de inmediato por parte de las autoridades, pues la ley fue aprobada de manera unilateral y gracias a un proceso que se realizó en secreto.
La población afgana conoció la existencia y el contenido de este código, compuesto por 119 artículos, semanas después, cuando la organización de derechos humanos Rawadari publicó el texto original en pastún en su sitio web el 21 de enero de 2026.
Hoy, ser una mujer afgana implica habitar un cuerpo que la ley intenta convertir en propiedad. Y es que las nuevas normas han levantado muros aparentemente invisibles: las mujeres no pueden estudiar, no pueden trabajar y su independencia económica y su participación en la vida cotidiana dependen de un acompañante hombre.
¿Qué implica para las mujeres?
La situación en Afganistán ha dado un giro drástico hacia la institucionalización de un sistema de control absoluto y la erosión de los derechos humanos básicos bajo el régimen talibán. Y es que lo que está ocurriendo es la transformación de la represión en política de Estado a través de un nuevo marco legal que formaliza la violencia y la desigualdad, y así es cómo funciona:
Para que la violencia de un hombre hacia su esposa sea considerada un crimen, debe existir lo que la norma denomina “fuerza obscena” o “violencia excesiva”. Esto quiere decir que, bajo el nuevo código, solo las agresiones que resulten en fracturas como huesos rotos, heridas abiertas o moretones visibles en el cuerpo de la mujer serán consideradas como violencia.
El código, además, autoriza la violencia física contra las mujeres para “corregir” su comportamiento bajo criterios de obediencia ya que al establecer que solo las lesiones visibles o fracturas son punibles, se deduce, preocupantemente, que cualquier otro tipo de agresión física que no deje esas marcas específicas queda fuera del castigo penal, otorgando a los hombres el poder de castigar a sus esposas.
Sin embargo, las consecuencias del abuso físico en contra de las mujeres tampoco son visibles pues incluso en los casos más graves donde la mujer sufra fracturas o heridas profundas, la sanción para el esposo es de apenas 15 días de prisión. A esto se suma que la ley exige que sea la propia mujer quien pruebe su reclamo ante un juez. Esto representa un obstáculo mayor, dado que su autonomía está restringida y el sistema judicial está controlado por jueces religiosos que priorizan la obediencia femenina.
Además, a esto se suman diversos artículos que legitiman la violencia en contra de las mujeres como el artículo 34, que castiga con tres meses de prisión a las mujeres que visiten a su familia de origen sin permiso de su esposo; y el artículo 58, que pauta cadena perpetua y 10 latigazos cada tres días para las mujeres acusadas de apostasía, el abandono del Islam.
TE PODRÍA INTERESAR
Educación en Afganistán: más de 2.2 millones de niñas sin clases
Apartheid de género
La justicia se ha vuelto una balanza desequilibrada, un “apartheid de género”, como han denunciado instituciones como y la Humans Rights Watch (HRW) en Gender Apartheid Should Be an International Crime, donde la dignidad humana se fragmenta.
De acuerdo con la organización, el apartheid de género no es simplemente discriminación, la cual ocurre en muchos grados y países, como en el caso de la ocupación y genocidio palestino, sino que se trata de actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo sobre otro, particularmente contra las mujeres.
En el caso de Afganistán, los abusos sistemáticos del régimen talibán contra las mujeres y niñas han puesto de relieve un vacío crucial en las protecciones internacionales que ponen al centro de la conversación la necesidad de distinguir el apartheid de género en un nuevo tratado permitiría a la comunidad internacional señalar que la construcción de sistemas de discriminación y violencia extrema no será tolerada.
Recordemos que el régimen retomó el control en agosto de 2021 y, desde entonces, las mujeres han enfrentado prohibiciones sistémicas que impiden el libre ejercicio de una vida sin violencia.
¿Qué piensas al respecto? Te leemos.
