En un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer la sentencia del caso “Beatriz” este viernes 20 de diciembre, después de más de una década de injusticias por parte del Estado de El Salvador.
Con cinco votos a favor y uno en contra, el fallo la CIDH resumió que el Estado es responsable por violación a los derecho a vivir una vida libre de violencia, a la integridad personal, a la vida privada y a la salud según los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El caso Beatriz es un caso emblemático de violación a los derechos humanos en El Salvador en contra de una joven a la que en 2013, se le negó el derecho a interrumpir su embarazo a pesar de haber presentado complicaciones durante su embarazo. Su historia se ha convertido en un símbolo de lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en Latinoamérica.
¿Qué resolvió la CIDH en el caso Beatriz?
Por unanimidad, la Corte resolvió que la sentencia es en sí una medida de reparación, por lo que el Estado deberá brindar tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a la madre de Beatriz, al esposo de la madre, al compañero de vida de Beatriz y su hijo.
Además tendrá adoptar medidas normativas y talleres de capacitación y sensibilización a personal médico de secciones de atención a la maternidad. A partir de la sentencia, la Corte dio un año al Estado para presentar un informe al Tribunal sobre los avances y las medidas adoptadas sobre la sentencia y deberá emitir en sus canales de difusión un resumen en donde asume la responsabilidad por el ejercicio de violación a los derechos humanos
En este fallo señaló también que es responsable de los daños ocasionados a familiares de Beatriz y de la violación al derecho de integridad personal, por lo que las víctimas recibirán compensaciones monetarias a fin de reparar los daños materiales e inmateriales.
Este es un hecho histórico en Latinoamérica que marca un precedente para los derechos de las mujeres, el derecho a la vida y a la integridad personal.
El debate sobre el derecho al aborto en El Salvador es clave en la región latinoamericana, El Salvador es uno de los Estados con mayores restricciones.
En una conferencia de prensa después de la emisión de la sentencia de la CIDH, la Colectiva Feminista por el Desarrollo Local, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Ipas Latinoamérica y el Caribe, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) quienes acompañaron de cerca el caso expresaron satisfacción con la sentencia de la corte y celebraron este logro histórico.
La familia de Beatriz expresó que la lucha continúa e hizo un llamado de atención al Estado salvadoreño por justicia ante la detención equivoca del hermano de Beatriz. “Para mi es un gran triunfo, yo sé que no ha sido fácil pero el Estado tiene el deber y el derecho de responder a las medidas que la corte le ha impuesto”, respondió la madre de Beatriz.
Fernanda Díaz, representante del Ipas Latinoamérica y el Caribe, señaló que las medidas normativas implican generar un marco de certeza para las mujeres que esté acorde con los estándares internacionales emitidos por instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Toda mujer embarazada en El Salvador debe saber que no debe estar sometida a violencia obstétrica y que si por determinadas circunstancias su embarazo pone en riesgo su salud o su vida el Estado debe asegurar que los médicos le puedan brindar el tratamiento adecuado en un marco de seguridad jurídica. Eso lo hemos ganado con la sentencia de Beatriz”. ( Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.)
En 2023 la Corte Interamericana ya había emitido una sentencia en la que condenó al Estado de El Salvador por violar los derechos humanos de Beatriz y pidió se legisles excepciones para proteger la vida de las personas gestantes.
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¿Qué pasó con “Beatriz”?
El caso “Beatriz” avivó el debate sobre el derecho al aborto en Latinoamérica, especialmente el El Salvador, uno de los países con más restricciones y medidas punitivas en la región, el aborto está penalizado en todas sus formas incluso si la vida de la madre está en peligro.
En 2013, la joven salvadoreña de 22 años “Beatriz”, a quien la Corte Suprema de Justicia de El Salvador le negó interrumpir el embarazo a pesar de que ella sufría de lupus, una enfermedad que afecta el sistema inmunitario. Además, el feto presentaba anencefalia, una condición que impide el óptimo desarrollo del cráneo y del cerebro.
En la semana 26 del embarazo, Beatriz fue sometida a una cirugía de cesárea por complicaciones en la gestación.
Beatriz falleció cuatro años después durante un accidente de tránsito, pero desde que le negaron la posibilidad de practicarse un aborto terapeutico, es decir, la interrupción del embarazo por cuestiones médicas, su vida se vio afectada por la negligencia y la violación de sus derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad.
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