En 2021, Martin Rosado Chávez, político oaxaqueño y padre de Sabina, acumuló cuatro años de pensión alimenticia, pues se negaba a cumplir sus responsabilidades económicas. Por lo que Diana Luz Vázquez Ruíz, expareja del priísta y madre de la menor, comenzó a luchar por el reconocimiento de los derechos de su hija y de los miles de niñas y niños que son abandonados afectiva y económicamente por sus progenitores.
Así fue como el 12 julio de 2021, Diana Luz, acompañada de distintos colectivos feministas, instalaron el primer tendedero de deudores alimentarios y acosadores en la capital de Oaxaca en la explanada del Templo de Santo Domingo. A los pocos meses, la activista planteó crear la Ley Sabina, la cual obliga a los deudores alimentarios a que cumplan con la obligación. Diana recorrió entidades como Michoacán y el Estado de México para impulsar esta iniciativa.
El 25 de noviembre del mismo año, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la activista y distintas organizaciones civiles entregaron una propuesta de 40 reformas legislativas, entre ellas la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
Desde entonces, madres de todo el país han luchado para que la Ley Sabina sea una realidad en cada estado. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia.
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¿En qué consiste la Ley Sabina?
En marzo de 2023, el Congreso del país aprobó la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios como parte de la iniciativa de la Ley Sabina, el cual documentará los nombres y apellidos de hombres que se niegan a pagar la pensión alimenticia a sus hijos. Para ello se reformó el artículo 103 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar los derechos de las y los menores de edad.
Este registro evitará que los deudores puedan salir del país, tramitar documentos oficiales como licencias de manejo, comprar inmuebles y ocupar cargos populares en el país.
Tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 8 de mayo de 2023, el Sistema Nacional DIF, tenía un plazo de 300 días hábiles para la implementación y operación de este registro, los cuales se cumplían el pasado 2 de marzo de 2024, de acuerdo con la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD). Sin embargo, aún está pendiente su operación.
De acuerdo con la reforma, el registro de un deudor moroso se llevará a cabo luego de que así lo solicite un juez o la autoridad responsable del fuero local.
¿Qué más contempla la Ley Sabina?
De igual manera, la iniciativa imposibilita a los deudores a ocupar cargos públicos populares, así como candidaturas. De acuerdo con Diana Luz, los alcances de esta ley también contemplan que los deudores deberán entrar a buró de crédito, no podrán acceder al trámite de un pasaporte y se activará una alerta en el registro civil cuando quieran casarse de nuevo.
En el caso de Sabina, el deudor alimentario prefirió desconocer a su propia hija. Posteriormente, se hizo una prueba de ácido desoxirribonucleico (ADN) y salió positiva. A pesar de eso, no quiso asumir su paternidad. Por lo que la ley también propone que, en caso de solicitar pruebas genéticas, ellos deberán pagarlas.
El paquete de reformas también establece que se sancione a hombres que abandonen a sus parejas embarazadas. Que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informe cuando los deudores usen prestanombres, se nieguen a pagar pensión y que investiguen sus ingresos y cuentas cuando ellos aleguen que no tienen trabajo.
Asimismo, busca detener la impunidad de deudores alimentarios y que las autoridades en migración impidan que salgan del país. Y los agresores perderán la patria potestad de los menores en caso de ejercer violencia vicaria.
Estados en donde la Ley Sabina ya es una realidad:
Desde la aprobación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios en 2023 en todo el país, cada estado ha ido reformando sus códigos civiles y penales para reconocer las distintas propuestas que contempla la Ley Sabina.
El 21 de mayo pasado, el Congreso de la Ciudad de México aprobó las reformas de 51 artículos del Código Civil, las cuales incluyen una pena de dos a seis de prisión si, además de ser deudores, ejercieron violencia vicaria hacia las madres de sus hijos. Actualmente, la Ciudad de México ya cuenta con su Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
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El 8 de marzo de este año, el Congreso del Estado de Baja California aprobó la ley para exhibir a los agresores en el padrón nacional, la reforma al Código Penal y otorgará apoyos económicos para niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres por la violencia feminicida.
El 16 de noviembre de 2023, diputados del Congreso de Puebla aprobaron modificaciones de leyes en el Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de los Derechos de los Niños. Con esto, los deudores no podrán ser electos ni ocupar cargos públicos en dicha entidad y serán documentados en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
En el estado de Oaxaca, esta iniciativa ha tenido avances significativos como la creación de un laboratorio genético gratuito para avanzar con aquellos casos de denuncias, de acuerdo con información de medios locales. En 2022, el congreso del estado presentó modificaciones al Código Civil pero aún no se cuenta con un registro de hombres deudores.
En Hidalgo, Morelos, Estado de México, Michoacán, Chiapas y Guanajuato, las reformas siguen en discusión en sus respectivos congresos.