Hace casi cuatro años, en junio de 2020, las periodistas colombianas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño publicaron en la revista feminista Volcánicas el reportaje “Ocho denuncias por acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra”, esta investigación recogía los testimonios de ocho mujeres que denunciaban haber sido víctimas de distintas formas de violencia de género por parte del director de cine Ciro Guerra, reconocido por su película El Abrazo de la Serpiente (2015) —nominada a los premios Óscar en la categoría de Mejor Película en Idioma Extranjero — y Waiting For The Barbarians (2019), estrenada en el Festival de Cine de Venecia y protagonizada por Johnny Depp.
La respuesta del cineasta colombiano fue intentar silenciar la investigación a través de acciones judiciales directamente en contra de las periodistas. El caso llegó hasta la Corte Constitucional en Colombia, la cual reconoció que el reportaje cumplía con los estándares de diligencia profesional periodística, y que las acciones en contra de Ruiz Navarro y Londoño constituían acoso litigioso o acoso judicial.
El acoso litigioso, conocido también como SLAPP, por sus siglas en inglés (Strategic Litigation Against Public Participation) es una práctica abusiva del derecho que busca limitar y censurar expresiones o información de interés público. De acuerdo a la UNESCO, el objetivo de los SLAPP no es ganar un caso judicial sino “abrumar al acusado a través de procedimientos legales prolongados, costos excesivos incluso con riesgo de quiebra, y carga psicológica”. Uno de los elementos más representativos de esta técnica de censura es la disparidad de recursos y poder entre el demandante y las personas demandadas.
No es un fenómeno nuevo, y aunque el término fue acuñado ya desde la década de los noventas, en los últimos años ha tomado fuerza por las nuevas legislaciones que buscar hacer frente a los discursos en línea y las fake news.
En su informe “El uso del sistema judicial para atacar la libertad de expresión. Tendencias, desafíos y respuestas” la UNESCO destaca que el resurgimiento o endurecimiento en la última década de leyes que penalizan la difamación son un factor de riesgo para la libertad de expresión, particularmente aquellas con un lenguaje demasiado vago o con castigos desproporcionados.
El término SLAPP se refiere generalmente a una estrategia de demandas presentadas por un sujeto poderoso, ya sea una corporación, un funcionario de alto nivel o una persona “famosa” contra individuos u organizaciones no gubernamentales respecto a su trabajo en hacer pública información de interés público, que les es perjudicial.
Hace unas semanas, la Sociedad Interamericana de Pensa (SIP-IAPA) emitió un comunicado lamentando el acoso judicial contra medios y periodistas en la región, particularmente en el caso de Ruiz Navarro y Londoño, en Volcánicas.
Caso Volcánicas, un mensaje para todas
En 29 de los 33 países de América Latina y el Caribe, la legislación relativa a delitos de difamación sigue siendo utilizada contra periodistas y activistas; utilizándose con frecuencia para disuadir a los periodistas de avanzar en las investigaciones, exigiendo la prohibición de su publicación o la eliminación de ésta, y coarta a otros medios de cubrir los mismos temas.
Las denuncias enlazadas a violencia de género y violencia sexual se han convertido en un blanco claro para los SLAPPs por la alta incidencia de impunidad que aún existe en estos temas en nuestra región.
En el caso de Ciro Guerra contra Volcánicas, el cineasta intentó por distintos mecanismos judiciales y extrajudiciales solicitar rectificaciones e indemnizaciones imposibles de satisfacer, entre ellas pretensiones económicas millonarias, la eliminación del reportaje y que las periodistas estuviesen impedidas de referirse a él en el futuro. Algunos meses después de la primera entrega, la revista publicó una segunda versión del reportaje, en la que amplía el número de testimonios presentados y ofrece información sobre el acoso litigioso de Guerra contra las periodistas, el cual, a pesar de la resolución del Tribunal Constitucional colombiano, continúa hasta el día de hoy.
El periodismo feminista es necesario para poner al centro los datos y las historias que durante años han sido ignoradas y silenciadas, los mecanismos para censurar el periodismo que denuncia los abusos de hombres poderosos deben ser tomados con seriedad y las defensas atendidas en colectivo. Desde La Cadera de Eva nos solidarizamos con las colegas de Volcánicas y con todas las periodistas que ponen el cuerpo frente a quienes buscan silenciarlas.