Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena monolingüe nahua de la Sierra Zongolica de Veracruz, fue agredida sexualmente por elementos del 63 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano el 26 de febrero de 2007, cuando tenía 73 años de edad, en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”, una política de seguridad desplegada durante el sexenio de Felipe Calderón.
Este jueves 30 de enero, a casi 18 años del caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llevó a cabo una audiencia en Costa Rica en la que se juzgó la participación del Estado en la violación de los derechos humanos de la señora Ernestina Ascencio y su familia.
Con esta audiencia, su familia busca que finalmente se condene al Estado mexicano por su responsabilidad en la muerte de Ernestina y que haya justicia y reparación del daño para su familia y comunidad.
Martha Inés Ascencio, hija de Ernestina, declaró frente a la Corte IDH las asimetrías sistemáticas y la violencia ejercida por el Estado, especialmente tras la llegada del Ejército a la región y el calvario emprendido después de la muerte de su madre en la búsqueda de justicia.
Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos
Carmen Herrera, representante de la familia Ascencio, sostuvo que este es un trato con diferentes aristas: la violencia física y sexual, la discriminación por género, el racismo, la discriminación racial feminicida, la discriminación de la lengua, la falta de acceso a la información para personas que no hablan español, la falta de atención médica adecuada, y el ocultamiento de la información para encubrir a los responsables.
Ernestina Ascencio, una muerte en nahuatl
Ernestina Ascencio fue encontrada con signos de agresiones físicas y sexuales a metros de las instalaciones militares del Ejército por su hija, Martha Ascencio. 10 horas más tarde, por la poca accesibilidad a infraestructura de salud en la comunidad, ingresó al Hospital Regional de Río Blanco, lugar donde falleció sin recibir tratamiento adecuado e incomunicada con los médicos.
“Los soldados se me echaron encima, mi hija. Me duele la cadera”, manifestó Ernestina a su hija, señalando que fue víctima de agresiones sexuales. Peritos adscritos a la entonces Procuraduría de Justica del Estado de Veracruz determinaron que presentaba lesiones relacionadas a una violación sexual.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la Justicia de Veracruz, declararon en ese entonces que Ernestina Ascencio había fallecido por “gastritis crónica” la madrugada del 26 de enero, respaldados por la declaración del entonces presidente, Felipe Calderón, quien aseguró que la muerte no estaba relacionada con la participación del Ejército, por lo que la investigación fue cerrada en abril del mismo año.
La defensoría representante señaló ante la Comisión de la IDH que el Gobierno de Veracruz encabezó un operativo a cargo de René Huerta, quien engañó a la familia para asistir a una misa en la Basílica de Guadalupe, ubicada en la capital del país.
Sin la posibilidad de negarse y bajo tratos humillantes, la familia permaneció en el entonces Distrito Federal entre los 12 y 15 días que se tenía como límite para apelar la decisión de archivo en el estado de Veracruz.
Elvia Duque, activista por los derechos de las mujeres afrolatinas, señaló que el caso de doña Ernestina permite resaltar las diferentes interseccionalidades que sufrió junto con su familia y que la Corte IDH debía acudir a la Convención Interamericana Contra el Racismo, Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).
“La identidad de género, etnia, raza, ubicación geográfica, edad, entre otros, no afectó a la víctima de forma separada, al contrario, se entrecruzan generando desigualdades diversas”.
Por su parte, el equipo de representación de la Comisión determinó que Ernestina fue víctima de tortura y agresión sexual, y refrendó la participación sistemática de la violación de los derechos humanos.
Sin reparación, no hay justicia
Durante la audiencia en la Corte IDH, representantes de la familia Ascencio puntualizaron la importancia de promover medidas de reparación y no repetición, que sean “concretas, medibles y directas”, bajo una perspectiva interseccional.
La defensoría emitió las posibles medidas de reparación:
El Estado fracasó en dar seguimiento a la investigación: el caso sigue abierto en la Fiscalía General de Veracruz, explicó el representante del Estado, sin embargo, no se sabe en qué estado se encuentra la investigación, por lo que se hace un llamado a la realización de una investigación seria e integral sobre los hechos del caso, adoptando estándares internacionales y de materia forense, así como esclarecer la participación de agentes militares.
Promover atención médica y psicosocial a víctimas: aunque la defensa del Estado señaló que la en México la aceptación de la Fuerza Armada es positiva, Patricia Torres, representante de la familia, señaló que la presencia de militares en la zona provocó daños psicosomáticos en la comunidad nahua, especialmente después del fallecimiento de doña Ernestina, dato documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un informe de 2021.
Restaurar el tejido comunitario: a través del establecimiento de un centro de salud en la comunidad de Tetlatzinga, Veracruz, que cuente con financiación sostenida y personal especializado; medidas de atención para las mujeres indígenas, medidas para garantizar el acceso a la salud y a la justicia a mujeres indígenas a través de un intérprete y garantizar la libre determinación de los pueblos indígenas.
