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En México, más de 11 mujeres son asesinadas al día. Tan solo entre enero y mayo de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 369 presuntos delitos de feminicidios y mil 387 homicidios dolosos de mujeres.
Mientras tanto, los refugios que representan la última red de protección para miles de víctimas operan sin recursos suficientes, con personal sin pagos completos y en total incertidumbre presupuestal. Así lo denunció la Red Nacional de Refugios (RNR) en su informe semestral 2025, que documenta un alarmante aumento de la violencia contra mujeres, niñas y niños, y exige respuestas efectivas y con enfoque de derechos humanos.
Durante el primer semestre del año, la RNR brindó atención integral y gratuita a 7 mil 399 personas sobrevivientes de violencia, en su mayoría mujeres jóvenes y sus hijas e hijos. El 76% de ellas reportó violencia familiar; en el 87% de los casos, sus hijas e hijos también fueron víctimas del mismo agresor; y el 2% sobrevivió a un intento de feminicidio.
Omisión institucional ante una emergencia nacional
Pese a este panorama, el gobierno federal no ha publicado la segunda convocatoria del Programa de Refugios, lo que ha dejado fuera a múltiples espacios de protección y debilitado la capacidad de atención ante la violencia feminicida.
“La vida de las mujeres no puede seguir esperando por falta de presupuesto, voluntad política ni sensibilidad institucional”, advirtió la RNR.
El abandono también se traduce en omisión judicial. Solo el 6% de las mujeres acudió previamente a una fiscalía y el 7% a instancias como SEMUJERES. En cambio, el 50% llegó por iniciativa propia y el 20% fue acompañada por redes cercanas. “Muchas mujeres no encuentran el peligro en las calles, sino en sus propios hogares. Y cuando buscan ayuda, las instituciones les fallan”, advierte el informe.
Violencia con poder y armas
El informe revela un patrón sostenido de impunidad e institucionalidad fallida. El 66.6% de los agresores eran parejas o exparejas; el 29% tenía vínculos militares o políticos; el 40.5% portaba armas de fuego y el 38% contaba con antecedentes penales. La violencia es sistemática, no excepcional.
Una de las mujeres atendidas, Clariza, de 23 años, relató:
“Te anuncian que es tiempo de mujeres, ¿pero de qué mujeres? ¿Para qué mujeres el acceso a la justicia es real? (...) Hoy me felicito por haberlo hecho, hoy estoy con vida, me creen y mi hija duerme sin miedo.”
Niñas y niños: víctimas invisibles
El 44.8% de las hijas e hijos de mujeres en situación de violencia no pudo ingresar con ellas a los refugios por violencia vicaria y omisiones del Estado, lo que los dejó en convivencia con sus agresores. Esta exclusión perpetúa el ciclo de violencia.
Además, la atención en los Centros Externos de Refugios aumentó 502% y la atención a niñas y niños 169% respecto al primer semestre de 2024. Enero fue el mes con más casos registrados. La mayoría de las mujeres atendidas tenía entre 21 y 35 años, lo que refleja que las juventudes están buscando redes seguras fuera de las instituciones.
Exigen presupuesto y voluntad política
A pesar de su labor esencial para prevenir feminicidios, el personal de los refugios continúa sin pagos completos, sin condiciones dignas ni certeza financiera.
“Los refugios no son muros: son alas. Son territorios de dignidad, resistencia y vida. Acceder a un refugio no es un favor: es un derecho humano que el Estado debe garantizar”, declaró Wendy Figueroa, directora de la RNR.
Ante esta crisis, la Red exige:
- Presupuesto suficiente y sin retrasos para refugios y centros de atención externa.
- Pago inmediato y completo al personal que sostiene estos espacios.
- Publicación inmediata de la segunda convocatoria federal, sin exclusiones.
- Cumplimiento de las 90 recomendaciones del Comité CEDAW sobre refugios, violencia institucional y acceso a la justicia.
- Compromiso legislativo para garantizar recursos estructurales con perspectiva de género.
- Participación vinculante en la revisión del nuevo manual de atención en refugios.
