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Colectivos de familias de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos exigieron al Senado máxima transparencia y participación ciudadana en el proceso para designar a la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de la salida “express” de Alejandro Gertz Manero el 27 de noviembre.
BUSCAME Buscando Desaparecidos México, Artículo 19, Fundación para la Justicia, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad coincidieron en que México vive un momento crítico que podría repetir o corregir los retrocesos en transparencia, autonomía y derechos de las víctimas.
Las organizaciones alertaron que el manejo acelerado de la separación de Gertz, sumado a la designación inmediata de Ernestina Godoy Ramos como encargada de despacho, confirma que “la Fiscalía sigue sujeta al control político” y mantiene una deuda histórica con las familias de personas desaparecidas.
¿Por qué la salida de Gertz Manero abre más preguntas que respuestas?
La gestión de Gertz Manero —señalan los colectivos— estuvo marcada por retrocesos en transparencia, participación ciudadana y derechos de las víctimas. Entre los puntos más graves destacan:
* La derogación de la Ley Orgánica de la FGR, que había sido construida con sociedad civil, y su reemplazo por una legislación “a modo” que eliminó mecanismos de rendición de cuentas.
* Escándalos de posible tráfico de influencias, como el caso de su cuñada y sobrina ante la Suprema Corte.
* La actuación de la Fiscalía en el caso del general Salvador Cienfuegos.
* El caso del rancho Izaguirre y otras investigaciones cuestionadas.
* Ausencia total de comparecencias públicas a pesar de solicitudes formales de organizaciones especializadas.
Para colectivos como Seguridad sin Guerra, estos episodios muestran un patrón persistente: una FGR autoritaria, opaca y subordinada a intereses políticos.
Ante esto, los colectivos presentaron cuatro demandas puntuales para evitar que la FGR repita los errores de la administración saliente:
- Proceso de selección transparente y participativo, con entrevistas públicas, estándares internacionales y verdadera participación ciudadana.
- Planes de reestructuración centrados en víctimas, que ataquen la corrupción, la impunidad y fortalezcan las capacidades institucionales.
- Convocatorias públicas para cargos clave, como fiscalías de derechos humanos, desaparición, delincuencia organizada y delitos electorales.
- Evaluación independiente de la gestión de Gertz Manero, con un informe público y participación de víctimas y organizaciones expertas.
- Para las organizaciones, estos pasos son indispensables para asegurar una fiscalía autónoma y útil para la ciudadanía.
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Crisis de desaparición agrava urgencias
El relevo en la FGR ocurre en un contexto de creciente violencia y desapariciones. El Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, elaborado por Red Lupa, señala que los casos aumentaron 12% respecto a 2024, que ya había sido el año con más registros históricos.
El incremento se dio en 31 estados, mientras la desaparición de mujeres aumentó en las 32 entidades. El grupo más afectado continúa siendo el de adolescentes de 15 a 19 años. Cinco estados —Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León— concentran más del 44% de los casos acumulados.
Colectivos recuerdan que más de 130 mil familias siguen buscando a una persona desaparecida y que la FGR es clave para revertir la crisis. “La justicia en México no puede seguir dependiendo del poder político”, advirtieron.
¿Qué sigue?
La salida de Gertz Manero abre un momento decisivo. Y la pregunta central, planteada por las organizaciones, es tan simple como urgente:
¿Permitirá el Senado que la FGR siga siendo un instrumento de poder o dará un giro histórico hacia la transparencia, la participación ciudadana y el acceso real a la justicia?
Las organizaciones lo resumen así: “La justicia en México hoy existe para quien tiene poder e influencias. Para las víctimas, para las familias que buscan, para quienes denuncian violencia o corrupción, sigue pendiente.”
De acuerdo con la Ley Orgánica de la FGR, el procedimiento para designar a la persona titular incluye:
- Envío de una terna por parte del Ejecutivo federal al Senado.
- Revisión, análisis y valoración de los perfiles por parte de las comisiones.
- Comparecencias públicas para que la ciudadanía conozca sus trayectorias, posturas y planes de trabajo.
- Votación en el pleno del Senado, donde se requiere mayoría calificada.
Diversos colectivos han advertido que este proceso, tal como está diseñado, puede consolidar un nombramiento político si no se realizan ajustes o controles adicionales. Por ello han insistido en abrir espacios de participación ciudadana, establecer requisitos más estrictos de idoneidad y evitar perfiles con vínculos partidistas o antecedentes de violaciones a derechos humanos.
En palabras de las organizaciones: “El país no necesita otro fiscal fuerte. Necesita una Fiscalía fuerte.”
