La visita al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, este 20 de marzo, se anunció como un paso hacia la verdad y la justicia para las familias de personas desaparecidas. Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario: un espectáculo desorganizado, vacío y carente de respuestas.
Las madres buscadoras, que viajaron desde diversos estados del país respondiendo al llamado del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, denunciaron que la visita se redujo a un "tour", un "museo del dolor", donde incluso se incluyó a influencers, pero no hubo rastros ni pruebas de lo que habían encontrado las autoridades y los colectivos de víctimas días atrás.
La periodista Marcela Turati documentó el caos: el acceso al rancho se hizo sin control, con personas pisando lo que podría ser evidencia pericial, una pared a punto de derrumbarse y, en medio del desorden, no hubo ninguna guía ni respuesta para las familiares que acudieron con la esperanza de encontrar alguna huella de sus desaparecidos. "Nos trajeron a ver un circo y esto es una burla para nuestro dolor", reclamó Patricia Sotelo, madre buscadora del colectivo Huellas de Amor, quien busca a su hija Fanny Areli Quezada Sotelo desde 2021.
Lo ocurrido en Teuchitlán no es un caso aislado. Es la más reciente manifestación de una pedagogía del terror y la crueldad que el Estado ha normalizado. Un sistema que, en lugar de garantizar justicia, convierte el dolor de las víctimas en un espectáculo mediático. Las madres, que han convertido su lucha en una búsqueda incansable, no solo enfrentan la ausencia de sus seres queridos, sino también la indiferencia y burla de las autoridades.
Las desapariciones forzadas en México no son un problema de partidos políticos, aunque algunos intenten reducirlo a una disputa partidista. Lo que está en juego es un sistema que, durante décadas, ha permitido que este crimen se perpetúe en la impunidad. Más allá de los colores políticos, lo que prevalece es una estructura institucional que ha fallado sistemáticamente a las familias de las víctimas.
Estas familias, sobre todo las mujeres, que deberían recibir el apoyo del Estado, se ven obligadas a asumir roles que no les corresponden: ser peritos, forenses y rastreadores en un país con más de 124 mil desaparecidos.
Esta semana, en La Cadera de Eva, presentamos una investigación que revela una realidad desgarradora: los colectivos de personas buscadoras enfrentan una violencia sistémica que obstaculiza su trabajo y pone en riesgo sus vidas. Según datos obtenidos a través de la Secretaría de Gobernación, desde 2006 hasta diciembre de 2024, se han registrado agresiones contra colectivos en 24 estados del país. Michoacán, Guanajuato y Veracruz encabezan la lista de entidades con más casos. Las agresiones incluyen amenazas, seguimiento y vigilancia, agresiones físicas, privación de la vida de familiares o colaboradores y allanamientos en domicilios.
Hasta 2024, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha brindado protección a 330 personas buscadoras. Este dato, en un país con más de 124 mil desaparecidos, es una muestra clara de que la protección es insuficiente frente a un sistema que no solo les falla, sino que los expone a mayores riesgos y en muchos casos, les arrebata la vida.
Lo ocurrido en Teuchitlán nos muestra que las víctimas no son solo las personas desaparecidas, sino también sus familias, quienes deben sobrevivir a una maquinaria estatal que les niega justicia y les impone una carga adicional de dolor.
Este espectáculo de desprecio y crueldad es una pedagogía del terror, donde el Estado enseña, una y otra vez, que las vidas de las víctimas y sus familias no importan.Las víctimas y sus familias exigen un trato digno, ser escuchadas y recibir la justicia que se les ha negado. Este es un tema que debe trascender los intereses partidistas y convertirse en una prioridad nacional real, más allá de los discursos vacíos.
El dolor de las víctimas no es negociable, y su búsqueda no debe convertirse en un obstáculo para los intereses políticos de turno. Las víctimas merecen que su dolor sea atendido con la seriedad, el respeto y la humanidad que les corresponde.
