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El 1 de septiembre de 2025 marcó un nuevo capítulo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por segunda vez en su historia, es presidida por una persona indígena y sus nueve integrantes fueron votados tras la elección judicial del pasado 1 de junio.
Esta nueva composición del máximo tribunal de justicia de México encabezado por Hugo Aguilar Ortiz, abogado indígena nacido en Oaxaca, simboliza un cambio en la dirección del sistema judicial en México, el cual renovó en su totalidad 881 cargos:
- Nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- Dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
- 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF.
- Cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.
- 464 magistraturas de Circuito.
- 386 juezas y jueces de Distrito.
Durante la instalación de la nueva Corte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz aseguró que “se reinicia el sistema judicial mexicano” y prometió “una Corte que escuche a los pueblos indígenas, a los afromexicanos, a los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad”.
“Trabajaremos por una justicia que no discrimine, que no se retrase, que no se venda, una justicia que devuelva la paz a las familias y confianza a la nación (…) en esta nueva etapa nadie quedará fuera, nadie será olvidado, nadie se quedará sin justicia” (Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente SCJN)
Sin embargo, lo que para algunos simboliza un avance histórico hacia una justicia más cercana a los pueblos y sectores históricamente excluidos, para organizaciones como EQUIS Justicia para las Mujeres no alcanza a garantizar ni paridad sustantiva ni verdadera diversidad. El nuevo Poder Judicial llega con más mujeres en puestos de alta responsabilidad, pero persisten vacíos: la ausencia de personas indígenas, afromexicanas, trans y con discapacidad en los máximos cargos, así como denuncias de perfiles con antecedentes de violencia de género que lograron acceder a la toga.
¿Diversidad e inclusión en el nuevo Poder Judicial?
Aunque horas antes de la sesión solemne de instalación de la nueva SCJN las y los nueve ministros recibieron los bastones de mando y servicio de pueblos indígenas y la comunidad afromexicana en el Zócalo, el informe “[SIN] Diversidad en la toga. Propuestas para una justicia paritaria y plural”, elaborado por EQUIS Justicia para las Mujeres, destaca que del total de las candidaturas de poblaciones diversas (56), solo seis resultaron electas, ninguna fue una persona indígena o afromexicana.
Además, solo tres de cada 100 personas candidatas pertenecieron a poblaciones diversas. Tampoco se identificó una sola persona candidata trans ni en la elección federal ni en las elecciones estatales.
¿Qué pasa con la justicia para las mujeres?
El documento también destaca que, aunque la elección judicial mejoró la representación de mujeres en altos cargos, el nuevo Poder Judicial de la Federación pasó de dos a cuatro mujeres por cada 10 personas magistradas, y de cuatro a cinco mujeres por cada 10 personas juzgadoras. Sin embargo, persisten prácticas que vulneran el principio de paridad, como:
- Cargos reservados entregados a hombres.
- Exclusión de candidatas con más votos.
- Reglas que impiden una integración paritaria plena.
Tampoco se aplicó una metodología rigurosa para asegurar que los perfiles fueran idóneos para garantizar justicia con perspectiva de género. De hecho, 26 denuncias por violencia de género fueron desechadas, lo que implica que hay personas juzgadoras que accedieron al cargo pese a señalamientos por este tipo de violencia.
Según EQUIS Justicia, esto demuestra que el mecanismo del INE para evitar que perfiles con antecedentes de violencia de género accedieran a cargos judiciales —conocido como “8 de 8”— no fue efectivo, ya que no logró verificar ni investigar adecuadamente los perfiles denunciados.
¿Cuáles son los riesgos?
EQUIS Justicia para las Mujeres alerta sobre un riesgo de parálisis judicial, ya que la reforma judicial no contempló un periodo de transición para que las nuevas personas juzgadoras iniciaran sus labores el 1 de septiembre. Esto depende de la asignación de adscripciones por parte de un órgano administrativo aún no constituido. Tampoco se previó qué pasará con los cargos vacantes por renuncias no cubiertas en la elección
De cara a 2027, la organización plantea un desafío claro: corregir el diseño de los procesos electorales judiciales. Para ello, considera indispensables:
- Medidas afirmativas.
- Reglas de paridad sustantiva.
- Mecanismos transparentes que garanticen perfiles idóneos, diversos e independientes.
“La justicia florece cuando se nutre de la diversidad. Un Poder Judicial sin independencia, sin diversidad y con perfiles cuestionados no garantiza justicia para las mujeres ni para la sociedad” (Fátima Gamboa, directora de EQUIS Justicia para las Mujeres)
