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En México, la justicia para las mujeres indígenas rara vez es expedita, y cuando llega, lo hace de manera tardía y desigual. Este es el caso de Rita Villalobos, una mujer rarámuri que pasó casi una década en prisión antes de que el Estado reconociera las violaciones a su debido proceso.
Este 16 de octubre, Rita Villalobos recuperó su libertad después de haber pasado nueve años y seis meses en prisión preventiva.
“El caso de Rita Yadira representa un precedente relevante para el acceso a la justicia de las mujeres indígenas en situación de vulnerabilidad al visibilizar la importancia de visibilizar la perspectiva de género e interseccionalidad en los procesos judiciales”, se lee en un comunicado publicado por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
La justicia tardía
La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a Rita Villalobos, quien ahora podrá continuar la reposición de su proceso penal fuera de prisión. El máximo tribunal ordenó que el procedimiento se reponga hasta la etapa de investigación complementaria.
La decisión dejó sin efectos la sentencia de 20 años de prisión que le había sido dictada en 2017. Un año antes fue acusada y procesada por el delito de tentativa de homicidio en agravio de tres de sus hijos, cuando fueron hallados inconscientes tras inhalar gas de estufa (GLP) dentro de su casa.
La decisión de la Corte se basó en el análisis de las violaciones a los derechos humanos de Rita Villalobos, incluyendo el derecho a una defensa adecuada, el derecho a recurrir y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y perspectiva de género.
La defensa de Rita, a cargo del IFDP, ahora dispone de un plazo de tres meses para presentar datos de prueba, es decir, en diciembre de este año.
Personas indígenas sin justicia
Las personas indígenas son un grupo poblacional en situación de vulnerabilidad debido a factores como la pobreza, la marginación, la escasa educación y el aislamiento geográfico. Estas condiciones se acentúa cuando se encuantran privados de su libertad en centros penitenciarios, donde frecuentemente enfrentan discriminación y la negación de sus derechos.
De acuerdo con información del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación a través de COmisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), hasta 2015 la población indígena interna en los centros penitenciarios del país era de más de 8 mil personas, de ellas, el 52% de las personas indígenas privadas de la libertad se encuentra bajo prisión preventiva.
En estados como Chiapas, el 60.1% de las personas indígenas privadas de libertad se encuentra en prisión preventiva, y en Oaxaca, el 55.5% está bajo esta medida cautelar.
El caso de Rita Villalobos no es aislado, es una señal de las profundas desigualdades estructurales que enfrentan las personas indígenas, particularmente las mujeres, en el acceso a la justicia, donde el racismo, la discriminación étnica y de género se entrecruzan para perpetuar la impunidad, la exclusión y la injusticia.
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¿Quién es Rita Villalobos?
En este contexto, el caso de Rita Villalobos marca un precedente relevante para el acceso a la justicia de mujeres indígenas en situación de vulnerabilidad, pues se visibilizan las fallas estructurales del sistema judicial cuando ignora la interseccionalidad de género, pobreza e identidad indígena.
Y es que al momento de ser juzgada, la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua no tomó en cuenta las graves condiciones de vulnerabilidad que Rita Villalobos atravesaba, como ser mujer con baja escolaridad y recursos económicos limitados, ser víctima de violencia física, psicológica y sexual por parte de su expareja y tener antecedentes de suicidio.
El caso evidenció que los mecanismos de justicia penal fallaron, una dura pero frecuente realidad a la que se enfrentan las mujeres en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social.
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