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Entre el 12 de marzo y el 11 de junio de 2026, Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura, murieron bajo la custodia del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
Sus nombres irrumpieron en la Sala Miguel Covarrubias el pasado 26 de agosto, cuando un grupo de estudiantes denunció su muerte durante el diálogo magistral de la activista feminista antipunitivista y anticarcelaria, Angela Davis, que junto a la acádemica Gina Dent, presentó su último libro colaborativo, Abolición, feminismo ¡ahora!.
La protesta generó debate pero, sobre todo, regresó los nombres de estas seis mujeres que, en un lapso de tan solo 90 días, perdieron la vida mientras estaban bajo custodia del Estado.
De acuerdo con las autoridades del penal, las mujeres habrían muerto por causas naturales o por suicidio, sin embargo, el 15 de julio, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que se encuentra integrando seis expedientes de investigación, relacionadas con las seis muertes ocurridas dentro del penal.
“A partir de seis quejas por presuntas violaciones a derechos humanos —cuatro presentadas por personas peticionarias y dos iniciadas de oficio—, la Segunda Visitaduría General de la CDHCM se encuentra integrando seis expedientes, cuya investigación se desarrolla de manera exhaustiva conforme a los plazos y procedimientos previstos en la normatividad aplicable”, señaló la CNDH en un comunicado.
Las y los activistas han denunciado que las muertes no son cifras arbitrarias, sino que se trata de un caso de violencia sistémica, violaciones a los derechos humanos, negligencia médica, corrupción y el abandono institucional por parte de las autoridades.
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90 días, seis muertes
Familiares, colectivos y activistas han denunciado la falta de transparencia y opacidad en la información que les proveen. En junio, el Observatorio de Derechos Humanos, Memoria y Libertad, junto a los colectivos, Anti positivismo y La línea del frente señalaron que “En algunos casos, familiares y personas cercanas cuestionan las versiones oficiales sobre las causas de sus muertes y exigen se realicen investigaciones para esclarecer los hechos”.
Y es que, como enfatizó el Observatorio, “(...) como casi siempre pasa, no hay datos exactos sobre la situación que vive la población privada de su libertad. Solo se tienen denuncias anónimas por distintas redes sociales”.
La versión oficial sostiene que Rosa y Diana Laura se quitaron la vida, mientras que Vanessa, Viridiana, María Elena y Mónica Valeria fallecieron por complicaciones de salud. Sin embargo, estas causas no están probadas con total certeza.
Especialmente, en el caso de Diana Laura, sus familiares denunciaron que ella había sido víctima de extorsiones, hostigamiento y agresiones dentro del penal. Estos reportes son comunes entre los casos: constantes abusos de autoridad, cobros obligatorios para cualquier actividad y un cuerpo de custodias que se encuentra completamente sobrepasado y sin contención.
Diversas publicaciones han señalado, que existe la sospecha de que el presunto asesinato de algunas de las mujeres podría estar vinculado con deudas al interior del penal, pues se tienen indicios de que existe un mercado interno de sustancias operado por las mismas autoridades que presiona a las internas a volverse consumidoras, las extorsiona como consecuencia de las deudas por su consumo y perpetúan la maquinaria de violencia.
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Ser mujer en prisión: violencia de género e institucional
Los fallecimientos de Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura no son casos aislados; en Marlene “La Chola” y Jocelyn, fueron encontradas colgadas dentro del reclusorio. Sus muertes aún no son esclarecidas.
Y es que, a diferencia de las cárceles de hombres, las mujeres en prisión enfrentan un abandono desproporcionado por parte de sus redes de apoyo y reciben muy pocas visitas, a pesar de que, como señala el informe Mujeres privadas de la libertad y maternidad en México, la mayoría de las mujeres en prisión se encuentra en 94 centros varoniles que disponen de áreas femeniles, pues en México solo existen 22 centro penitenciarios exclusivos para mujeres.
Para comprender la magnitud del problema, es necesario recalcar que de las 232 mil 684 personas privadas de la libertad en el país, 13 mil 252 son mujeres, lo que equivale al 5.7% del total, y entre 2000 y 2023, el crecimiento del número de mujeres en prisión ha sido de casi 100 %, se pasó de 6 mil 813 mujeres privadas de la libertad en 2000 a 13 mil 252 en febrero de 2024.
El sistema suele ignorar que, la mayoría de ellas, provienen de contextos de pobreza, con educación básica, y trabajaban en la economía informal con ingresos muy bajos antes de ser detenidas. Aunado a esto, el 47% de las mujeres en prisión se encuentran bajo proceso y a la espera de una sentencia, abandonadas por la institución y viviendo en condiciones de violencia.
En este contexto, nombrar a Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura es nombrar a quienes han sido víctimas del sistema punitivo y de la justicia en México.
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