Los pueblos indígenas enfrentan múltiples amenazas debido a los proyectos extractivistas que amenazan sus regiones como la minería y la agroindustria, que impactan negativamente sus territorios. Por ejemplo, el 11% de las más de 28 millones de hectáreas reconocidas oficialmente como territorio indígena, está concesionado para actividades mineras.

Así lo reveló la organización Fondo Defensores en su primer “Informe sobre la situación de la defensa de los territorios indígenas en México” con el objetivo de visibilizar la situación actual de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en defensa de su territorio.

Este documento destaca, por ejemplo, que las mujeres han sido fundamentales en la resistencia contra proyectos extractivos. Como el caso de las totonacas, que detuvieron un proyecto hidroeléctrico y la organización de mujeres en Capulalpam, quienes impidieron el acceso de camiones mineros, acciones que han motivado a las comunidades a tomar decisiones más firmes contra la minería.

El informe contiene un diagnóstico de la situación actual de las personas defensoras en los territorios de la Sierra Tarahumara, en la Sierra Norte de Puebla, en la región Purépecha, Sierra Norte y Chontal de Oaxaca y la Península de Yucatán.

Aunque el contexto de nuestro país es adverso para las personas defensoras de los territorios indígenas, en el informé se rescata los avances por parte del Estado en el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas

Uno de los avances más reciente es la incorporación del Acuerdo de Escazú que entró entró en vigor en México en abril del 2021 y la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, el cual no tiene carácter vinculatorio, es decir, que nuestro país no está obligado a implementarla.

Estos avances son un logro sin duda alguna, sin embargo, en el mismo documento resaltan lo “casi imposible” que ha sido ejercer esos derechos por las diversas violencias que prevalecen en la cotidianidad de los pueblos y comunidades. 

“En la península estamos llenos de derechos, cuerpos legales que reconocen los derechos de los pueblos, pero no se pueden cumplir. La ineficacia intencional del Estado mexicano de no hacer cumplir sus propias leyes obedece a intereses empresariales”, reflexiona en la presentación José Ángel Koyoc historiador e indígena maya. 

Pese a todos los conflictos, la resistencia de las personas defensoras del territorio indígena invitan a caminar bajo su sabiduría “son múltiples y diversas las formas en que se resiste y se reinventan las prácticas comunitarias para continuar cultivando y cosechando sus territorios”. 

Este informe no es solo visibilizar la situación de las personas defensoras, sino también es para compartir “que a pesar de llevar la contra, los pueblos y comunidades indígenas buscan y encuentran a su manera caminos que los lleven a construir su derecho a la libre determinación”. 

Las mujeres defensoras del territorio avanzan en el liderazgo y en la lucha

Las mujeres defensoras del territorio en México han resistido no solo al extractivismo colonial sino también a desigualdades y a violencias de género que predominan en todo el territorio mexicano, por eso es relevante que hoy cada vez más mujeres estén ocupando puestos de liderazgos en sus comunidades

“Las mujeres están teniendo ahora una participación más política comunitaria, más participación en la política regional y más espacio de toma de decisiones”, puntualiza Erika Carbajal, promotora y defensora de los derechos de los pueblos indígenas.

Aunque es verdad que las mujeres han ganado liderazgos comunitarios en sus regiones es necesario entender que ha sido una lucha de años y que no todas las batallas están ganadas porque ellas tienen que salir a defender la vida comunitaria, pero también tienen trabajo de cuidados y trabajos del hogar que no están siendo distribuidos equitativamente. 

“Hay más presencia de las mujeres, pero ha implicado luchas. Luchas personales, creernos que tenemos capacidad. Luchas familiares, dejar la casa. Luchas en la comunidad, romper costumbres que van en detrimento de las mujeres”, precisa Carbajal.

Carbajal resalta que hay un desafío por atender respecto a las tareas asignadas y a las condiciones de trabajo de las mujeres defensoras

Es necesario reconocer que las mujeres defensoras de la tierra y el territorio enfrentan de manera diferenciada opresión y violencia. Erika Carbajal reconoce la tarea pendiente que se tiene en materia de género, es decir, diferenciar cómo viven las violencias las mujeres defensoras.  

“No es lo mismo una forma de criminalización hacia las mujeres como hacia los hombres o no es una misma forma de detención, de asesinatos, de desapariciones de las mujeres de con relación a los compañeros entonces creo que sí es diferenciada, pero creo que ahí también está como la tarea de poder sistematizar”, concluye Erika Carbajal. 

Disputa del territorio indígena

En medio de toda la violencia estructural que enfrentan los pueblos indígenas se encuentra la disputa por sus territorios, en el informe resalta los conflictos socioambientales en los territorios indígenas de nuestro país.

Es decir, los denominados megaproyectos o actividades extractivistas se disputan la tierra, subsuelo, agua, madera, viento etc. En este sentido, muestran que el número de megaproyectos registrados en todo el país va variando dependiendo de la fuente. 

Por ejemplo, Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) registra 761 megaproyectos mientras que el proyecto Conversando con Goliat: Participación, movilización y represión en torno a conflictos neoextractivistas y ambientales, contabiliza 304.

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Defender la tierra y el territorio va más 

Más allá de las cifras, debemos poner en el centro las vivencias de cada una de las personas que se encuentran defendiendo la tierra y la vida, en contextos cada vez más violentos y complejos.  

En el informe se recopilan testimonios de personas defensoras del territorio y la tierra que relatan los procesos que han tenido y comparten las distintas formas en que resisten desde sus diversos contextos que van desde la Sierra Tarahumara hasta la Península de Yucatán.

En esos procesos de lucha y resistencia “reinventan las prácticas comunitarias para continuar cultivando y cosechando sus territorios”. 

Una persona defensora desde Sierra Tarahumara cuenta el motivo por el cual defiende el territorio:

“Lo defiendo porque si no lo defiendo, no pueden estar mis hijos aquí, van a  estar sufriendo. Yo lo defiendo para que vivan a gusto ya cuando lo ganemos, pues. Pero no crea que vamos a ganar, nomás, vamos a andar, luchando, defendiendo. No hay que dejarnos. Porque aquí nos dejaron nuestros padres nuestro territorio. Vivo feliz. Lo que tenemos es pa’ caminar. Tenemos para sembrar”, se lee en el documento.

La defensa del territorio y la tierra no es defender un terreno, es defender toda la vida comunitaria; las relaciones familiares y comunitarias; la soberanía alimentaria, las fiestas patronales, los rituales y todas esas formas de vida que aportan a la identidad.