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El homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, expuso una de las crisis más graves y silenciadas que enfrenta México: el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado.
El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, confirmó este 6 de noviembre que el presunto perpetrador fue un joven sicario de 17 años, quien murió el mismo día del ataque. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el adolescente habría estado vinculado presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que mantiene una disputa territorial con Los Caballeros Templarios en la región de Uruapan.
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Al dar esta información, la Fiscalía de Michoacán generó indignación entre organizaciones civiles al divulgar públicamente el rostro, nombre y antecedentes personales del joven.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) condenó la exposición mediática de la identidad del adolescente, señalando que viola la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y los principios internacionales de justicia juvenil.
“Difundir su identidad constituye un acto de revictimización y vulnera su derecho a reconstruir un proyecto de vida fuera de la criminalidad”, advirtió la REDIM, que instó a las autoridades y a los medios a retirar cualquier contenido que revele su identidad.
Adolescentes, atrapados por la violencia estructural
El uso de adolescentes como sicarios refleja la profundidad de la violencia estructural que atraviesa al país. De acuerdo con REDIM, los y las adolescentes que cometen delitos son, ante todo, víctimas de contextos de pobreza, exclusión y violencia que los empujan a incorporarse a economías ilícitas como una forma de supervivencia.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha advertido que México enfrenta un “uso sistemático de menores de edad por parte del crimen organizado”, situación que viola la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
Organizaciones como Tejiendo Redes Infancia señalan que los grupos criminales aprovechan la vulnerabilidad emocional, la necesidad de pertenencia y la búsqueda de seguridad de los jóvenes para reclutarlos. Las condiciones de mayor riesgo incluyen abandono escolar, violencia intrafamiliar, pobreza extrema y falta de oportunidades laborales o educativas.
Se estima que hasta 250 mil niñas, niños y adolescentes en México podrían estar en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos armados ilegales. Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas y Chihuahua son los estados con mayor incidencia.
Panorama nacional: una deuda del Estado mexicano
Aunque organizaciones internacionales y de la sociedad civil han documentado el fenómeno desde hace más de una década, el Estado mexicano no cuenta con cifras oficiales ni con una tipificación penal clara del reclutamiento forzado de menores.
El Diagnóstico Nacional sobre el Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de Grupos Delictivos, elaborado por la Secretaría de Gobernación y la UNICEF en 2023, reconoció que el fenómeno es “invisibilizado y normalizado”. Según ese estudio, los menores reclutados realizan tareas que van desde la vigilancia, el cobro de extorsiones y el transporte de drogas, hasta la ejecución de homicidios.
Además, el 60% de los adolescentes en conflicto con la ley provienen de entornos de violencia estructural o familiar, y más del 70% abandonaron la escuela antes de ser reclutados.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha expresado preocupación por la impunidad del reclutamiento infantil en México y la falta de políticas públicas de prevención y reintegración. En su informe más reciente, señaló que “la respuesta punitiva y la militarización no resuelven el problema; lo profundizan”.
Tanto REDIM como Tejiendo Redes Infancia han hecho un llamado urgente al Estado mexicano para atender esta crisis con un enfoque de derechos humanos. Entre sus principales demandas destacan:
- Tipificación del reclutamiento forzado de menores: urgen al Congreso de la Unión a reconocerlo como delito autónomo y a establecer mecanismos de atención y reparación para las víctimas.
- Atención integral y programas de desvinculación: piden la creación de programas de rescate, reintegración educativa, inserción laboral y acompañamiento psicológico especializado.
- Justicia restaurativa, no punitiva: rechazan las propuestas que buscan reducir la edad penal o aumentar las sanciones a menores en conflicto con la ley, pues esto contraviene los estándares internacionales.
- Prevención comunitaria: exigen invertir en políticas de desarrollo local, seguridad humana, salud mental y oportunidades educativas que reduzcan los factores de riesgo.
Mientras la Fiscalía de Michoacán continúa las investigaciones del homicidio del alcalde Carlos Manzo —donde se presume la participación de al menos otras dos personas—, la sociedad civil insiste en que este caso no puede reducirse a un asunto criminal, sino entenderse como un síntoma del abandono institucional que deja a miles de jóvenes a merced de la violencia, como señala REDIM.
