Desde 2022, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) acumula más de 283 denuncias de género y violencia contra las mujeres presentadas en la Defensoría de los Derechos Universitarios, de acuerdo con estudiantes y profesoras. Las  académicas denuncian que las autoridades son competentes y la rectoría de la institución no atiende estos casos y encubre a agresores.

“Desde hace dos años tengo un caso de denuncia de violencia contra otro profesor, investigador de tiempo completo, del cual a pesar de que ya tiene denuncia penal en la Fiscalía General de la Ciudad de México, esta persona sigue en aulas”, contó Roxana Rodríguez Bravo, doctora en Historia y ex docente de la UACM plantel San Lorenzo Tezonco, en entrevista con La Cadera de Eva.

Rodríguez Bravo estima que al menos 10 profesores, trabajadores y varios estudiantes han sido señalados por acoso sexual, violencia de género y vicaria, de acuerdo con el seguimiento que a dado a las denuncias. A pesar de contar con una defensoría especializada, los agresores siguen en la universidad sin tener consecuencias.

“La rectora Tania (Rodríguez Mora) dice que la rectoría no tiene por qué entrometerse en estos casos. Para el 2020, cuando ella entra como rectora a la universidad y salda el protocolo de atención a la violencia y al acoso y hostigamiento; se crea la Defensoría de los Derechos Universitarios”, explicó la docente.

Por lo que la rectora Tania Rodríguez Mora alega que esa defensoría es la que debe de seguir los casos, a través del Consejo de Justicia: “Un Consejo de Justicia que se formó el año pasado y que no funciona para nada, y que en este caso, la rectoría no tendría más que apartar las resoluciones de la Defensoría y el Consejo de Justicia”.

Violencia institucional y revictimización en la UACM

Desde que Roxana Rodríguez fue agredida por un profesor en marzo de 2022, presentó su denuncia ante esta defensoría el 22 de marzo de 2022. Sin embargo, el proceso no fue seguro para ella ya que fue revictimizada y fue víctima de violencia institucional ya que la universidad protege a agresores.

“Yo fui a denunciar, todo el proceso fue muy revictimizante, siempre le han dado todos los privilegios y todos los favores al agresor. El agresor durante el procedimiento ha presentado testigos, testigos a su favor, ellos tienen todos los privilegios y todas las de ganar”, dijo Roxana.

Cuando hizo la denuncia, aún trabajaba en el plantel y aunque la defensoría pidió medidas de protección para Roxana, no se las dieron. Nunca suspendieron a su agresor, a pesar de que también existen pruebas de que asistía a fiestas sexuales con alumnos y alumnas. 

“Nunca me dieron las medidas de protección, y eso fue después de la pandemia, me obligaron a asistir. Yo les dije que yo podía continuar en línea por esta situación, y me dijeron que no, que yo tenía que continuar a riesgo de encontrarme al agresor, que también me amenazaba por redes sociales”, denunció.

La docente contó que otros compañeros que también han denunciado, son víctimas violencia institucional, pues cuando han levantado la voz y expuesto sus casos a medios de comunicación, la universidad pide derecho de réplica. 

Documentos proporcionados por Roxana y consultados por La Cadera de Eva dan cuenta de su denuncia, la cual fue presentada en Toluca ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía Central para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

A pesar de que las denuncias han sido avaladas por testigos y documentos de la universidad, la rectora les dice que no tienen elementos necesarios para demostrar la existencia de todas estas violencias.

“La rectora Tania Rodríguez dice que nosotros no tenemos los elementos para demostrarlo. Y claro tenemos todas las pruebas de que la universidad manda abogados y que hay toda una protección legal para sus profesores”, explicó.

Del mismo modo, las alumnas afectadas continúan tomando clases con sus agresores, lo cual representa un peligro constante para ellas, según las estudiantes. Roxana Rodríguez dejó de dar clases porque temía por su seguridad y se cambió de estado, por lo que también gasta en los traslados a la Ciudad de México para dar seguimiento a sus denuncias

Ante todo el peligro, varias compañeras y Roxana tienen un dictamen de peligro de feminicidio. El 5 de julio de 2023, se pidió que las autoridades vigilaran el domicilio de la docente por 45 días debido a las amenazas y a que su agresor es un potencial feminicida. 

Además de Roxana, la estudiante de la UACM Plantel San Lorenzo Tezonco, Gabriela Martínez Ciprián entabló una relación con un profesor (15 años mayor que ella) y tuvieron una hija. El 16 de marzo de 2022, el sujeto secuestró a la menor y desde entonces, le interpuso a Gabriela siete denuncias por violencia familiar. Él sigue dando clases en la institución, ejerce violencia vicaria pues no deja que vea a su hija y en la relación, ejercía violencia psicológica y económica. 

Exigen que suspendan y alejen a los agresores de sus víctimas

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Todas las víctimas de estudiantes, profesores y trabajadores de la Autónoma de la Ciudad de México (UACM) han exigido a la institución que sean tomadas en cuenta, que suspendan a los agresores que cuenten con una denuncia penal interpuesta por la fiscalía para que las víctimas ya no estén en contacto con ellos.

Además, piden que la rectora Tania Rodríguez resuelva y atienda a las denuncias presentadas en la Defensoría de los Derechos Universitarios, deje de cubrir agresores y cese la violencia institucional pues las voces de las víctimas son ignoradas.

Frente a estos casos, las dependencias de la Ciudad de México han galardonado a la rectora a pesar de todas las quejas de alumnas y profesoras

Sobre casos relacionados a acoso sexual de mujeres por parte de alumnos, la UACM ha comunicado que “como institución están comprometidos con la erradicación de la violencia de género y confiamos que los derechos y leyes que hemos ganado para protección de las mujeres son instrumentos de justicia”.

Sobre estos casos, Tania Rodríguez informó a través de su cuenta de X, que las denuncias son recibidas en la Defensoría de los Derechos Universitarios pero las sanciones son impuestas por el Consejo de Justicia.