Por: Leslie Jiménez Urzua*
En el primer semestre de 2024 se recibieron 48 mil 893 llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres, lo que representa un aumento del 0.2%, en comparación con el mismo periodo en 2023, cuando se registraron 48 mil 777 casos, según la información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Durante este mismo lapso, se han llevado a cabo las campañas de las candidatas y candidato a la presidencia e México, quienes han incorporado la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres como temas centrales. Sin embargo, como analizamos anteriormente, estas campañas parecen insuficientes. En este texto, examinaremos las propuestas presentadas por Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.
Justicia interseccional
Ambos, Xóchitl y Jorge, apuntan hacia la necesidad de reformar el sistema judicial para mejorar el acceso a la justicia. Por un lado, Xóchitl aboga por una reforma integral al sistema de justicia penal para prevenir la revictimización y agilizar la eficacia, aunque no ofrece detalles sobre su implementación.
Por ejemplo, una mejora significativa en nuestro sistema de justicia, que ya no es tan novedosa, fue la inclusión y reconocimiento de las víctimas en el sistema. En el caso de delitos contra las mujeres, esto también se refleja en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En las propuestas de la candidata Gálvez no se encuentran especificados los temas que cree susceptibles de mejora. Aunque desde Impunidad Cero, hemos identificado algunas, especialmente en lo que respecta a la atención por parte de los operadores, sin embargo, cualquier reforma propuesta desde el Ejecutivo Federal no tendría impacto en las fiscalías locales, ya que estas son instituciones autónomas de las entidades federativas.
Otra de las propuestas de Xóchitl, se refiere a incorporar mecanismos y recursos focalizados para la atención de casos de violencia cometidos contra las mujeres con discapacidad. Estos mecanismos se adaptarán a las diferentes discapacidades. En ese tenor también propone que las mujeres de la diversidad sexual vivan con respeto pleno a su orientación e identidad sexuales.
Según la ENDIREH 2021, se identificaron 16.3 millones de mujeres de 15 años y más con discapacidad o limitación que han experimentado algún tipo de violencia en algún momento de sus vidas, y 9.8 millones en los 12 meses anteriores a la encuesta. Por lo tanto, es necesario reconocer la importancia de establecer mecanismos que faciliten la denuncia a las mujeres con discapacidad. Sin embargo, resulta decepcionante que la candidata no profundice en las formas de coordinación y mejora de las condiciones para las mujeres con discapacidad, sin perpetuar el enfoque capacitista.
En cuanto al tópico de las mujeres pertenecientes a la diversidad sexual, tenemos que visibilizar los 55 transfeminicidios registrados en nuestro país en 2021, que representan el 70.5% de las muertes violentas contra personas LGBTI+. Es esencial que el Estado mexicano reconozca esta forma específica de violencia y tome medidas concretas para combatirla. Sin embargo, la ambigüedad de la propuesta actual deja dudas sobre cómo se abordará esta problemática, especialmente considerando la presencia de legisladoras transfóbicas dentro del mismo partido político de Xóchitl Gálvez.
Centros de Justicia para Mujeres
Dentro de las propuestas sobre espacios para la atención de violencia contra las mujeres, encontramos, por un lado, la propuesta de Xóchitl sobre la creación de “Las casos de la mujer indigena y afromexicana” para la atención con perspectiva de género, destacando la prevención de la violencia y garantizando los derechos sexuales y reproductivos.
Por otro lado, Máynez propone fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) con un aumento en el presupuesto, así como una mayor independencia y autonomía. Además, aboga por garantizar recursos para las órdenes de protección efectivas y establecer mecanismos de supervisión en casos de violencia de género. Esta propuesta parece ser una de las más interesantes en este contexto.
Desde 2011, en nuestro país se han abierto Centros de Justicia para Mujeres, diseñados para ofrecer atención psicológica, jurídica y médica, albergues temporales, ludotecas con expertos en desarrollo infantil, y talleres de empoderamiento social y económico para ayudar a las mujeres a romper el ciclo de violencia. Desde su creación, estos centros han sido una herramienta crucial en la lucha contra la violencia de género.
Uno de los principales obstáculos que enfrentan para cumplir su función es la limitación presupuestaria, ya que los recursos asignados para su operación provienen de diversas fuentes, como la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o las Fiscalías y Procuradurías de Justicia estatales, además de contribuciones federales, estas últimas se refleja en la construcción, equipamiento y operación de los centros.
De igual manera, es necesario que se fortalezcan los CEJUM más allá de crear otros espacios, también es fundamental que tanto el gobierno federal como las entidades federativas se involucren de manera equitativa, transparente, pública, selectiva y oportuna en la contribución financiera. Para garantizar este compromiso, es necesario abordar varios aspectos clave.
Por un lado, se deben incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación por parte del gobierno federal para ajustar las modalidades de operación o decidir sobre su cancelación según sea necesario. Además, es importante considerar la temporalidad en la asignación de recursos y reportar su uso de manera detallada en los informes para reflejar adecuadamente el financiamiento.
Conclusiones
Como hemos discutido tanto en la entrega anterior, es preocupante la falta de claridad de las candidatas y el candidato a la presidencia en lo que respecta a la percepción y abordaje de la violencia en nuestro país. Aunque algunas de las propuestas ofrecen enfoques útiles, es esencial recordar que muchas veces estas iniciativas dependen no solo del gobierno federal, sino también de las entidades federativas y los municipios.
Por otro lado, las propuestas de crear nuevas instituciones no abordan de manera efectiva el problema de la violencia. Por ejemplo, la violencia familiar que constituye el delito que más investigaciones inician las fiscalías locales han aumentado significativamente en un 123%. En 2015 se iniciaron 127 mil 424 carpetas por este delito, mientras que para 2023 la cifra ascendió a 284 mil 203, marcando un máximo histórico. Es crucial que abordemos esta problemática con claridad y eficacia.
Es por ello que resulta desalentador que, a pesar de tener la oportunidad histórica de contar por primera vez con una mujer presidenta, la violencia contra las mujeres siga siendo tratada desde una perspectiva instrumental, normalizada y carente de propuestas y políticas públicas sensibles.
Independientemente de quién resulte elegida presidenta, desde Impunidad Cero esperamos que se aborden las condiciones de violencia para que todas podamos vivir libres de este problema multifactorial.
Sobre la autora
Leslie Jiménez Urzua* es licenciada y especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestrante en Derecho y especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se ha desempeñado como servidora pública en instituciones gubernamentales de procuración de justicia y seguridad ciudadana, así como abogada postulante en organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es Coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero, e incide en un proyecto de socialización del derecho penal para la atención de violencia de género.