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Dos mujeres latinoamericanas, identificadas como Rebeca y Laura*, presentaron el pasado 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España una denuncia contra el cantante Julio Iglesias por agresiones sexuales, hostigamiento, explotación y trata con fines de trabajo forzado y servidumbre. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre enero y octubre de 2021 en residencias del artista en República Dominicana y Bahamas. La acción judicial cuenta con el impulso jurídico de Women’s Link Worldwide.
Detalles confirmados de la denuncia y testimonios
El caso, revelado por una investigación periodística reciente, vuelve a situar en el centro del debate público la vulnerabilidad estructural de las trabajadoras del hogar, en particular de las internas, y las dinámicas de poder que operan en espacios privados de lujo atravesados por profundas desigualdades de género, clase y raza.
Según la denuncia, durante ese periodo las dos mujeres, una trabajadora del hogar y una fisioterapeuta, habrían sido sometidas a múltiples formas de violencia. Los testimonios incluyen penetraciones y tocamientos no consentidos, presiones para mantener relaciones sexuales, bofetadas e insultos, así como jornadas laborales de hasta 16 horas diarias sin contrato ni descanso. A ello se suman el control de sus teléfonos móviles, la prohibición de salir de las residencias, el aislamiento social y un fuerte control económico, sostenido por su dependencia laboral.
Las denunciantes describen un contexto de asimetría extrema de poder y silenciamiento. Durante casi cinco años no hablaron de lo ocurrido por miedo a represalias, por la falta de canales seguros de denuncia y por una cultura que suele deslegitimar la voz de las sobrevivientes, especialmente cuando son mujeres precarizadas y racializadas.
Desde Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional, organizaciones que acompañan la denuncia, se ha subrayado que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón de explotación que combina violencia sexual, abuso de poder y vulneración sistemática de derechos laborales. “La violencia contra las mujeres se agrava cuando confluyen precariedad laboral, migración, aislamiento y trabajo en el ámbito privado”, han señalado sus portavoces.
Impacto estructural y contexto socioeconómico
Uno de los elementos más graves relatados es el control sobre la salud sexual y reproductiva de las denunciantes. Según sus testimonios, fueron obligadas a realizarse pruebas ginecológicas y de infecciones de transmisión sexual, con acceso del empleador y su entorno a los resultados médicos. Organizaciones feministas advierten que estas prácticas constituyen una forma extrema de control biopolítico sobre los cuerpos de las mujeres, incompatible con cualquier relación laboral y con los estándares básicos de derechos humanos.
Trabajadoras internas y violencia estructural
El caso no puede analizarse al margen del contexto en el que ocurre. Las trabajadoras del hogar conforman uno de los sectores más feminizados y racializados a nivel global. En el Caribe y América Latina, la mayoría son mujeres pobres, muchas de ellas afrodescendientes, indígenas o migrantes, herederas de una larga historia de trabajo esclavo y servil. La figura de la trabajadora interna, que vive en el lugar de trabajo, concentra riesgos específicos: aislamiento, dependencia económica, ausencia de horarios claros y enormes dificultades para denunciar abusos.
Que los hechos denunciados hayan ocurrido en enclaves de lujo turístico no es un dato menor. Las residencias privadas en urbanizaciones exclusivas funcionan como espacios cerrados, con escasa supervisión externa y jerarquías rígidas. Desde una perspectiva feminista anticolonial, estos “paraísos” del turismo global reproducen lógicas históricas de dominación: territorios del Sur convertidos en espacios de placer, servicio y explotación para élites del Norte, donde los cuerpos de mujeres racializadas son tratados como disponibles.
La denuncia señala además posibles similitudes entre el testimonio de Rebeca y Laura y el de otras mujeres que habrían trabajado para Iglesias en contextos similares, muchas de ellas procedentes de América Latina y el Caribe y en situación de vulnerabilidad económica. Este elemento refuerza la hipótesis de un sistema de abuso estructural que excede los hechos individuales.
En una conferencia de prensa reciente, Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link Worldwide, informó que la Fiscalía tomará declaración a las denunciantes como testigas protegidas y que las diligencias se tramitarán con carácter reservado, para evitar su identificación y revictimización. Las organizaciones han solicitado medidas de protección no solo para Rebeca y Laura, sino también para sus familias, dada la magnitud de las asimetrías de poder involucradas.
Por su parte, Gema Fernández, abogada y directora legal para Europa de Women’s Link, subrayó que la denuncia solicita investigar no solo delitos de agresión y acoso sexual, sino también trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre, además de posibles lesiones. La organización añadió que, tras hacerse público el caso, otras mujeres se han puesto en contacto refiriendo experiencias similares, aunque no se han aportado más detalles por razones de seguridad.
Poder global y opacidad económica
El caso se inscribe en un entramado más amplio de poder económico y estructuras opacas. Julio Iglesias ha aparecido en investigaciones periodísticas internacionales como los Pandora Papers, coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Según estas investigaciones, el cantante figura vinculado a más de 20 sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas, utilizadas durante décadas para adquirir y gestionar un importante patrimonio inmobiliario de lujo.
Aunque el uso de sociedades offshore no constituye en sí mismo un delito, estas estructuras permiten blindar patrimonio y operar con altos niveles de opacidad fiscal y financiera, y son habituales entre grandes fortunas y celebridades. En este caso, aportan contexto sobre el papel de Iglesias no solo como residente, sino como actor económico integrado en los circuitos del turismo y el lujo global, especialmente en el Caribe, una región históricamente configurada como espacio de extracción, servicio y placer para élites del Norte global.
Existen testimonios públicos previos sobre comportamientos de acoso o contacto físico no consentido por parte de Iglesias. El más conocido es el de Verónica Castro, quien en entrevistas aseguró que el cantante la tocó indebidamente, pero el caso de Rebeca y Laura marca un punto de inflexión: no únicamente por la dimensión del abuso sino porque primera vez estas acusaciones se articulan como una denuncia formal ante la justicia, con acompañamiento jurídico y una tipificación penal más amplia
Hacia una justicia transformadora
Para las organizaciones que respaldan a las denunciantes, el objetivo va más allá de una eventual sanción individual. Buscan reparaciones integrales, mecanismos seguros de denuncia, protocolos que reconozcan la violencia sexual y laboral en el trabajo interno y cambios en los marcos jurídicos que protejan de forma efectiva a las trabajadoras del hogar y a las mujeres en contextos de desigualdad radical.
Escuchar, creer y apoyar a las sobrevivientes es fundamental, subrayan, pero también lo es cuestionar las estructuras que hacen posible la explotación, el racismo y la violencia. Sin ese desplazamiento del foco del individuo hacia los sistemas de poder, advierten, la impunidad seguirá siendo la norma.
*Los nombres de las denunciantes han sido cambiados para proteger su identidad, tal como establece el comunicado de Women’s Link Worldwide.
