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La red de profesionales de la salud, Salvemos Miles de Vidas México, exigió la derogación del delito de aborto voluntario en el país, exigiendo que la interrupción del embarazo sea tratada exclusivamente como un tema de salud y no como un crimen.
En conferencia de prensa, el colectivo señaló que el aborto es el único servicio de salud tipificado como delito dentro de todos los Códigos Penales del país, incluso en entidades donde está permitida la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) bajo ciertos límites gestacionales.
Ejemplo de ello es la Ciudad de México, la entidad con el primer lugar nacional investigaciones penales por el delito de aborto en 2025 con160 casos de enero a agosto, una cifra que incrementó 42.7% entre 2015 y 2024, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Además, como te contamos en esta nota el informe "Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México" del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) revela que, aunque 18 entidades federativas han despenalizado el aborto voluntario al menos durante el primer trimestre del embarazo, entre 2012 y 2022 se registraron más de 2 mil 100 denuncias por este motivo, y 66 personas fueron sometidas a prisión preventiva.
“Incluir la interrupción legal del embarazo en el Código Penal fue un error histórico. Las y los legisladores deben comprender que los servicios de salud no pueden ser regulados como crímenes”, dijo la doctora Sandra Karina Gaspar Martínez, médica ginecobstetra e integrante de la red Salvemos Miles de Vidas México.
¿Por qué el aborto debe ser considerado un tema de salud?
El colectivo insiste en que tratar el aborto como delito conlleva riesgos directos para la vida de las mujeres y personas gestantes, además de obstaculizar la prestación de servicios esenciales basados en evidencia científica.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la criminalización no reduce el número de abortos; por el contrario, incrementa la mortalidad y morbilidad materna y limita la capacitación del personal médico para garantizar procedimientos seguros.
La doctora Gaspar Martínez recordó que, en la última semana epidemiológica de septiembre de 2025, el aborto ocupó la tercera causa de mortalidad materna en el país.
Desde su experiencia en Morelos, la doctora Blanca Estela Kempis Robles relató:
“Por más de 30 años he visto de cerca las consecuencias de criminalizar el aborto. Prohibirlo solo conduce a procedimientos peligrosos. Muchas mujeres llegan al hospital con hemorragias y daños irreversibles. Regular el aborto como delito nos mantiene con miedo de hacer nuestro trabajo”.
En Tlaxcala, la doctora Marau Basilio Roblero describió un clima generalizado de temor:
“El personal médico vivimos con miedo: miedo a ser denunciados por atender, miedo a perder nuestra licencia, miedo incluso a salvar vidas”.
Por su parte, la doctora Joselyn Rivera Vilchis, de Guanajuato —donde en junio de 2025 se rechazó una iniciativa de despenalización— calificó la situación como una injusticia social:
“Criminalizar el aborto es criminalizar la pobreza. Es no reconocer todo lo que viven las mujeres y personas con posibilidad de gestar”.
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El caso de la CDMX
Aunque la interrupción del embarazo es legal desde hace 18 años en la capital, el aborto sigue regulado en el Código Penal. Esto implica que, aunque el procedimiento está permitido hasta las 12 semanas, las autoridades pueden abrir carpetas de investigación para verificar si se cumplieron los plazos y condiciones legales.
En noviembre de 2024, la diputada de Morena, Yuriri Ayala Zúñiga, presentó una iniciativa para eliminar el delito de aborto del Código Penal de la Ciudad de México, con el fin de alinear la legislación con la recomendación de la OMS de excluirlo de las leyes penales. Sin embargo, la propuesta fue enviada a la “congeladora”, retrasando su discusión.
Al respecto, la doctora Sandra Karina Gaspar Martínez destacó que este desfase legislativo es un "error histórico" y que la criminalización crea un entorno de miedo que afecta la atención.
Atribuyó estas carpetas de investigación, en gran medida, al "desconocimiento" del marco normativo, lo que lleva a culpar a pacientes que llegan a urgencias complicadas tras recurrir a métodos inseguros.
Salud integral y cero traumas
Las profesionales de la salud insistieron en que el enfoque debe ser integral y basado en evidencia, no en prejuicios.
Guadalupe Monserrat Cárdenas Cruz, psicóloga de Michoacán —donde el aborto fue despenalizado hasta las 12 semanas en 2024— explicó:
“Tratar el aborto como un tema de salud es reconocerlo como parte de la salud integral, con acompañamiento psicológico y sin barreras de acceso. El aborto seguro y acompañado no genera traumas; lo que genera trauma es negarlo o practicarlo en condiciones inseguras”.
La petición de la red se apoya en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2021 y 2023, que declararon inconstitucional criminalizar a mujeres, personas gestantes y personal médico por brindar asistencia.
En un llamado final a las y los legisladores, la doctora Kempis fue categórica:
“No hay tiempo. Necesitamos dejar atrás el miedo y reconocer el aborto como lo que es: un servicio de salud, no un delito. El aborto seguro es salud pública y debe ser un derecho, no un privilegio”.
