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El 24 de abril de 2007, la Ciudad de México dio un paso histórico hacia la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: la despenalización del aborto en el Código Penal de la capital del país.
El 26 de abril, la reforma al Código Penal y a la Ley de Salud que permitió la Interrupción Legal de Embarazo (ILE) voluntaria hasta las 12 semanas de gestación entró en vigor y con ello, llegaron los logros.
Desde 2007 se han realizado más de 292 mil procedimientos gratuitos en la CDMX con cero muertes maternas asociadas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México retomados por Lizeth Mejorada, feminista y vocera del Movimiento Vivas y Libres, y consultora en materia de género y derechos humanos, en entrevista con La Cadera de Eva.
“Esto transformó el debate: el aborto dejó de ser visto como un riesgo y se confirmó como un derecho que salva vidas cuando se brinda en condiciones adecuadas. Además, abrió la puerta para que hoy 24 entidades hayan avanzado en su despenalización y para que la Suprema Corte declare inconstitucional su criminalización”. (Lizeth Mejorada)
Sin embargo, los desafíos aún persisten. El acceso al aborto seguro enfrenta obstáculos que van más allá de lo legal, entre ellos, una profunda desigualdad en el acceso debido a barreras geográficas, económicas y sociales que afectan, principalmente, a personas fuera de la capital.
19 años de aborto legal pero sin acceso equitativo
La Ciudad de México concentra el 68% de los servicios de aborto del país y provoca que cuatro de cada diez personas usuarias provengan de otros estados para acceder al servicio. Esto nos dice algo claro: en México, el acceso al aborto está profundamente condicionado por la geografía. Como señala Mejorada “El acceso al aborto en México sigue dependiendo del código postal. No es lo mismo decidir en la capital que en una comunidad indígena o en un estado donde no hay servicios disponibles”.
El acceso a la ILE está condicionado por la capacidad de pagar un traslado o la posibilidad de tomarse un día libre sin perder ingresos, lo que convierte un derecho en un privilegio para quienes tienen recursos económicos, señala Mejorada.
El acceso desigual para la ILE no solo se manifiesta a través de la geografía, también por la edad. En 2024 se registraron casi 8 mil nacimientos en niñas de 10 a 14 años, lo que se traduce en 22 nacimientos por día, la mayoría derivados de violencia sexual. A estas niñas el Estado les falló en varias instancias, entre ellas, al no garantizar el acceso al aborto.
“Esto evidencia que el acceso al aborto no está garantizado ni siquiera en los casos más extremos, y que las instituciones están fallando en proteger a las niñas y garantizar sus derechos. No existen niñas madres, existen niñas que son víctimas de abuso sexual y que el estado y la sociedad les fallaron para proteger sus derechos”. (Lizeth Mejorada)
Los retos a 19 años de la legalización del aborto en CDMX
A pesar de que la Ciudad de México se ha consolidado como un referente para el país y para la región de América Latina, la carrera continúa; quienes habitan o no la megalópolis y se enfrenta aún a una persecución que se vive a plena vista: la criminalización.
“La criminalización genera miedo, silencio y desconfianza hacia las instituciones. Aunque existan avances legales, mantener el aborto en los códigos penales envía un mensaje contradictorio que se traduce en persecución, discrecionalidad y estigma, incluso dentro de los servicios de salud. Esto inhibe el acceso oportuno y pone en riesgo a quienes necesitan atención”. (Lizeth Mejorada)
Entre 2015 y 2025, se registraron más de 7 mil 500 carpetas de investigación por aborto en la CDMX, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). A través de un comunicado, la organización Mujeres Vivas y Libres señaló que, en al menos ocho estados del país, incluyendo la capital, se abren más carpetas por aborto que por feminicidio.
Y es que aunque el aborto se ha despenalizado en 24 entidades, este sigue tipificado como un delito en los códigos penales, lo que permite que una persona pueda ser judicializada por ejercer lo que ya es reconocido como un derecho.
¡Un derecho para todas!
“La principal deuda es que el derecho no se ha traducido en acceso real”, dice Mejorada en entrevista. ¿Será posible garantizar el derecho al aborto en el futuro y cerrar las brechas de desigualdad? Mejorada señala que el paso más crítico y urgente es sacar el aborto de los códigos penales, tanto a nivel federal como estatal
pues mientras el aborto siga tipificado como un delito, el mensaje del Estado será ambiguo, permitiendo que se siga criminalizando y persiguiendo a las personas por ejercer su derecho a la salud.
Para que el acceso sea efectivo en todo el territorio nacional, se requieren políticas integrales como la homologación y presupuesto, la eliminación de barreras administrativas para agilizar los trámites, asegurar personal no objetor de conciencia, fortalecer la educación sexual integral y crear rutas claras de atención para víctimas de violencia sexual con perspectiva de género, explica Mejorada.
“Existe la posibilidad de retrocesos a través de omisiones, recortes presupuestales o decisiones políticas que limiten su implementación. Ningún derecho es permanente si no se defiende y se ejerce plenamente.” (Lizeth Mejorada)
