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La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio al Congreso de Guanajuato un plazo de 90 días naturales, que comenzarán a correr a partir del 15 de febrero, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones, para eliminar los artículos que criminalizan el aborto.
Si las y los diputados no cumplen, la Corte emitirá una declaratoria general de inconstitucionalidad 16/2026, un mecanismo que deja sin efectos las normas que castigan el aborto, aun cuando no hayan sido reformadas formalmente.
Este avance es resultado de un amparo promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización que desde hace años acompaña la defensa del derecho a decidir en Guanajuato.
La orden de la SCJN busca armonizar la legislación local con el fallo histórico de septiembre de 2021, cuando el máximo tribunal declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto en México. Para el caso de Guanajuato, la Corte determinó que el Congreso debe derogar los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal estatal.
¿Por qué es importante que se legisle sobre aborto?
Las reformas en discusión no se limitan a eliminar castigos. También cuestionan la forma en que Guanajuato concibe jurídicamente la vida, el cuerpo y la autonomía reproductiva.
El pasado 29 de enero, legisladoras de Morena como Plácida Calzada Velázquez y Martha Edith Moreno Valencia presentaron iniciativas para eliminar de la Constitución local el reconocimiento de “la vida desde la concepción”.
Actualmente, el Código Penal de Guanajuato castiga con seis meses a tres años de prisión a las mujeres que consientan un aborto, además de sancionar al personal de salud que participe en el procedimiento.
Otra de las propuestas, impulsada por la diputada María Eugenia García Oliveros, plantea modificar el tipo penal para permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Aunque las posturas partidistas siguen enfrentadas, el mandato de la Corte es claro.
De acuerdo con el medio local Periódico Correo, la diputada priista Rocío Cervantes Barba reconoció que el acatamiento es un “sí o sí”. Aunque dijo mantener una postura personal “a favor de la vida”, aseguró estar en contra de la criminalización de las mujeres.
El Partido Acción Nacional (PAN), históricamente opositor a la despenalización, enfrenta ahora una disyuntiva: legislar por cuenta propia o permitir que la SCJN invalide los artículos mediante la declaratoria de inconstitucionalidad.
Criminalizar también es violencia
La urgencia de la reforma se refleja en las cifras. Según el informe Maternidad o Castigo: la criminalización del aborto en México, de GIRE, entre enero de 2007 y diciembre de 2016, Guanajuato fue el segundo estado del país con más personas en prisión preventiva por aborto, sólo detrás de San Luis Potosí.
Actualmente existen 26 carpetas de investigación por aborto en la entidad, una cifra que casi iguala las 28 investigaciones por feminicidio reportadas en el mismo periodo, de acuerdo con datos citados por la diputada Martha Edith Moreno Valencia.
A nivel nacional, entre 2015 y agosto de 2025 se han iniciado 7 mil 511 procesos por aborto, pese a los criterios de la Corte y a que 22 estados ya han reformado sus leyes.
Guanajuato y una resistencia de décadas
Como te contamos en esta nota, la lucha por la despenalización del aborto en Guanajuato no es nueva. Desde el año 2000, el colectivo feminista Las Libres se convirtió en uno de los principales referentes en la defensa de los derechos reproductivos en el estado, luego de que el PAN y el entonces gobernador Vicente Fox eliminaran del Código Penal la causal de violación y aumentaran las penas por aborto.
A pesar de las décadas de resistencia, hoy en Guanajuato el aborto sólo es legal en casos de violación. Incluso en esos escenarios, el acceso está plagado de obstáculos, retrasos y violencia institucional.
En 2009, el Congreso local aprobó una reforma constitucional que define como persona “a todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural”, blindaje jurídico que durante años ha servido como argumento para bloquear reformas.
En el año 2020, el partido Morena presentó una iniciativa para eliminar la penalización del aborto después de las doce semanas. Esta fue rechazada por el Congreso, que argumentó era inconstitucional según el artículo primero de la Constitución de Guanajuato.
Grupos religiosos también se han manifestado en contra de la legalización del aborto en Guanajuato, en marzo de 2025, el presidente de la Comisión de Familia, Vida, Juventud y Laicos, declaró que la Arquidiócesis de León se negaba a la interrupción del embarazo bajo el supuesto de que no hay ley universal que avale el “derecho a matar”.
Este tipo de posicionamientos no se limitan a Guanajuato. A nivel nacional, la influencia de sectores religiosos también ha aparecido en momentos clave de la discusión sobre derechos reproductivos.
En la primera semana de sesiones de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de su agenda la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma que redujo de 12 a seis semanas el plazo legal para abortar en Aguascalientes.
El asunto había sido impugnado por el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al considerar que las reformas al Código Penal y a la legislación local restringen de forma grave el derecho a decidir.
Sin embargo, tras críticas públicas de la Arquidiócesis Primada de México, difundidas en su semanario Desde la fe, los proyectos fueron retirados del orden del día y, hasta ahora, no tienen nueva fecha de discusión.
La decisión no sólo impactó a Aguascalientes. También dejó en suspenso un caso relacionado con aborto en San Luis Potosí y profundizó la incertidumbre jurídica para mujeres y personas gestantes en estados donde el derecho a decidir sigue siendo frágil.
