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El 2025 cerró como el primer año completo del gobierno de Claudia Sheinbaum con una agenda legislativa enfocada en la igualdad sustantiva. A lo largo del año, el Congreso aprobó reformas en materia laboral, penal y de derechos de las mujeres, con el objetivo de reducir brechas y atender las violencias de género. Sin embargo, pese a estos avances, el balance también deja pendientes que siguen limitando el impacto real de los cambios en la vida cotidiana de las mujeres.
En paralelo a las reformas, el 1 de enero de 2025 inició formalmente operaciones la Secretaría de las Mujeres, que asumió las funciones de la extinta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Con este cambio, el gobierno federal concentró en una sola dependencia la coordinación de las políticas de igualdad sustantiva y prevención de la violencia de género, un ajuste que elevó el rango institucional del tema, pero que también abrió preguntas sobre la evaluación y el seguimiento de estas políticas desde el Ejecutivo.
17 leyes reformadas: igualdad sustantiva como eje
En diciembre de 2025, el Senado aprobó un paquete de reformas que modifica 17 leyes federales para incorporar la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Los cambios alcanzan leyes clave como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley General de Educación y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
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De acuerdo con el dictamen, el objetivo es reducir brechas estructurales —en particular la desigualdad salarial— y armonizar la legislación mexicana con estándares internacionales en materia de derechos humanos. La reforma plantea, además, que la perspectiva de género sea un eje transversal en las políticas y programas del Estado.
Una reforma que redefine el abuso sexual
Otro de los cambios relevantes de 2025 fue la reforma al delito de abuso sexual, aprobada por unanimidad en el Senado con 97 votos a favor. La modificación redefine el delito, aumenta las penas y armoniza 17 leyes federales bajo un enfoque de igualdad y perspectiva de género.
La reforma se enmarca en la agenda anunciada el 25 de noviembre por la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, para atender la violencia sexual. El cambio central es que el consentimiento se coloca como eje del tipo penal, lo que permite delimitar con mayor claridad cuándo existe un delito.
La nueva redacción amplía las conductas sancionables e incluye actos que antes no estaban claramente tipificados, como obligar a una persona a exhibir su cuerpo, a presenciar actos sexuales o a soportar tocamientos, roces o caricias, tanto en espacios públicos como privados. Las penas aumentaron a un rango de tres a siete años de prisión, con posibilidad de llegar hasta nueve años en casos agravados, además de multas económicas.
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Pese al avance, organizaciones como Equis Justicia para las Mujeres han señalado que las reformas penales no son suficientes para enfrentar la impunidad. Advierten que los principales obstáculos para las víctimas siguen apareciendo desde la denuncia, con prácticas de revictimización, falta de peritajes especializados y deficiencias en la integración de las carpetas de investigación.
El aborto legal avanza a nivel estatal
Durante 2025, varios estados avanzaron en la despenalización del aborto, ya sea por reformas aprobadas en los congresos locales o por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En febrero, Campeche reformó su Código Penal para permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación; en abril, el Congreso de Yucatán aprobó una modificación en el mismo sentido; y en mayo, Tabasco eliminó las sanciones penales por aborto voluntario dentro del mismo plazo.
A estos cambios se sumaron decisiones judiciales. En enero de 2025, la SCJN invalidó la penalización del aborto en Chihuahua, al considerar inconstitucional criminalizar de forma absoluta a las mujeres y personas gestantes. Más tarde, en diciembre, la Corte resolvió de manera similar en el caso de Tlaxcala, al eliminar normas que impedían el acceso a la interrupción legal del embarazo.
La Suprema Corte tenía previsto analizar el 6 de enero de 2026 una acción de inconstitucionalidad contra la reforma de Aguascalientes, que redujo de 12 a seis semanas el plazo legal para acceder al aborto. El proyecto proponía invalidar esa reducción por contravenir criterios constitucionales sobre derechos reproductivos; sin embargo, fue retirado de la lista del pleno y permanece sin nueva fecha. Cuando el caso se retome, su resolución podría definir con mayor claridad los límites que deben respetar los congresos estatales al legislar sobre el derecho a decidir.
Igualdad salarial: la ley avanza, la brecha persiste
En materia laboral, el Senado aprobó una reforma al artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo para reforzar el principio de igualdad salarial por trabajo de igual valor. El dictamen adiciona un segundo párrafo que obliga a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a sus homólogas estatales, a realizar inspecciones en los centros laborales para verificar el cumplimiento de este derecho.
La reforma reconoce explícitamente que, pese a los avances normativos, las mujeres siguen recibiendo menores ingresos que los hombres por trabajos de igual valor. El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su trámite constitucional.
Ley Silla: salud laboral y jornadas dignas
Aunque su discusión comenzó antes, en junio de 2025 entró plenamente en vigor la llamada “Ley Silla”, que prohíbe obligar a las personas trabajadoras ,en su mayoría mujeres en sectores de comercio y servicios, a permanecer de pie durante toda la jornada laboral.
La reforma establece que los centros de trabajo deben contar con asientos suficientes y adecuados para que las personas trabajadoras puedan descansar durante su jornada, sin que ello implique una reducción salarial o sanciones. Aunque se trata de un cambio acotado, la Ley Silla reconoce una práctica laboral extendida que afectaba principalmente a mujeres y busca prevenir daños a la salud derivados de permanecer de pie por periodos prolongados.
Menstruar y faltar a la escuela
Entre los cambios aprobados en 2025, la Ciudad de México incorporó una medida que permite a las estudiantes justificar faltas escolares por dolor menstrual a partir del ciclo 2025-2026. La reforma reconoce la dismenorrea como una condición de salud que puede afectar la asistencia a clases y busca evitar sanciones académicas por este motivo.
El cambio forma parte de una agenda de derechos menstruales impulsada en el ámbito local y responde a señalamientos de estudiantes y colectivas sobre la falta de reconocimiento del dolor menstrual en las escuelas. La norma establece que las inasistencias pueden justificarse y que las escuelas deben ofrecer alternativas cuando la ausencia coincida con evaluaciones o actividades obligatorias.
Organizaciones y activistas han advertido que el alcance de la medida dependerá de su aplicación en cada plantel. Sin criterios claros, señalan, el acceso al justificante podría variar entre escuelas y reproducir desigualdades entre estudiantes.
Violencia ácida, un avance desigual
La llamada Ley Ácida o Ley Malena —que tipifica la violencia con ácido como tentativa de feminicidio— ya es una realidad en 15 estados del país. La reforma surge tras el ataque sufrido por la saxofonista María Elena Ríos en 2019 y responde a una forma extrema de violencia que durante años fue minimizada o clasificada incorrectamente.
Hasta ahora, Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Quintana Roo, Baja California, Ciudad de México, Campeche, Guerrero, Colima, Nayarit, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y Chiapas han incorporado esta tipificación. El avance es significativo, aunque fragmentado y dependiente de legislaciones locales.
Los pendientes que siguen marcando la agenda
Pese a los avances, los cambios más estructurales siguen sin resolverse. El Sistema Nacional de Cuidados aún no existe en la ley. Aunque el Paquete Económico 2026 incluye el Anexo 31 “Consolidación de una Sociedad de Cuidados”, no se han aprobado reformas legales que lo hagan obligatorio y permanente.
La transición hacia la jornada laboral de 40 horas también avanza con cautela. Los lineamientos presentados el 3 de diciembre plantean una implementación gradual entre 2027 y 2030. Legisladoras como Patricia Mercado han advertido que, sin políticas de cuidado, el tiempo liberado podría traducirse en más trabajo no remunerado para las mujeres.
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En los pendientes en materia de salud, la penalización de la violencia obstétrica permanece congelada desde 2021, pese a iniciativas presentadas por senadoras de distintos partidos. Y sigue pendiente la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio, una deuda básica de reconocimiento, protección y reparación.
