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Después de la parcial cancelación del megaproyecto “Perfect Day México” de Royal Caribbean, la empresa de cruceros más grande del mundo, en Mahahual, Quintana Roo, activistas advierten que la lucha no termina hasta que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emita una resolución oficial escrita.
Esta movilización despertó un sentido de conciencia aún más fuerte y crítico sobre los daños provocados por corporaciones en los ecosistemas mexicanos; desde el Proyecto Saguaro en el Golfo de California y las cuevas de murciélagos en Oztotépec, Tepoztlán, hasta las costas de Loreto, Baja California Sur, que amenazan el ecosistema de la ballena azul.
Estas amenazas tienen factores en común: la disolución del tejido social local, el desplazamiento y la destrucción de la flora y fauna del territorio. Casi siempre que se habla de la devastación que atenta contra los ecosistemas, el peligro que acecha a las diferentes especies animales tiene un papel importante en la denuncia. A esto se le conoce como biocidio, que se entiende como todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal, feral o doméstico, considerándose un crimen contra la vida.
¿Qué es el biocidio?
Etimológicamente, el término proviene del griego bios (vida) y del latín cidium (matar). El término se menciona en el Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, en el que se describe al biocidio como cualquier acto que provoque la muerte de un animal sin necesidad.
Esta es una forma de destrucción que precede a una aún más amplia en dimensiones: el genocidio, que se entiende en el Artículo 12 como “Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie”, y que “la contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio”.
En América Latina el biocidio está reconocido en pocos países. Bolivia es uno de los países que ya tiene tipificado el biocidio en su legislación desde 2015. La ley boliviana castiga este delito con penas de dos a cinco años de cárcel y en 2023 se dictó la primera sentencia histórica en este país, condenando a tres años y seis meses de prisión a un hombre por matar a un perro.
El biocidio en el contexto de México
En México, el biocidio se encuentra actualmente en una fase de propuesta de codificación para endurecer las penas frente a la violencia animal. Por ejemplo, en Hidalgo se ha propuesto una reforma al Código Penal para tipificar el biocidio con penas de hasta 10 años de prisión.
A Nivel Federal existe una iniciativa para adicionar el artículo 420 Ter al Código Penal Federal, buscando imponer de cinco a diez años de prisión por actos de crueldad o biocidio, esto en un contexto en el que México ocupa el tercer lugar en maltrato animal en Latinoamérica, pues se estima que 7 de cada 10 animales domésticos en el país son víctimas de alguna forma de maltrato, de acuerdo con la la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez.
La expansión del término
El término biocidio también se ha adoptado para describir una realidad que va más allá de la muerte individual de animales y que se vincula directamente con crímenes ambientales masivos y sus efectos letales en la salud humana.
De acuerdo con el artículo Biocidio: la larga lucha contra la catástrofe ambiental en la Tierra de los Fuegos, que describe el caso de la región de Campania, Italia, que se convirtió en una de las más contaminadas de Europa tras 30 años de vertidos ilegales de residuos tóxicos e industriales, y a diferencia de las definiciones legales en Latinoamérica que se centran en el maltrato animal, en Europa el concepto —acuñado originalmente por la organización ambientalista italiana, Legambiente, y adoptado por activistas locales para dar nombre al impacto mortal de la crisis ambiental en su territorio— se ha ampliado bajo los siguientes criterios:
Vínculo con crímenes ambientales: se utiliza para describir las consecuencias de la gestión ineficaz y criminal de residuos.
Impacto en la salud humana: el biocidio en esta región se mide por el aumento drástico de la mortalidad.
Su reconocimiento legal internacional: aunque “biocidio” es un término de lucha social, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió un fallo histórico en enero de 2025 condenando al Estado italiano por su inacción, estableciendo que se violó el derecho de los ciudadanos a un entorno seguro y saludable.
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