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Episodio 1
Después del silencio
Mariana* tiene una vida en la que faltan piezas. Por mucho tiempo no supo cuándo esas
piezas fueron removidas y hoy lo cuenta con un sentido enorme de injusticia. “No sabía qué
había pasado, no tuve conciencia. Pasaron años antes de que me diera cuenta”, dice
Mariana, de 56 años al hablar de la esterilización forzada que le practicaron a sus 16.
Mariana vive con trastorno límite de la personalidad disociativa, una discapacidad
psicosocial de nacimiento que comparte con varios familiares. Además, tiene discapacidad
motriz adquirida debido a una trombosis y daño bilateral en las piernas, lo que la obliga a
caminar con muletas desde los 30 años.
La madre de Mariana fue quien la ingresó a un internado para adolescentes a los 14 años,
donde le realizaron una esterilización forzada dos años después, privándola de su derecho
a decidir sobre su cuerpo para toda la vida.
Mariana fue sometida a una operación, supuestamente por apendicitis, o al menos así lo
recuerda.
Después de esa revelación, Mariana empezó a hacer memoria para encontrar algún indicio sobre cuándo fue esterilizada, debió de ocurrir en 1985, cuando supuestamente tuvo una emergencia por apendicitis.
A Mariana no le especificaron qué tipo de operación le realizaron para esterilizarla. Pudo ser una histerectomía —comúnmente conocida como salpingoclasia— que es una cirugía para extirpar el útero y el cuello uterino, o una Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), la cual consiste en amarrar, cortar, cauterizar o engrapar las trompas de Falopio para impedir el paso del óvulo desde el ovario hacia el útero.
Estos procedimientos se han usado para el control natal pero sobre todo para controlar o
reducir la natalidad en grupos discriminados, como mujeres con discapacidad, indígenas,
minorías étnicas y personas de la diversidad sexual, según el Comité sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas.
La esterilización forzada es considerada una violación de los derechos humanos y una forma de violencia obstétrica porque ignora la autonomía productiva, vulnera el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y salud reproductiva y puede ser realizada sin información adecuada o sin considerar opciones alternativas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ninguno de estos casos resultó en recomendaciones de la CNDH. Dos expedientes se cerraron después de brindar orientación, mientras que el tercero se archivó por falta de fundamentos.
Para esta investigación se solicitó a los 32 estados del país información sobre las quejas presentadas por mujeres con discapacidad ante las comisiones locales de derechos humanos por esterilización forzada, sólo la Comisión del Estado de Baja California (CEDHBC) y la Comisión de la Ciudad de México (CDHCM) tienen casos registrados con uno y dos expedientes respectivamente. Ninguno de estos concluyó en recomendación.
Esterilización para encubrir el abuso sexual
A menudo, bajo el pretexto de "protegerlas" de sí mismas y de posibles abusos, familiares y personal médico toman decisiones irreversibles sobre los cuerpos de las mujeres con discapacidad, explicó en entrevista Lisbeth Brizuela, directora para México de Disability Rights International.
Los argumentos que se esconden detrás de esta práctica están fundamentados en
estereotipos de género, tanto familiares como médicos argumentan que las mujeres con
discapacidad no deben tener hijos ni formar una familia, pues transmitirán su discapacidad,
y no pueden ser buenas madres debido a su condición, señala el informe Abuso y negación
de derechos sexuales y reproductivos a mujeres con discapacidad en México.
Pero detrás de estos argumentos se esconde una realidad más siniestra. La esterilización
forzada también beneficia a quienes quieren encubrir abusos sexuales. La estancia de
Mariana en el internado es ejemplo de esto.
Ella cuenta que, desde los 15 años, fue víctima de prostitución dentro de algunos de los
internados en los que estuvo recluida. La esterilización forzada fue una medida para
encubrir el abuso sexual y la explotación que junto a otras niñas sufrió. Una práctica de la
que no era consciente, pues era una violación sistémica en estos lugares.
Un ejemplo de esta situación es el caso de Casa Esperanza, una institución para personas con discapacidad en la Ciudad de México en la que según una denuncia de DRI, en 2014 había una política de esterilización forzada establecida con la connivencia de las
autoridades y que encubrió abusos sexuales.
"El argumento del director era que él no podía protegerlas de que algún externo abusara de
ellas. Si hay abuso sexual y no hay embarazo, pues tampoco hay forma de denuncia o de
comprobarlo, si la chica no tiene el lenguaje o las posibilidades de comunicarlo, pues va a
ser mucho más complejo poder identificar estos casos”, explicó Lisbeth Brizuela.
En 2014, Disability Rights International denunció el caso de Casa Esperanza ante el Comité
de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (Comité CDPD), quien pidió a México investigar y garantizar justicia y
reparaciones para las víctimas.
A una década de la denuncia de estas violencias que también incluyen golpes, amenazas y
castigos corporales, las autoridades mexicanas han ignorado los llamados a la acción,
permitiendo que los responsables de estos crímenes sigan en libertad.
En México, 22 millones de mujeres mayores de 15 años viven con discapacidad o limitación,
según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), muchas de ellas enfrentan
una vida marcada por la violencia.
Casi siete de cada 10 mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia en su
vida. Esto representa a 16.3 millones de mujeres que han sido víctimas de abusos,
maltratos o agresiones. Tan solo en 2020, 9.8 millones de ellas enfrentaron violencia.
La realidad es contundente: las mujeres con discapacidad son más vulnerables: el 72.6%de
ellas ha experimentado violencia en contraste con el 66.7%de las mujeres sin
discapacidad.
La invisibilidad es una carga pesada que llevan las mujeres con discapacidad en México. No
solo se enfrentan a barreras físicas y sociales, sino que también son borradas de las
estadísticas oficiales, fue hasta 2021 que la ENDIREH incluyó por primera vez a las
personas con discapacidad.
"¿Cuántas mujeres mexicanas con discapacidad son esterilizadas sin su consentimiento?,
¿Cuántas mujeres con discapacidad no tienen acceso a servicios ginecológicos?, ¿Cuántas
han sido víctimas de violencia sexual?”, se pregunta Jenny Bautista, integrante de
Mexicanas con Discapacidad y el Movimiento de Personas con Discapacidad.
La respuesta es un silencio ensordecedor. No hay cifras, no hay datos, no hay registros
oficiales. Es como si estas mujeres no existieran. Pero existen, resisten. Y sufren. La falta
de datos es un muro que impide entender la magnitud del problema.
La Encuesta Nacional sobre la violencia hacia mujeres con discapacidad en la pareja del
Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad (CIDIP) revela que el 64%de
mujeres de 15 años en adelante con discapacidad han vivido violencia sexual.
Yereli Rolander, directora CIDIP destaca la necesidad de datos precisos y accesibles sobre
la violencia contra las mujeres con discapacidad, pues muchas enfrentan una doble
vulnerabilidad: la discriminación por su condición y la violencia física, emocional o
psicológica.
En algunos casos, sus parejas, familiares o cuidadores utilizan tácticas de control y
manipulación, restringiendo su acceso a apoyos esenciales como sillas de ruedas, bastones
o medicamentos. Además, algunas enfrentan la amenaza de hospitalización o
institucionalización.
Reconstrucción
Mariana enfrentó la falta de autonomía en su vida debido a su entorno familiar y la falta de diagnóstico y tratamiento adecuado para su trastorno. "Tenía un carácter terrible", recuerda.
"Pero cuando empecé mi tratamiento, mi carácter fue cambiando completamente".
Fue hasta 2024 que Mariana recibió un diagnóstico oficial de trastorno límite de la
personalidad disociativa. "Ya tengo como unos seis años en psiquiatría", dice. "Pero apenas
hasta marzo de este año me dieron el diagnóstico como tal"
La esterilización forzada es una violación de los derechos humanos y puede tener
consecuencias emocionales y psicológicas graves. Años después, Mariana aún siente el
dolor de su pasado.
Mariana recuerda con intensidad los años de silencio, cuando las órdenes de otros definían su existencia. "Desde chica hasta los 47 años, mi vida fue una serie de instrucciones.
Estuve muchos años en internados y después caí con personas que en vez de ayudarme
me perjudicaron, hasta que quedé libre", cuenta.
Entonces comenzó a reconstruirse. "Empecé desde cero. Me equivoqué muchísimas veces,
pero ahora es muy diferente. Ya yo digo que si me equivoco fue mi decisión, pero mi
decisión", afirma con orgullo.
Algunos intentos
En México, la esterilización forzada no está tipificada explícitamente en el Código Penal, pero se han presentado iniciativas al respecto la más reciente en febrero de 2023
promovida por Geovanna Bañuelos, senadora del Partido del Trabajo.
La propuesta busca erradicar y sancionar la esterilización forzada a través de la modificación del artículo 67 de la Ley General de Salud y el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
También contempla considerar la esterilización forzada como violencia sexual y ofrecer información y orientación en planificación familiar en comunidades indígenas en su lengua materna.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Salud, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos para su análisis y posterior dictamen. Hasta el momento no ha sido discutida.
Además, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a Sonia, quien demostró haber sido víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2017. El personal del IMSS le practicó una esterilización sin su consentimiento, utilizando engaños y amenazas. La decisión de la SCJN en este caso es un paso importante hacia la protección de los derechos humanos y la justicia para las víctimas de esterilización forzada.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece que toda persona
tiene derecho a la integridad personal, lo que incluye la protección contra la tortura y tratos
crueles, inhumanos o degradantes.
Chiapas, Estado de México, Quintana Roo, Guerrero y Veracruz, son algunas de las entidades en el país que han establecido leyes que consideran la violencia obstétrica como un delito.
Camila Riva Palacio, investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explica en entrevista que esta no es la mejor vía para alcanzar una
reparación integral para las personas que han sufrido violencia obstétrica.
La razón principal es que la violencia obstétrica es un problema estructural que permea todo
el sistema nacional de salud, y no solo se trata de individualizar el problema en el personal
de salud que realizó el procedimiento. La falta de insumos, capacitación y sistemas de
apoyo para personas con discapacidad también juegan un papel importante en esta
problemática.
Actualmente Mariana es intérprete en lengua de señas y del sistema braille, imparte talleres
de pictogramas, se dedica a la programación, vende pan, disfruta cuidar a sus plantas y
también asiste a su consulta psiquiátrica. "Tengo que asistir a un lugar donde puedo tomar
mi medicamento para mi disociatividad, hablar y no hacerle daño a nadie, ni a mí misma".
*Usamos el nombre “Mariana” para proteger la identidad real de quien nos compartió su historia.
Investigación y visualización de datos
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Coordinación editorial
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Ilustraciones
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