Yo también soy mujer

Karen de 32 años recuerda que descubrir su sexualidad estuvo lleno de tabúes y curiosidad. Como mujer con discapacidad motriz, siempre se sintió diferente. La sociedad y los medios de comunicación parecían sugerir que la sexualidad era solo para personas sin discapacidad.

Pero Karen no se dejó intimidar, con el tiempo, descubrió que la sexualidad podía ser una fuente de placer y conexión. Sin embargo, se enfrentó a estigmas y barreras en su búsqueda de información y atención médica.

Los profesionales de la salud parecían no entender sus necesidades específicas como mujer con discapacidad, sobre todo cuando buscó métodos anticonceptivos.

"Él (ginecólogo) me dijo: 'Pues necesitas un método anticonceptivo como cualquiera', pero nunca me dijo porque él tampoco lo sabía, pues lo peligroso para mí eran los anticonceptivos hormonales", cuenta Karen.

Afortunadamente, Karen encontró a una ginecóloga que la entendió y la apoyó. "Ella me dijo: 'Tú no puedes usar hormonas, cero... no puedes usar un DIU de cobre porque como estás sentada todo el tiempo y además tienes una escoliosis marcada, tampoco puedes usarla porque te puede desgarrar el intestino, la matriz, todo".

La falta de acceso a información sobre derechos reproductivos y sexuales sería solo la punta del iceberg de la violencia obstétrica que Karen enfrentaría con su embarazo. Una violencia que una de cada dos mujeres con discapacidad ha experimentado de acuerdo con la ENDIREH de 2021.

La violencia obstétrica contra mujeres con discapacidad es una realidad alarmante en México. A pesar de los avances legislativos como la reforma al Código Civil de Procedimientos, que reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, los obstáculos persisten y niegan a estas mujeres su derecho a la autonomía y la igualdad, pues la implementación de esta reforma es lenta y enfrenta resistencia.

Un obstáculo significativo es la NOM 005-SSA-1993 de los servicios de planificación familiar vigente en México, que sugiere que si una mujer tiene discapacidad intelectual se le realice una Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), un método anticonceptivo definitivo —coloquialmente conocido como ligadura de trompas o salpingoclasia— para que sea esterilizada.

Esta norma que viola los derechos humanos y discrimina a las mujeres con discapacidad intelectual pues perpetúa el estereotipo de que no deben reproducirse, es uno de los ejes rectores en el Protocolo de planificación familiar en las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Desde 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó preocupación por la esterilización forzada de mujeres y niñas en México, especialmente aquellas con discapacidades mentales, y el limitado acceso a servicios de salud reproductiva.

Para solucionar esto, el Comité recomendó que el Estado garantice el consentimiento informado antes de esterilizaciones, sancione a profesionales irresponsables y ofrezca reparaciones e indemnizaciones a víctimas de esterilizaciones no consentidas, para proteger los derechos reproductivos de las mujeres y niñas.

La falta de capacitación del personal de salud sobre derechos sexuales y reproductivos es un obstáculo crucial para que las mujeres con discapacidad accedan a información al respecto.

Foto: Karen, mujer con discapacidad motriz cuenta su historia sobre la violencia obstétrica que enfrentó.

Resiliencia

Aunque Karen siempre había querido ser madre, su embarazo llegó inesperadamente. Después de varias pruebas negativas, había comenzado a dudar de sus sospechas. Sin embargo, cuando sintió los primeros movimientos de su bebé en su vientre, supo que su intuición era cierta. Un ultrasonido realizado cuando su hijo tenía 26 semanas confirmó definitivamente su embarazo.

Antes de embarazarse, los médicos habían advertido a su familia sobre los riesgos debido a su discapacidad y escoliosis. "Me dijeron que mi vida corría peligro", recuerda Karen. Pero ella estaba decidida y contó con el apoyo y cuidado de su papá y hermana.

Karen define su parto como un acontecimiento horrible pero hermoso a la vez. Una serie de errores médicos y falta de comunicación pusieron en riesgo su salud y la de su bebé. Los médicos del Hospital Obregón insistieron en que su hijo no sobreviviría debido a su prematuridad, y que ella también corría riesgo de muerte.

Al no contar con la infraestructura necesaria para atender su caso la trasladaron al Hospital General donde enfrentó una violencia obstétrica institucionalizada. Los médicos le impusieron tratamientos sin su consentimiento, le administraron medicamentos sin su autorización y la presionaron para que se sometiera a procedimientos irreversibles como la salpingoclasia y la histerectomía.

"No quiero que me esterilicen", gritaba Karen en el pasillo del hospital. "No les firmes nada, papá. No dejes que me esterilicen. Si lo hacen, los voy a demandar a todos". Karen se negó rotundamente a aceptar la violencia y la falta de respeto por sus deseos.

A pesar de los obstáculos, y de los malos pronósticos Karen dio a luz a un hijo saludable de 38 semanas. Pero la experiencia la dejó marcada.

Desde pequeña, Karen sintió que su cuerpo no era completamente suyo. Con una discapacidad motriz que requería constantes tratamientos y atención médica, su autonomía se vio comprometida. Sus padres tomaron decisiones que afectaron su libertad.

La medicación constante y las expectativas de sus padres y médicos crearon una sensación de vulnerabilidad en Karen. Su cuerpo era objeto de intervenciones y tratamientos, sin considerar su opinión ni sus deseos: vivió con una sonda durante años, después de una cirugía en su niñez que nunca le explicaron adecuadamente.

"Afortunadamente en todo este circo de úlcera-nacimiento, ya no necesito la sonda que además tal vez nunca necesité, porque siempre tuve esta sensación de querer ir a hacer pipí, pero pues cuando eres niño es como de: 'no, el doctor es el que sabe, tú no sabes'. Osea, es tu cuerpo, pero eso que estás sintiendo no es cierto, porque el doctor dice que no es verdad", señala Karen.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 2 mil 915 quejas por cesáreas realizadas a mujeres con discapacidad entre 2012 y agosto de 2024. Esto es preocupante, ya que en algunos casos, las cesáreas pueden ser un indicador de violencia obstétrica si se realizan sin consentimiento informado o justificación médica clara.

Karen no puso la denuncia por la violencia obstétrica que sufrió al dar a luz a su hijo, su resistencia la vivió en su casa y desde el cuidado de su cuerpo y de su hijo. En México el 94% de las mujeres con discapacidad que sufren cualquier tipo de violencia no denuncian por falta de apoyo y el desconocimiento de las instituciones que puedan protegerlas, según el Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad (CIDIP).

A esto se suma que, de 2016 a 2021, el 26% de las mujeres con discapacidad que asistieron a oficinas de servicios de gobierno no fueron atendidas de forma injustificada, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) de 2022.

Grito de justicia

El acceso a la justicia para las mujeres con discapacidad en México es un camino lleno de obstáculos. Jenny Bautista, integrante de Mexicanas con Discapacidad y del Movimiento de Personas con Discapacidad, recuerda casos de violencia y discriminación que han vivido sus amigas y compañeras.

Uno de ellos es el de una amiga cercana —con discapacidad visual—, quien fue víctima de un intento de violación. Cuando ella acudió al Ministerio Público para denunciar se enfrentó a la indiferencia de las autoridades.

"Le negaron el servicio porque no podía describir al agresor", relata Jenny. "¿Qué pasa con las cámaras y la infraestructura que debería protegernos?"

El caso de Michel Chávez es otro ejemplo. Debido a la violencia de género que ejerció su expareja en su contra perdió una pierna en 2020, así adquirió su discapacidad motriz. Cuatro años después, la justicia sigue sin resolver su caso. "Le piden un video que demuestre el intento de feminicidio", explica Jenny.

La experiencia personal de Jenny, es un ejemplo más de la inaccesibilidad del sistema de justicia. Después de ser atropellada, acudió al Ministerio Público para presentar su denuncia, y se encontró con que no contaba con baños accesibles ni rampas para sillas de ruedas.

La lista de obstáculos para presentar una denuncia es larga. Mujeres con discapacidad intelectual sin acompañamiento, mujeres sordas sin interpretación de lengua de señas, mujeres con discapacidad motriz y visual sin infraestructura accesible.