Autonomía y resiliencia

Eunice, una mujer con discapacidad psicosocial recuerda con dolor la reacción de sus familiares cuando se enteraron de su embarazo. "Me dijeron que cómo me había atrevido a embarazarme, que yo no iba a poder ser mamá", relata. Tenía 29 años en ese entonces. Su familia la criticó y la juzgó, argumentando que “su condición” la hacía incapaz de cuidar a un hijo.

Pero Eunice se negó a renunciar a su derecho a ser madre. "Yo creo que nosotras las mujeres con discapacidad, tenemos derecho a formar una familia, a ser felices, a tener una pareja, a disfrutar la vida como cualquier otra mujer", afirma en entrevista Eunice quien ahora tiene 44 años.

Sin embargo, la discriminación no solo provino de su familia. La psiquiatra que la atendía en el Hospital General Dr. Dario Fernandez Fierro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también sugirió que abortara, argumentando que no estaba preparada para ser madre.

El pasado 17 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo que permite a mujeres con discapacidad en Sinaloa decidir libremente sobre continuar o no un embarazo, sin necesidad de autorización médica. Esto elimina una restricción que existía pese a la despenalización del aborto en el estado en 2022, garantizando así su autonomía y libertad de elección.

Además, en el Hospital General Dr. Dario Fernandez Fierro, donde Eunice acudió para su atención prenatal, le negaron el acceso al hospital para atender su parto debido a su discapacidad.

"Me dijeron que no podía tener a mi hija en ese hospital por tener discapacidad", recuerda. La institución le exigió pagar 13 mil pesos para atender el parto, a pesar de ser derechohabiente.

De manera explícita el ISSSTE no niega la atención del parto de mujeres con discapacidad. Sin embargo, al ser cuestionada vía solicitud de transparencia sobre el número de mujeres con discapacidad a las que brindó atención gineco obstétrica durante el embarazo y el parto desde el año 2012 a la fecha, la institución respondió que no tiene un censo específico sobre el tema.

Esta falta de registro impide conocer la cantidad de mujeres con discapacidad que han accedido a servicios de atención ginecológica, obstétrica y de planificación familiar. La información general sobre estos rubros se encuentra en el Resumen de Servicio Médico y Partos y Muertes Fetales contenidas en los Anuarios Estadísticos del ISSSTE.

A pesar de estos obstáculos, Eunice luchó por tener a su hija. "Yo quería tener a mi bebé, yo quería verla nacer, cuidarla", afirma. Sin embargo, la sociedad sigue cuestionando su capacidad para cuidar a su hija, quien nació con discapacidad intelectual y psicosocial. "Me comentan que para qué la traje a sufrir", dice, con la voz entrecortada.

Después de haber enfrentado discriminación y la vulneración de su propio derecho a decidir en el pasado, Eunice no quiere que su hija pase por lo mismo. Cuando su familia y la psiquiatra del ISSSTE, que hace más de una década le sugirieron que abortara, le dijo que a los 14 años debía operar (esterilizarla) a su hija para evitar que tuviera bebés, su respuesta fue contundente: "Es su decisión, es su cuerpo".

“Yo no puedo invadir su privacidad, su cuerpo y sus deseos. Si ella quiere formar una familia, quiere tener bebés, yo la voy a apoyar en todo", dijo Eunice.

Eunice fomenta una relación de confianza y respeto con su hija, animándola a expresar sus sentimientos y enseñándole sobre sus derechos y opciones. Además, ha creado una red de apoyo sólida, que incluye amigos y profesionales que la conocen y la quieren.

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La sexualidad de las personas con discapacidad sigue siendo un tema tabú, rodeado de estereotipos y discriminación. Sobre todo se considera comúnmente que las mujeres con discapacidad son asexuales, dependientes e incapaces de tomar decisiones sobre su propia sexualidad y reproducción, según explica Lisbeth Brizuela.

Según Camila Riva Palacio, investigadora jurídica de GIRE, estos prejuicios basados en el género y la discapacidad perpetúan la discriminación estructural contra las mujeres con discapacidad, especialmente en materia de derechos sexuales y reproductivos.

El capacitismo es la discriminación y opresión hacia personas con discapacidad, considerándolas inferiores o menos capaces. Se manifiesta en estereotipos, lenguaje despectivo, falta de accesibilidad y exclusión social, esto puede ser explícito o implícito, de acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En México, la visión capacitista en las leyes impacta negativamente en los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en su autonomía reproductiva. Un ejemplo es el caso de Jessica, una menor de edad con parálisis cerebral infantil que sufrió violencia sexual y quedó embarazada, este caso fue acompañado por el GIRE.

Debido a una restricción en el Código Penal de Chiapas, el hospital le negó el aborto después de 90 días de embarazo, obligando a su familia a buscar opciones por sus propios medios.

"La ley no consideró la situación particular de Jessica, su discapacidad y su vulnerabilidad. Este plazo era inconstitucional porque no tomaba en cuenta condiciones como la igualdad, el derecho a vivir una vida libre de violencia y el derecho a la salud", afirma Camila Riva Palacio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino en el caso y estableció que no debe haber límite de plazo para el aborto en casos de violencia sexual, especialmente considerando la vulnerabilidad de niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad.

Camila destaca que es fundamental considerar las intersecciones de edad, discapacidad, situación socioeconómica y otros factores en la protección de los derechos reproductivos y la autonomía. Esto implica revisar y reformar leyes y políticas para garantizar la igualdad, el derecho a vivir una vida libre de violencia y el derecho a la salud.

Yereli Rolander, directora del Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad (CIDIP) enfatiza la importancia de ampliar el concepto de violencia obstétrica a violencia gineco-obstétrica, pues señala que los servicios de salud perpetúan estereotipos y violencia sistemática contra las mujeres con discapacidad que les impiden ejercer sus derechos reproductivos y sexuales.

Para Hilda, una mujer con discapacidad visual de 52 años, ir a un chequeo ginecológico era una pesadilla, no sólo por la falta de accesibilidad en las instituciones de salud, sino también por los cuestionamientos y prejuicios del personal médico. “¿Por qué quieres saber y para qué?” y “¿qué le pasó en los ojos?”, eran dos preguntas que no podían faltar en cada consulta.

La lucha por los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres con discapacidad es una batalla contra la indiferencia. "Necesitamos servicios de salud accesibles, comunicativos y respetuosos", concluye Yereli Rolander.

Foto: Hilda, mujer con discapacidad visual cuenta su experiencia al recibir atención ginecológica.