Guerrero, la novena entidad federativa en México en despenalizar el aborto, unificar sus leyes y lograr en 2022 que ninguna persona gestante sea sancionada por interrumpir su embarazo después de las 12 semanas. Guerrero celebra el aniversario de este logro por la maternidad deseada, sin embargo, en el actuar, se continúan violando los derechos humanos, privando de la información a las comunidades rurales y centralizando los servicios de salud, denuncia la Red guerrerense por los derechos de las mujeres
Guerrero es una de las entidades con mayor población femenina en la República (51.9%) y es el cuarto estado con mayor número de personas pertenecientes a una comunidad indígena, de acuerdo con información oficial del Gobierno del estado de Guerrero, ¿por qué es importante destacar esta información?, según la Asociación Comunicación e Información de la Mujer, la clínicas de atención para el aborto están altamente centralizadas, representando un obstáculo para las mujeres de las comunidades rurales.
Chilpancingo y Acapulco, dos grandes ciudades de esta entidad federativa cuentan con el mayor número de clínicas, por lo que las mujeres que viven a la periferia o en comunidades alejadas de las urbes, no tienen acceso a este servicio de salud y tampoco a información en su lengua, denuncia la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres
En esta línea, también se expuso que al interior de las clínicas se continúan realizando prácticas riesgosas, por ejemplo, el legrado que consiste en el uso de herramientas como la cureta (cucharilla) para raspar y eliminar tejido del útero. Un procedimiento que genera dolor, sangrado vaginal y dolor de espalda hasta por 15 días, según la organización Reproducción Asistida.
“Este procedimiento desfasado implica mayor riesgo e invasión para las mujeres, en lugar de optar por métodos más seguros y recomendados como el aborto con medicamentos o el aspirado manual endouterino” (Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres)
TE PODRÍA INTERESAR
Mujeres que acompañan abortos: la historia de Sandra Cardona
Es importante señalar que según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el método de aspiración endouterina es el más amable e idóneo al momento de realizar un procedimiento abortivo.
El derecho al aborto ha logrado establecer su legalidad en Guerrero, sin embargo, la atención continúa siendo estigmatizante, discriminatoria y carece de protocolos informativos para llegar a las comunidades más alejadas, especialmente, en la Mixteca guerrerense (conocida como la montaña) que se conforma por 17 municipios con una tasa muy alta de embarazos no deseados y estigmas sobre el derecho al aborto.
En entrevista para La Cadera de Eva, Janiseli Renata González Moreno, vocera de la Red guerrerense por los derechos de las mujeres explica que existe una nula promoción del derecho al aborto por parte de la Secretaria de Gobierno.
“Ni internet, ni en la radio hay información que te diga a dónde puedes ir. Esto aplica en las zonas urbanas y rurales, ahora, muchas mujeres no sólo no hablan español, sino que tampoco saben leer en su lengua, entonces, aunque traduzcan boletines (que no lo hacen) no llegan a la ciudadanía. De dicho, siempre dicen (el Gobierno) que trabajan de manera intercultural pero es mentira, no hay un trabajo real que aseguren el servicio (abortivo) para todas las personas”
En este espacio, se nombra a Aurelia García Cruceño, mujer indígena imputada en 2019 a 13 años de prisión por el delito de homicidio en grado parentesco, pues vivió un aborto espontáneo, siendo privada de su libertad en el penal de Tuxpan y llevando un proceso que la criminalizó y discriminó al no brindarle información pertinente en su lengua.
En 2022 una jueza la sentenció a 13 años y cuatro meses y se refirió a ella como “un peligro para la comunidad”. De acuerdo con información de La Jornada, la joven de en ese entonces 19 años, había sido abusada sexualmente por un funcionario comunitario, amenazada y orillada a escapar de su comunidad; las anomalías en este municipio fueron latentes junto con la criminalización de Aurelia García. Gracias a las colectivas feministas y a dos abogadas que apelaron por su libertad, se logró un juicio que determinaría su inocencia y se le brindaría, por primera vez, un traductor.
Al igual que el caso de Aurelia García, se desconoce si existen mujeres que fueron sentenciadas por el delito de aborto y después, se les modificó la pena por homicidio en razón de parentesco o feminicidio infantil. Sin embargo, acceder a estas carpetas de investigación y tener un dato real sobre estas mujeres, es casi imposible de obtener, explica Janiseli Renata González Moreno en entrevista. Por otra parte, se ha señalado que hay un aproximado de 10 mujeres que permanecen privadas de su libertad en Guerrero, siendo este un dato no confirmado y sin registro alguno, lo que sí, es que se tiene registro de un total de tres carpetas de investigación por aborto.
"Se abrieron tres carpetas de investigación por aborto, ¿por qué aparecen esos datos si el delito ya no existe? Se tienen que descartar lo antes posible por criminalizar a las mujeres (...) incluso, existe el riesgo de que se les aumente la pena a estas mujeres al reclasificarse el delito como homicidio en razón de parentesco o incluso, feminicidio infantil, pero no lo sabemos porque es muy difícil acceder a estas carpetas", señala la activista.
TE PODRÍA INTERESAR
Mujeres que acompañan abortos: la historia de Sandra Cardona
Las integrantes de la Red Guerrerense explican que existen muchas mujeres que desconocen que ya pueden decidir sobre su cuerpo; la información jamás ha llegado a sus comunidades (ni en su lengua) y tampoco hay clínicas rurales pertenecientes a la Secretaría de Salud.
“Ojalá todas las mujeres indígenas encuentren a alguien que les ayude y puedan quedar libres” (Alberto, padre de Aurelia García)
Mujeres indígenas guerrerenses: abuso sexual, uniones infantiles y aborto
“Sabemos que en las comunidades, las mujeres indígenas solicitan los servicios de aborto seguro, entonces, al negarles el ejercicio de este servicio, las colocan en completa vulnerabilidad, pues además anulan el reconocimiento de su autonomía para decidir sobre su cuerpo, quedando así marcada la brecha de desigualdad y discriminación que continúa permeando para esta población” (Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres)
El aborto en esta -y en cada entidad- debe ser entendido desde múltiples aristas e interseccionalidades. Estos son algunos datos alarmantes de la entidad que apuntalan a un trasfondo de abuso, uniones forzadas infantiles y desinformación.
- En Guerrero, el 59% de las adolescencias / infancias de entre 10 y 14 años señalaron haber vivido abuso sexual por parte de un hombre de entre 5 y 45 años mayor que ellas.
- El 5% de los partos de infancias de 10 años pertenecen a Guerrero, siendo Acapulco, Chilpancingo y Tlapa los municipios que atendieron con mayor incidencia estos casos.
- 1 de cada 3 niñas de entre 10 y 14 años que fueron hospitalizadas en Guerrero, se debió a causas maternas de alto riesgo. Por ejemplo, hemorragia obstétrica, enfermedad hipertensión y desgarre de útero.
- 90 mil 562 mujeres de entre 10 y 40 años murieron por causas relacionadas con un aborto realizado en condiciones de riesgo, entre 2010 y 2018
*Con información de Ipas México, consulta el documento completo aquí.
Otra de las cuestiones fundamentales es que, la atención que se les brinda no es integral, algo que expone Janiseli Renata González a través de múltiples casos de adolescencias que fueron víctimas de abuso sexual y se antepone el embarazo, las causas y los estigmas, antes que la salud mental de las menores.
“No se priorizan a las adolescencias / infancias, primero piensan en el estado de salud del producto, en lugar de pensar en la viabilidad de un aborto. No piensan en todo lo que atraviesa esa menor que vivió abuso sexual, siempre sus prejuicios e ideales, están por delante”, explica en entrevista la vocera de la Red guerrerense por los derechos de las mujeres.
En esta entidad, predominan las uniones infantiles forzadas, especialmente, en las zonas rurales y es que, aunque las organizaciones mundiales como Unicef condenan enérgicamente estas prácticas y los países establezcan leyes para evitarlo, muchas de estas uniones se dan al interior de las comunidades que han normalizado y defendido el matrimonio infantil como parte de sus tradiciones, explica Alma Burciaga de la organización Girls, Not Brides para efeminista.
“Hay un montón de leyes que incluso criminalizan, pero no se enfocan en las causas estructurales, es decir, identificar por qué una niña o adolescente está siendo forzada a unirse y en algunos contextos, ¿ella lo está decidiendo?, ¿por qué?, ¿cuántas veces en nuestra vida conocimos a alguien a quien su familia o círculo social le dijo que se casara porque había iniciado su vida sexual o estaba embarazada?, no son sólo casos aislados que suceden en comunidades, es un tema de abusos, de desigualdades sociales, de brecha de género, de deserción escolar, de falta de educación reproductiva, de violencias económicas (…), las niñas y adolescentes tienen derecho a oportunidades, protección y opciones válidas de vida” (Alma Burciaga)
En el caso específico de Guerrero, las leyes contienen múltiples vacíos y el Código Penal reconoce que una persona mayor de 12 años tiene la facultad de consentir una relación sexual, por otra parte, quien mantenga una relación una persona menor de 12 años será sancionado y juzgado bajo el delito de violación.
El derecho al aborto será celebrado cuando existan clínicas en las zonas de difícil acceso, se erradique el matrimonio infantil, se erradique la centralización de la salud y todas las mujeres se sepan autónomas sobre una decisión que le pertenece sólo a ellas; no al Estado, a la familia ni a las instituciones.
“Las infancias y adolescencias guerrerenses son abusadas, incluso antes de tener su primera menstruación. El aborto es una opción para acceder a la justicia y que se comiencen a restaurar una parte de sus derechos.” (Janiseli Renata González Moreno)
