Desde hace décadas, la Ciudad de México ha sido testigo de un fenómeno alarmante que pone en riesgo a las mujeres que integran las corporaciones policiales: la violencia de género dentro de sus propias filas.
Este problema no solo afecta la integridad física y emocional de las mujeres, sino que refleja una grave falla en el sistema institucional que debería protegerlas. La violencia que enfrentan estas mujeres en el ámbito laboral no solo ocurre dentro de la sociedad, sino también en las instituciones encargadas de resguardar la seguridad pública, lo que agrava aún más la situación.
Los datos oficiales revelan que las denuncias por acoso, hostigamiento y abuso sexual dentro de las corporaciones policiales han aumentado en los últimos años. Según información de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) obtenida vía transparencia, en 2012 se registraron solo dos denuncias por violencia de género dentro de las corporaciones policiales. Para octubre de 2024, la cifra ascendió a 453 expedientes en total.
A pesar del aumento de denuncias, la dependencia reconoce que existe un subregistro de casos, ya que no todas las víctimas denuncian. Esto se debe a la falta de confianza en el sistema de justicia, la vergüenza y el miedo a represalias. Además, las fuentes presentadas muestran limitaciones importantes en la información, especialmente en relación con los grados de los involucrados, las sanciones y los tipos específicos de discriminación.
Además de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), otras dependencias también documentaron casos de acoso y violencia de género dentro de sus filas, de acuerdo con distintas solicitudes de información obtenidas vía transparencia.
En total, suman 132 casos abiertos en la Policía Bancaria e Industrial (PBI), 35 expedientes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), 150 expedientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 12 expedientes de la Policía Auxiliar y 2 denuncias de la Universidad de la Policía de la CDMX.
En una solicitud de información distinta, la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México (CDMX) documentó que se han iniciado un total de 1008 carpetas de investigación relacionadas con este tipo de crímenes desde 2019 hasta octubre de 2024 contra elementos de la PBI, SSC y Policía Auxiliar. Sin embargo, la información proporcionada por la Fiscalía no especifica si las víctimas de estos delitos son policías o civiles.
La CDHCM señala que "la información no se tiene registrada de esa manera en el sistema de información", lo que dificulta una medición precisa y detallada de la magnitud del problema y la efectividad de las acciones tomadas por las instituciones. Esta falta de datos específicos revela la falta de un registro adecuado que permita una respuesta institucional efectiva.
La violencia dentro de las corporaciones policiales es una paradoja dolorosa. Las mujeres que forman parte de estas instituciones, cuya misión es proteger y velar por la seguridad de la sociedad, se ven expuestas a un tipo de violencia que proviene de quienes deberían ser sus aliados. El acoso sexual, el hostigamiento y los abusos no solo atentan contra su seguridad personal, sino que afectan directamente su capacidad para desempeñar sus funciones.
María (nombre ficticio para proteger su identidad), quien ha sido parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde hace 10 años, relata su experiencia con esta problemática en una entrevista con La Cadera de Eva. Desde su ingreso a la institución, sufrió acoso sexual por parte de sus superiores. En una ocasión, su jefe la tocó sin su consentimiento, pero ella no se sintió respaldada ni tuvo acceso a mecanismos adecuados para denunciar el abuso.
"Fue abuso sexual porque sí me tocó", recuerda, "pero no fue fácil denunciarlo. La vergüenza y la falta de respaldo institucional hicieron que mi caso nunca procediera". Esta falta de apoyo institucional no es un hecho aislado, sino una constante para muchas mujeres dentro de las corporaciones policiales.
El acoso que María experimentó no se limitó al contacto físico, sino que se extendió a la violación de su intimidad digital. En 2020, fotos privadas de María fueron filtradas en grupos de Facebook de la policía, acompañadas de comentarios difamatorios y datos personales. Las imágenes fueron manipuladas para sexualizar su imagen, colocándola en una posición de extrema vulnerabilidad. "Oye, checa tu Facebook porque ya se filtraron fotos tuyas", le advirtieron algunos de sus compañeros.
Esta filtración de contenido personal no fue tratada de manera efectiva por las autoridades. La respuesta de la policía cibernética fue igualmente decepcionante, ya que no lograron bajar las imágenes ni tomar medidas concretas para sancionar a los responsables.
Este tipo de abuso no solo da cuenta de la vulnerabilidad de las mujeres en estas instituciones, sino que también muestra la ineficacia de las autoridades para abordar la violencia digital, una forma moderna de acoso que, al igual que el físico, deja secuelas profundas en las víctimas.
En palabras de la investigadora Olivia Tena Guerrero, las instituciones policiales, como muchas otras estructuras sociales, están profundamente marcadas por el patriarcado, lo que facilita la reproducción de violencia de género dentro de ellas. Su estudio Mujeres en la Policía. Miradas feministas sobre su experiencia y su entorno laboral subraya la necesidad urgente de visibilizar estos problemas y de realizar cambios estructurales y culturales dentro de las fuerzas de seguridad.
María, quien actualmente ocupa un puesto administrativo dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, describe cómo las mujeres que denuncian o resisten el acoso son sistemáticamente reubicadas en sectores de castigo. "Los sectores de castigo están lejos, y algunas personas deben viajar hasta tres horas para llegar", explica, lo que refleja la discriminación institucional que castiga a las víctimas en lugar de protegerlas. Esto crea un ambiente de represión donde el costo de denunciar el acoso o abuso se vuelve cada vez más alto para las mujeres.
Aunque el número de denuncias ha aumentado, lo que podría indicar una mayor concienciación y disposición por parte de las víctimas para alzar la voz, las autoridades continúan sin tomar medidas efectivas. A pesar de las recomendaciones emitidas por la CDHCM, como las dos recomendaciones formales a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los últimos años, no se ha reportado un avance significativo en la implementación de estas medidas.
El testimonio de María ilustra de manera contundente cómo las mujeres dentro de las corporaciones de seguridad enfrentan un sistema institucional que no solo les niega la protección que necesitan, sino que también las castiga por buscar justicia. A pesar de haber considerado recurrir a un colectivo feminista que ofrece servicios para eliminar contenido digital ofensivo, el costo de mil 500 pesos por este servicio estaba fuera de su alcance, lo que resalta la barrera económicaque muchas víctimas enfrentan cuando intentan proteger su dignidad y privacidad.
La violencia de género dentro de las corporaciones policiales es un problema sistémico que no solo pone en riesgo a las mujeres que trabajan allí, sino que también afecta gravemente a la sociedad en general.
Sin mecanismos efectivos de justicia y sin una voluntad política decidida para abordar estas denuncias, las mujeres en la policía seguirán enfrentando un doble riesgo: la violencia de género en las calles y la violencia estructural dentro de sus propias filas.