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En una región marcada por las brechas tecnológicas y la desigualdad en el acceso a la justicia, el colectivo Defensoras Digitales Michoacán se ha convertido en un actor esencial en la defensa de los derechos digitales de las mujeres.
Su trabajo combina prevención, alfabetización tecnológica y acompañamiento legal con perspectiva de género.Ahora preparan algo que nadie ha hecho antes: el primer protocolo intercultural para acompañar a mujeres indígenas víctimas de violencia digital en una región purépecha en Michoacán.
La colectiva surgió en 2017, cuando sus integrantes comenzaron a organizar foros inspirados en el activismo de Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, que tipifica la violencia digital en México. En Michoacán, las reformas fueron aprobadas en 2019 y publicadas a inicios de 2020, gracias al impulso de las activistas que buscaban visibilizar un problema hasta entonces ignorado en su estado.
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Entre ellas se encuentran Claudia Boyso y Johanna Jannet Balderas, quienes forman parte de la colectiva. Claudia es abogada y se especializa en la prevención de la violencia digital a través de talleres para funcionariado y estudiantes; Johanna, también abogada e ingeniera en Tecnologías de la Información, promueve la inclusión de las mujeres en la tecnología y la participación femenina en las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
“Así como nuestros padres nos enseñaron a no hablar con extraños o no aceptar cosas de desconocidos, hoy tenemos que educar a niñas y mujeres para que aprendan a cuidar su información en línea”, explica Balderas. “Nuestros talleres buscan que las mujeres puedan usar internet sin miedo, con autonomía y conciencia digital”.
Johanna ha identificado barreras estructurales que dificultan el acceso de las mujeres a carreras y empleos tecnológicos: los estereotipos de género desde la infancia, como el síndrome de la impostora, y la falta de representación femenina en las aulas y espacios técnicos. “En mi carrera no tuve ni una sola maestra ingeniera”, recuerda.
Esa falta de representación también se refleja en el mundo digital. Al interactuar con herramientas de inteligencia artificial como Chat GPT, Balderas notó que la información sobre comunidades indígenas era homogeneizada o imprecisa.
“Si pedía generar imágenes o textos sobre pueblos específicos, la respuesta era genérica, como si todas las comunidades fueran iguales. La tecnología reproduce los sesgos de quienes la crean y termina invisibilizando a quienes no están representados en ella”, explica.
De una charla comunitaria a un protocolo
El nuevo proyecto del colectivo nació a partir de una invitación. Una de sus aliadas, Teresa, presidenta del Consejo Comunal de Angahuán, una comunidad indígena de Uruapan, las convocó para ofrecer una charla sobre violencia digital a mujeres de la zona. De ese encuentro surgió algo más grande.
“Con Tere nos conocemos desde el activismo de mujeres jóvenes”, cuenta Boyso. “Ella veía de cerca la violencia que viven las mujeres en el ámbito político y las niñas en las escuelas. La idea inicial era hacer mensajes de perifoneo —como se comunican muchas comunidades— para hablar sobre la violencia contra las mujeres. Luego decidimos ir más allá”.
Ahora, el proyecto evoluciona hacia la creación de un protocolo intercultural de atención a víctimas de violencia digital. Apenas comienzan a trabajarlo junto con las integrantes del Centro Libre de Angahuán, una política pública que acerca la justicia a comunidades donde no hay fiscalías.
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“El plan es capacitarlas para que sean ellas mismas quienes acompañen a las víctimas”, explica Boyso. “Les damos formación en prevención, ciberseguridad, acompañamiento legal con perspectiva intercultural y contención psicológica. Ellas ya son abogadas y conocen las necesidades de su comunidad; nosotras complementamos con la experiencia en violencia digital”.
Justicia digital con enfoque comunitario
El protocolo parte de un modelo previo del colectivo y se adaptará a la realidad cultural y lingüística de Angahuán. Su objetivo principal será identificar espacios seguros y personas de confianza dentro de la comunidad que puedan brindar acompañamiento a víctimas de violencia digital, respetando sus formas locales de organización.
“Queremos que este proyecto sea el primer paso para que las mujeres en comunidades indígenas se reconozcan como sujetas de derechos digitales”, señala Balderas. “Angahuán es el inicio. La meta es replicarlo en otras comunidades del estado”.
