¿Qué pasa después de la violencia sexual digital? Isabella, Johana y Montserrat son sobrevivientes del abuso, acoso y hostigamiento en redes sociales causado tanto por sus exparejas como por la sociedad en general. Sus relatos reflejan la indiferencia social, y la continua desprotección de las mujeres víctimas de violencia sexual digital.
La violencia digital es una modalidad de violencia de género que se caracteriza por actos violentos cometidos o agravados parcial o totalmente por el uso de las tecnologías digitales. A través de ella se pueden perpetrar agresiones en diversas dimensiones: sexual, física, económica, patrimonial y psicológica.
En entrevista con La Cadera de Eva, Marcela Hernández Oropa, cofundadora de la Red de Defensoras Digitales, explica que la violencia sexual digital consiste en una serie de acciones dirigidas a vulnerar la intimidad e integridad sexual de las personas, así como su libre desarrollo de la sexualidad cometidas, instigadas, agravadas total o parcialmente a través de tecnologías digitales o con el uso de dispositivos de las tecnologías digitales.
La violencia sexual digital adopta distintas formas, entre las más comunes está la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, así como la producción de dicho contenido sin el consentimiento de la persona afectada. De la misma manera que las grabaciones no autorizadas en lugares públicos o privados y la manipulación de imágenes o videos mediante herramientas digitales como la inteligencia artificial, Photoshop, utilizando la identidad de una persona sin su autorización.
En México, los datos oficiales que hablan sobre la violencia sexual digital son escasos. El único registro disponible proviene del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Durante 2023, último año en que se realizó la encuesta, el 22% de las mujeres reportaron haber sido víctimas de algún tipo de agresión cibernética, mientras que en los hombres el porcentaje fue del 19.6%.
A pesar de los avances legislativos, como la aprobación de la Ley Olimpia, la reparación del daño sigue siendo un desafío. Según Marcela Oropa, solo el 4% de las víctimas de violencia sexual digital han recibido alguna indemnización económica, a pesar de que la impunidad en estos delitos supera el 95% a nivel nacional. La falta de sanciones efectivas y la detención de investigaciones son obstáculos importantes para que las víctimas obtengan justicia y reparación.
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Las consecuencias emocionales después de la violencia sexual digital
Isabella nunca imaginó que las imágenes que su expareja había difundido en las redes sociales podrían convertirse en una carga que la acompañaría por años. Su historia comenzó a los 16 años. “Todo empieza desde una relación de poder cuando él requería fotografías mías a cambio de pertenecer en la relación. Él se alimentó de estas fotografías mías”, explica en entrevista con La Cadera de Eva.
Su agresor, un hombre que le doblaba la edad, comenzó a difundir las fotografías en redes sociales etiquetando a los familiares y amigos de Isabella como mecanismo de control para evitar que Isabella terminara la relación, con la promesa de que él eliminaría las imágenes.
Ella no sabía que su relación sentimental la arrastraría a un infierno digital que pondría a prueba no solo su intimidad, sino su bienestar emocional, su autoestima y su salud mental.
A sus 25 años, y estando en un cargo alto de marketing y comunicación en una empresa de Ecuador, Isabella fue extorsionada por primera vez. Fue así que la violencia digital comenzó pronto se convirtió en una amenaza constante: “Me llega un mensaje extorsionándome, que si no doy cantidad de mil quinientos dólares iban a difundir las fotografías con todos mis seres queridos y en mi trabajo”, recuerda Isabella.
La extorsión llegó siete años después de terminar la relación cuando ella pensaba que su vida había vuelto a la normalidad. Ella decidió denunciar a su agresor y desde entonces la búsqueda de seguridad y justicia se ha vuelto una constante.
Según Hernández Oropa, la violencia sexual digital deja secuelas emocionales y psicológicas tan graves como una agresión física a excepción de la lesión tangible, y es que a nivel emocional y psicológico éstas son iguales o se pueden presentar con mayor gravedad.
Isabella lo experimentó en carne propia. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, la violencia que sufrió la marcó de una forma que todavía siente.“Sufres mucho en tu autoestima y en la parte de tu sexualidad porque te juzgan a nivel de cuerpo, te juzgan a nivel de tu sexualidad, te juzgan a nivel de algo íntimo. A nivel psicológico sufrí mucho, primero la parte del miedo. La sociedad me juzgó”.
Entre los efectos más comunes a la salud se encuentran ataques de ansiedad, ataques de pánico, baja de autoestima, llantos incontrolables, desarrollo de trastorno paranoide de la personalidad, así como sentimientos de culpabilidad que repercuten en otros ámbitos de la vida como en lo laboral, escolar, y el rechazo social, explica Hernández Oropa.
En el año 2015 Isabella fue candidata a reina de Guayaquil, su ciudad natal; cuando las fotografías llegaron al concurso las candidatas votaron para determinar si Isabella era “digna” de participar. Cada vez que Isabella celebraba un momento especial en su vida, las imágenes resurgían. “De un mes para otro yo subí ochenta libras (lo equivalente a treinta y seis kilogramos) de la depresión porque realmente fue una depresión y me comí mis sentimientos”.
Para ella, la comida se convirtió en un refugio, “un sistema de protección para no ser vista”. para no ser juzgada. Esa lucha con su cuerpo, con su imagen y con su mente sigue siendo una batalla diaria.
Sin embargo, la búsqueda de justicia continúa. El 26 de febrero de 2025, tras concluir el tercer día en la Primera Cumbre de Defensoras Digitales en México, Isabella recibió una llamada de su abogado. La Corte Constitucional de Ecuador había negado a su agresor la solicitud de acción extraordinaria de protección.
Después de participar como ponente en la mesa “Ley Olimpia en América”, Isabella estaba celebrando con familiares y amigos cuando se enteró de las noticias. Aunque su agresor fue declarado culpable en septiembre de 2024, y a medio año de que la sentencia fuera pública, Isabella aún espera la boleta de captura. La justicia, aunque un paso más cerca, sigue siendo una carrera larga y llena de obstáculos.
¿Qué pasa con la reparación del daño y el Estado?
El caso de Isabella no es el único; Johana Beltrán, una mujer originaria de Yucatán, fue víctima de violencia digital en 2016, cuando fotografías íntimas suyas fueron filtradas sin su consentimiento en una red de trata de personas digital. Filtraron su información y además recibió mensajes agresivos: para retirar las imágenes le exigieron un pago de seis mil pesos, una cantidad que logró juntar con el apoyo de sus familiares.
Durante ese tiempo, el término de violencia sexual digital era desconocido por quienes fueron víctimas de este tipo de violencia. Con 26 años, Johana fue revictimizada al momento de hacer una denuncia. “Me hicieron preguntas horribles desde por qué lo hice, me dijeron que fue mi culpa por haberle proporcionado mis datos. No teníamos un nombre, no sabíamos cómo nombrarle".
“No solamente yo era mal vista, también toda mi familia, a mi mamá le preguntaban cosas muy feas y la veían así como de pobrecita. La verdad es que cuando yo llegaba a Mérida no salía, me quedaba encerrada en mi casa”.
Johana encontró refugió en sus amigas, quienes la apoyaron durante el proceso. “Estaban ahí conmigo tratando de hacerme reír, platicándome de cosas ajenas a eso. Nunca me cuestionaron. Eso me ayudó bastante. Al final del día, ellas tampoco sabían que era violencia digital.
En un principio yo creo que la reparación del daño fue a través de mi familia, mi red apoyo, muy contadas estaban, pero estaban de verdad y fueron en ese momento mis fortalezas.
“Yo creo que la reparación del daño es el hecho concreto de que mi familia y mis amigas creyeran en mí y me apoyaran en el proceso terapéutico”, explica Johana. En 2021 la carpeta de investigación de Johana fue cerrada, meses después, la Ley Olimpia fue aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de abril.
Las barreras legales para llegar a la reparación integral incluyen desde falta de conocimiento de las personas servidoras públicas, falta de sensibilidad, revictimización.
Mónica Baya, Asesora jurídica de la organización Equality Now en Bolivia, subraya en el día dos de la Primera Cumbre de Defensoras Digitales en Latinoamérica que acceder a la justicia no significa únicamente la posibilidad de hacer una denuncia, que se investigue el caso, que eventualmente haya un enjuiciamiento y una sentencia para el agresor cuando corresponda, sino que se logre una reparación del daño.
Oropa menciona que los mecanismos por parte del Estado para garantizar una reparación del daño más allá de lo económico son ineficientes, y es que para lograr una indemnización económica se necesitaría que primero el agresor fuera sentenciado culpable y cruzar las barreras de lo probatorio.
La reparación integral es una obligación constitucional y legal para los Estados, como lo establece la “Declaración de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer”, que hace referencia al deber de los Estados del acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño y otras medidas de compensación justas y eficaces, explica Mónica Baya.
Esto implica acompañar a las víctimas durante el proceso, apoyos en términos de salud física, psicológica, psiquiátrica y en servicios médicos de salud sexual y reproductiva a partir de del primer momento donde se debe evitar también la atención integral a las víctimas, así como las disculpas públicas por parte de los agresores y cómplices, pero también de funcionarios en términos de errores, fallas, omisiones, negligencias, en el proceso al acceso a la justicia, y de medidas de no repetición.
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“No nos podemos quedar sentadas esperando a que el Estado nos haga justicia. Cuando nosotras hablamos de reparación del daño nos referimos a cosas que no tienen que ver con la institución, sino a la construcción de redes de apoyo, a transformar tu historia de revictimización a convertirte en activista para que otras no tengan que vivir lo mismo que tú en ese sentido, crear comunidades, crear este redes de apoyo y así reparar el daño que vivimos”, reflexiona Oropa.
El caso de Montserrat Herrera es incluso más complejo. Ocurrió en el 2019, cuando tenía tan sólo 15 años y cursaba el segundo grado de preparatoria. Un grupo de siete personas, entre quienes se encontraba su mejor amigo, robaron contenido íntimo un año atrás, lo difundieron en redes sociales, lo vendieron por cincuenta pesos y lo subieron a una página de Only Fans en Yucatán.
En el momento que ocurrieron los hechos el movimiento de la Ley Olimpia apenas comenzaba a reconocerse, por lo que el delito fue catalogado como pornografía infantil. “La carta está por pornografía infantil, porque la fiscalía, al menos aquí en Yucatán, no sabe cómo poner ese ese delito. La Ley Olimpia está derogada aquí en el estado, entonces no procede”.
Al momento de denunciar el acto frente a las autoridades educativas fue revictimizada, señalada por el acto, y atendida fuera del protocolo de seguridad. “Me dieron dos opciones, si quería que se enterara mi mamá íbamos a hablar con el director y se hacía la denuncia, y me dio otra opción, ‘que no se enteré tu mamá y tú resuelves como tú quieras’.
Los daños entrelazados con la violencia sexual digital tambíen abarcan las relaciones sociales, que se ven afectadas por la idea de que revictimizante de que la víctima es la persona culpable por haber compartido material intímo con una persona de confianza.
“Estas relaciones sociales se extienden a otros espacios, pueden extenderse a otros espacios educativos y laborales. Hay daños económicos, que no derivan únicamente del gasto que se genera en buscar justicia, sino muchas veces pérdidas de trabajo o abandonos mismos de los espacios laborales porque ya se vuelve insostenible”, explica Manuela Narayani Rivera Terán, especialista en violencia digital de género en Internet en Bolivia.
“Yo no tenía amigas, me quedé completamente sola. Me cambiaron de fútbol, mi materia favorita, porque las niñas eran muy malas, ‘tú eres la de la del video’, decían. Entonces sufrí ese tipo de violencias en la escuela, la escuela jamás me apoyó”.
En ese sentido la reparación de daño implica reconstruir la percepción que se tiene alrededor de la violencia sexual digital y que se reconozcan tanto a la víctima como a los agresores y cómplices como tal, desde la perspectiva de género.
“Te están quitando el derecho a tener una vida plena y de vivir tu sexualidad, te están poniendo una carga de culpabilidad que no va”, cuenta Monserrat Herrera, a cinco años de violencia.
Las voces de Isabella, Johana y Montserrat reunidas en este texto coinciden en que la presión y culpabilidad hacia las víctimas de violencia sexual digital debe ser erradicada de la conversación social que revictimiza a las mujeres, como un primer paso hacia la reparación del daño fuera de los mecanismos institucionales.
Para Isabella, su conexión con Dios y con la religión fue el ancla que le dio fuerza para continuar en la batalla legal de más de cinco años, y es que, además de tener amistades y vínculos familiares que la apoyaron, unos con reservas y otros abiertamente, la fe fue, en su caso, una forma de reparadora de seguir con el proceso. “Si yo no hubiera tenido la fe que tengo, yo hubiera desistido”, cuenta en la entrevista.
En el caso de Johana, quien después de muchos años de no hablar del tema accede a la entrevista, reflexiona que contar los hechos desde su perspectiva como sobreviviente es su propia forma de reparar el daño. Así, desde su trabajo en el Frente Nacional de Solidaridad de Yucatán puede concientizar a las más jóvenes sobre la violencia digital sexual.
“Qué restaurador también es el hecho de hablarlo, qué restaurador es el hecho de incidir en algo positivo”, concluye Johana.
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