Emma Gabriela, Alicia, Cecilia y Rosaura, son algunos de los nombres de mujeres que denunciaron violencia vicaria y después fueron asesinadas. Sus feminicdios muestran el horror de la violencia contra las mujeres que sacude a México, donde no sólo asesinan a 11 mujeres al día, en promedio, sino que también comparten un patrón de violencia escalada: denuncias desatendidas por autoridades que minimizan el riesgo, agresores con poder o influencia que obstaculizan la justicia, y una motivación de control y castigo que termina arrebatándoles la vida.
La violencia vicaria es precisamente esa forma de violencia que se ejerce utilizando a los hijos e hijas como medio para herir y controlar a la madre. Esta término fue acuñado por la psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro en 2012, y desde entonces se ha reconocido como una forma de violencia que se entrelaza con otras conductas violentas, como la violencia familiar y el infanticidio, creando un círculo de violencia que es difícil de romper y que en muchos casos culmina en feminicidio.
En entrevista con La Cadera de Eva, Jennifer Seifert Braun, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Tania Robledo Banda, abogada y responsable de medios de la Fundación del Centro APIS para la Equidad, coinciden que la violencia vicaria y el feminicidio están estrechamente vinculados.
La impunidad y la falta de protección efectiva para las mujeres y sus hijos e hijas permiten que los agresores utilicen a las infancias como instrumento de control y daño hacia la madre, y cuando esto no es suficiente, la violencia puede escalar hasta el asesinato.
A pesar de la gravedad de la violencia vicaria en México, no existen registros oficiales que permitan conocer la magnitud de este problema. Las investigaciones tanto de feminicidio como violencia vicaria suelen ser clasificados como violencia familiar, lo que dificulta su abordaje adecuado y limita la capacidad para vincular ambos tipos de violencia, coinciden las especialistas.
TE PODRÍA INTERESAR
Violencia vicaria: mujeres del Caso 992 llevan su lucha a la SCJN
Sobrevivir al horror
Grace Luna sobrevivió al horror de un intento de feminicidio en 2020, un punto de inflexión que la lanzó a un camino marcado por la violencia vicaria y la negligencia institucional. La violencia que casi le arrebató la vida fue solo el inicio de una pesadilla que se extendió hacia sus hijos, exacerbada por la omisión de las autoridades.
A pesar de denunciar el intento de feminicidio en Perote, Veracruz, su caso fue minimizado y tipificado como violencia familiar por la fiscalía del estado. Esta falta de reconocimiento de la gravedad de la agresión permitió que su agresor fuera liberado, debido a que la fiscalía estatal y el abogado de Grace no pudieron demostrar legalmente que ella y su agresor habían vivido juntos en concubinato.
Esto implicó para Grace una escalada de violencia, su agresor utilizó a sus hijos como instrumento de castigo, llegando incluso a retener a uno de sus gemelos durante más de año y medio. Todo esto sucedió con la pasividad inicial de las autoridades, quienes desestimaron la denuncia de Grace, a pesar de los antecedentes de violencia familiar.
"Lo primero que me dijeron fue, 'No pasa nada, el niño está con su papá, entonces no podemos levantarle la denuncia.' Estuve insistiendo y esa denuncia la pude levantar hasta diciembre, porque no me querían tomar la denuncia" (Grace Luna)
La revictimización institucional no terminó ahí. A pesar de contar con medidas de protección tras la tentativa de feminicidio, Grace fue citada por el DIF para conciliar con su agresor bajo amenazas y coacción, obligándola a estar en su presencia y firmar un convenio que le permitía a él ver a sus hijos.
"En muchas ocasiones incluso se impone que los niños tengan sus visitas en el Secofam con los agresores, a pesar de que algunos de ellos incluso están denunciados por violencia sexual y aún así les dan las convivencias" (Grace Luna)
Esta cadena de obstáculos, y la prolongada separación de su hijo, dejaron profundas heridas emocionales tanto en Grace como en sus hijos, quienes pudieron reencontrarse casi dos años después de la sustracción.
"Mi hijo, a pesar de que ya han pasado casi dos años desde que él fue restituido este a su casa, a su hogar, aún así él no habla nada de lo que pasó en ese tiempo que estuvo sustraído... Aún no puede expresar lo que vivió en ese tiempo" ( Grace Luna)
Actualmente el agresor de Grace Luna se encuentra en prisión por el delito de secuestro, un caso diferente al de la violencia familiar y tentativa de feminicidio que ella sufrió.
"Estoy tranquila porque sé que está en prisión, pero ahí vemos también que en realidad las cárceles en nuestro país no son centros de readaptación, o sea, esta persona entró a prisión preventiva por violencia familiar, salió a delinquir, pero ahora en un delito mucho más grave. Durante mucho tiempo yo les estuve diciendo que era una persona peligrosa, que podía llegar a causar muchísimo daño y no me hicieron caso" (Grace Luna)
TE PODRÍA INTERESAR
Justicia para Mafer Turrent, víctima de violencia vicaria
Radiografía de la desprotección
El caso de Grace no es un caso aislado. La historia de Rosaura en Hidalgo es otro ejemplo trágico de las fallas del Estado en proteger a las mujeres víctimas de violencia vicaria. A pesar de haber denunciado a su expareja Marco Antonio, un policía con antecedentes violentos, por violencia familiar y privación ilegal de la libertad, la jueza Janett Montiel Mendoza suspendió el proceso con una orden de restricción que resultó ineficaz. El 5 de febrero, Rosaura, junto con su padre, su madre y su hermano, fueron brutalmente asesinados por su expareja.
Antes de su feminicidio, Rosaura se había puesto en contacto con el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, compartiendo su historia y buscando apoyo. Desafortunadamente perdieron contacto con ella y unas semanas después, el frente se enteró en las noticias que la expareja de Rosaura había cumplido su amenaza y le había quitado la vida.
Jennifer Seifert Braun, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, explica que el caso de Rosaura refleja una “miopía judicial que ignora la escalada de violencia que el Frente Feminicidios ha identificado como un patrón común que precede a feminicidios”.
En este patrón, las amenazas de muerte a mujeres por parte de sus exparejas o parejas son minimizadas por parte de las autoridades, quienes las tratan como un simple "problema de pareja". Según Seifert Braun, este trágico evento se alinea con la venganza extrema que los agresores ejercen cuando las mujeres intentan romper el ciclo de violencia y denunciar.
"'Te voy a matar' es una frase que muchas mujeres escuchan constantemente. Sin embargo, al acudir a la policía, la respuesta suele ser: 'si lo dice no lo va a hacer'" (Jennifer Seifert Braun, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.)
La impunidad y la falta de medidas de protección efectivas para las mujeres y sus hijos en casos de violencia vicaria son factores que contribuyen a la trágica conexión con el feminicidio. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), señala que la debilidad de los mecanismos de protección para las mujeres que denuncian este tipo de violencia es una de las principales problemáticas.
En particular, Estrada destaca que a pesar de los avances legislativos en materia de violencia vicaria, la implementación y la protección real siguen siendo deficientes debido a la corrupción y los prejuicios dentro de las instituciones, pues existe una mentalidad "familística" que prioriza la figura paterna sin considerar el riesgo que representa el padre violento para la madre y sus hijos e hijas.
"Tenemos que romper esa mentalidad y tener una mirada de derechos humanos, de protección a la infancia y de protección a las mujeres" (María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).)
La coordinadora del OCNF subraya la necesidad de evaluar debidamente el riesgo no solo para las mujeres, sino también para las y los hijos, especialmente cuando existen denuncias de violencia familiar o abuso sexual. Las medidas de protección actuales, como los botones de pánico y las órdenes de restricción, a menudo resultan insuficientes. El feminicidio de Emma Gabriela es un ejemplo trágico de esta problemática.
Emma Gabriela fue víctima de feminicidio en 2017 a manos de Alberto Medina Sonda, un alto funcionario del gobierno de Tabasco, quien fue sentenciado a 50 años de cárcel. Después de que le retiraran la custodia de sus hijos debido a cargos de robo de autos, Emma luchó durante dos años para recuperarla. Durante ese tiempo, fue retenida durante cuatro meses y sufrió agresiones, mientras que sus hijos fueron raptados por su padre y llevados a Tabasco.
A pesar de las denuncias de amenazas de muerte, las autoridades minimizaron el riesgo debido a que Alberto Medina estaba en prisión por corrupción. Sin embargo, esto no impidió que Emma fuera asesinada por sicarios contratados.
Este caso, según María de la Luz Estrada, refleja la falta de protección adecuada para las mujeres que denuncian violencia vicaria, especialmente cuando el agresor tiene poder político o económico y puede manipular a las autoridades.
Tanto el Observatorio como el Frente han detectado que cuando la pareja agresora tiene poder, ya sea económico, político o por su posición en instituciones como la policía o el Poder Judicial, se facilita la instrumentalización de la justicia para dañar a las mujeres.
Esta situación, sumada a la falta de datos precisos sobre casos de violencia vicaria que terminan en feminicidio, dificulta la comprensión y la atención integral de esta grave problemática.
Además del feminicidio de Ema Gabriela, los asesinatos de Cecilia Monzón en Puebla y Alicia Díaz González en Nuevo León, presentan patrones similares: ambos casos involucran la disputa por la custodia de las y los hijos y el ejercicio de poder por parte de los agresores, culminando en la muerte de las mujeres.
TE PODRÍA INTERESAR
Violencia obstétrica, digital y vicaria: nuevas formas de opresión
Suicidio inducido
El suicidio inducido es otra manifestación de la violencia feminicida, según Jennifer Seifert Braun se trata de una forma de violencia extrema en la que los agresores llevan a sus víctimas a un punto de desesperación tal que terminan quitándose la vida.
"Muchas veces, el tema del suicidio tiene más que ver con la afectación psicológica y lo que la víctima trae consigo. Los agresores logran su cometido físicamente sin tocar a la víctima, manipulándola psicológicamente hasta un límite insostenible" (Jennifer Seifert Braun, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.)
El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria ha documentado ocho casos de suicidio inducido, en los que las mujeres decidieron quitarse la vida tras ser sometidas a una violencia sistemática que les dejó sin recursos económicos, apoyo emocional o la posibilidad de ver a sus hijos.
Un caso particularmente impactante es el de una mujer en San Luis Potosí, quien fue internada por su agresor en un anexo donde sufrió graves abusos, incluyendo violación, lo que finalmente la llevó al suicidio tras ser dada de alta.
Jennifer Seifert Braun enfatiza que, en muchos de estos trágicos desenlaces, existen denuncias previas o avisos a las autoridades, incluso a través de procesos familiares vinculados a la custodia de los hijos.
Según los registros del Frente, el 88% de las mujeres que forman parte de la organización tienen una denuncia penal en su contra por parte de sus agresores, muchas de ellas con acusaciones falsas. Esto representa al menos 4 mil 226 mujeres de las 5 mil que integran el Frente.
María Luz Estrada, del Observatorio Nacional Feminicidio, coinciden en que el suicidio inducido es una consecuencia devastadora de la violencia de género, donde el control y el daño psicológico infligido por el agresor terminan por despojar a la víctima de su voluntad de vivir. La falta de reconocimiento y la minimización de estas situaciones por parte de las autoridades son un obstáculo adicional para prevenir estas tragedias.
TE PODRÍA INTERESAR
Violencia vicaria: 88% de las víctimas enfrentan denuncias falsas
¿Qué dice la ley al respecto?
La sentencia del Caso 12.626 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca la importancia de proteger a los hijos en casos de violencia doméstica, al considerar la omisión del Estado en garantizar el cumplimiento de las órdenes de protección, poniendo en riesgo la vida de los menores.
A pesar de esta claridad, los casos de violencia vicaria siguen siendo invisibilizados y mal interpretados por las autoridades.Tania Robledo Banda, abogada y responsable de medios de la Fundación del Centro APIS para la Equidad, señala que la amenaza "te voy a quitar a los hijos", al surgir la posibilidad de divorcio, debería ser una señal de alerta para implementar medidas de protección inmediatas para las infancias.
En este contexto, la experiencia de Robledo Banda coincide con la sentencia de la CIDH en la importancia de reconocer la violencia vicaria como una forma de violencia que pone en riesgo la vida de los hijos y la madre. Es fundamental que las autoridades entiendan esta dinámica y tomen medidas efectivas para prevenir y erradicar esta forma de violencia.
Tania Robledo Banda explica que históricamente, la violencia familiar y la violencia de género se han abordado de manera diferenciada de las situaciones en las que hay hijas e hijos involucrados. Esta separación ha llevado a que no se considere la violencia de un agresor como un patrón que se extiende a todas sus esferas sociales, sin tomar en cuenta el modelo de Duluth de los años 80, el cual desnaturaliza la violencia masculina como una reacción patológica, entendiéndola como "una decisión personal".
Esta perspectiva es crucial para comprender cómo hombres generadores de violencia utilizan a sus hijos e hijas como "carne de cañón" para controlar, dominar y someter a sus exparejas o parejas.
"Una persona generadora de violencia va a repartir violencia en todas sus esferas de vida" (Tania Robledo Banda, abogada y responsable de medios de la Fundación del Centro APIS.)
Sin embargo, persiste en la sociedad, e incluso en algunos sectores judiciales, una visión que separa la figura del padre de la relación de pareja, priorizando el derecho de los niños a tener un padre, incluso en contextos de violencia.
Al abordar la pregunta sobre cómo demostrar legalmente el vínculo entre la violencia vicaria y el feminicidio, Robledo destaca que la clave radica en "creerles a las víctimas de lo que están viviendo" desde el primer momento.
Propone que al existir una denuncia por violencia, la orden de restricción debería extenderse automáticamente a las y los hijos, mientras el Estado investiga la situación. Además, enfatiza que el derecho a la vida del menor prevalece sobre el derecho del menor a tener un padre, especialmente cuando existe un riesgo evidente.
Robledo critica la visión separada entre la violencia contra las mujeres y la protección de la infancia, señalando que esta falta de perspectiva de género e infancia, y la ausencia de una mirada interseccional, contribuyen a que los casos de violencia vicaria no se reconozcan y terminen en feminicidio o infanticidio.
Para evitar estas tragedias, Tania Robledo menciona que es necesaria la capacitación con perspectiva de género para los operadores de justicia y para quienes atienden directamente a las víctimas, así como la necesidad de una visión integral que reconozca la violencia vicaria como un eslabón crucial en la cadena de la violencia feminicida.
TE PODRÍA INTERESAR
