El próximo 1° de junio, México vivirá un proceso electoral inédito: por primera vez, la ciudadanía podrá elegir directamente a quienes integrarán distintos cargos del Poder Judicial. Sin embargo, lejos de celebrarse como un avance democrático, este proceso ha estado marcado por varias incongruencias, desde la desinformación, la opacidad y una abrumadora carga burocrática que plantea una pregunta incómoda: ¿realmente podemos ejercer un voto informado?
Una plataforma que intenta informar
Para acercar a la ciudadanía a las candidaturas, el Instituto Nacional Electoral (INE) habilitó la plataforma Conóceles que alberga los perfiles de 3 mil 417 aspirantes a cargos que van desde Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Regional de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistrados y Jueces de Distrito.
En teoría, la plataforma permitiría conocer a quienes buscan integrarse al sistema judicial; en la práctica, el panorama es distinto, pues presenta enlaces rotos, perfiles incompletos, e incluso documentos curriculares de más de diez páginas con información irrelevante o poco útil para evaluar la idoneidad del perfil.
En el caso de los aspirantes a Ministros de la SCJN podemos encontrar que algunos incluyeron en su “CV” desde certificados de Tae Kwon Do hasta diplomados en bioastrología, que no están relacionados con la idoneidad del perfil. Además, Conóceles omite información relevante, como la postura de los candidatos frente a la violencia de género, las desapariciones o las sentencias en las que han intervenido.
Captura de pantalla del sitio web del INE Conóceles, Ubica y Práctica https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/
¿Un proceso electoral inclusivo?
Aunque en los últimos años hemos vivido una creciente digitalización de los servicios, en México todavía hay millones de personas sin acceso a internet.Según la ENDUTIH 2024, sólo el 68.5% de la población rural está conectada, frente al 86.9% urbana. Esta brecha excluye a quienes no pueden consultar plataformas digitales como la del INE, afectando especialmente a personas mayores o sin acceso a tecnología.
Tampoco se han publicado datos desagregados sobre si las personas candidatas pertenecen a grupos históricamente excluidos. De acuerdo con el diario El País, solo seis aspirantes se han identificado como parte de comunidades indígenas, y los perfiles LGBTIQ+ apenas han sido visibilizados en la Ciudad de México. La falta de representación no permite la visibilización y la aplicación de los principios que protejan los derechos humanos.
¿Qué alternativas hay para informarnos?
Ante la escasa claridad institucional, organizaciones de la sociedad civil han buscado llenar los vacíos de información. Por ejemplo, el Observatorio Electoral Judicial, impulsado por organizaciones como México Evalúa, Laboratorio Electoral, Práctica y Disentir, ofrece análisis independientes sobre los perfiles. Otras herramientas como Ojo en la Justicia y el semáforo de riesgos de Defensores también permiten una evaluación más crítica.
Desacuerdos políticos y candidaturas en duda
El proceso tampoco ha estado exento de tensiones institucionales. Recientemente el INE tuvo un desacuerdo público con el Presidente de la Mesa Directiva del Senado debido a la impugnación de múltiples candidaturas. El Instituto se vio obligado a revisar la elegibilidad de las personas postuladas y anunció la cancelación de al menos 17 candidaturas.
Estos desacuerdos exponen las fisuras del mecanismo de preselección y dejan en entredicho la seriedad con la que se ha manejado un proceso tan delicado como el de definir quién impartirá justicia en el país.
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Nexos con el crimen organizado
Uno de los aspectos más preocupantes es el riesgo de que personas con vínculos con el crimen organizado lleguen a ocupar estos cargos.Pese a la existencia de comités evaluadores, ya se han detectado perfiles con antecedentes preocupantes y posibles nexos con grupos delictivos. Esta situación lanza el mensaje inquietante: quienes habrán de impartir justicia podrían estar sujetos a intereses que contradicen el Estado de derecho.
Entonces, ¿votar o no votar?
Desde Impunidad Cero lanzamos una encuesta en Instagram para saber si nuestras seguidoras y seguidores planeaban participar en la elección judicial. La opción más votada fue: “Quiero votar, pero necesito más información”. Esta respuesta resume la sensación general: sí hay voluntad de participar, pero no se han brindado las condiciones necesarias para ejercer un voto informado, razonado y útil.
Votar sigue siendo una herramienta democrática valiosa. Pero en este caso, la forma en que se ha diseñado el proceso invita a cuestionar si la ciudadanía puede realmente ejercer su derecho de forma libre e informada.
Si el país planea continuar con este mecanismo para elegir a integrantes del Poder Judicial, será urgente rediseñar el proceso. La participación de observatorios ciudadanos en las comisiones de selección, la estandarización de los perfiles, el acceso claro y sencillo a la información y la inclusión de sectores vulnerables no deberían ser opcionales sino condiciones mínimas para que la democracia no se convierta en una simulación.
