En el marco de mi investigación doctoral colaboré con 18 mujeres mayores en Mérida, Yucatán, todas ellas cuidadoras no remuneradas de otras personas mayores con quienes tenían vínculos familiares. Hijas, hermanas y esposas que sostenían, muchas veces en solitario, las exigencias del cuidado directo.
A lo largo de nuestros encuentros, emergió un tema recurrente en sus reflexiones sobre el futuro: el deseo explícito de transitar sus vejeces en residencias de cuidados prolongados en caso de desarrollar ciertas patologías y con ello, requerir cuidados intensos, extensos y/o especializados.
Sus testimonios revelaban una comprensión profunda de la exigencia física y emocional que implica el cuidado de las personas mayores: “Sé lo desgastante que es cuidar; es imposible que llegue intacta, ya estoy presentando enfermedades”. “No quiero convertir a mis hijos en prisioneros de mi cuidado. Yo lo vivo ahora y, aunque lo hago con amor, no podría permitir que sacrificaran su vida”.
“Ya lo hemos decidido, mi esposo y yo queremos ingresar a una casa de retiro y pagar por nuestros cuidados”. Estas declaraciones ponen de relieve un dilema complejo: aun cuando han sido el pilar del cuidado en sus familias, muchas de ellas rechazan perpetuar este ciclo en las generaciones siguientes.
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Este dilema, a su vez, abre interrogantes sobre la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de cuidado fuera del ámbito familiar, en un contexto marcado por profundas transformaciones demográficas. El envejecimiento acelerado, impulsado por el aumento en la esperanza de vida, ha generado un crecimiento sostenido de la población mayor.
Sin embargo, en contextos de ingresos bajos y medios, este proceso enfrenta una doble carga: por un lado, la mayor longevidad; por otro, la precariedad en las condiciones en las que se alcanza la vejez. El incremento descontrolado de enfermedades crónicas ha dado lugar a un escenario en el que se viven más años, pero con mayores niveles de discapacidad y dependencia funcional.
En este sentido, los cuidados de largo plazo (CLP), definidos como los servicios dirigidos a personas con capacidad funcional reducida, ya sea física o cognitiva, presentan una amplia variabilidad en cuanto a su provisión. Pueden ser institucionales o domiciliarios, formales o informales, remunerados o no.
Sin embargo, en México, la oferta de CLP en instituciones permanentes o temporales recae casi exclusivamente en instituciones privadas. No obstante, a pesar de su creciente relevancia, persiste una notable falta de información sobre el número de residencias existentes, la naturaleza de sus servicios, sus costos o el perfil de las personas atendidas.
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Por tanto, dado que este tema surgía de manera recurrente en los encuentros con las cuidadoras mayores, decidí investigar los costos de las residencias de cuidados prolongados para las vejeces en Mérida, Yucatán.
Desde una perspectiva crítica, esta exploración me llevó a una reflexión crucial: ¿es posible pensar en estos espacios? Cuando las mujeres mencionan que ahorran para su vejez, ¿se dimensiona realmente el costo en proporción con los años que podrían permanecer en estas instituciones?
¿Quiénes tienen la capacidad económica para costear estos servicios y qué sucede con quienes carecen de los recursos suficientes? En este contexto, pensar en alternativas fuera del modelo familista de cuidados se vuelve una tarea compleja, pues la pregunta central deja de ser cómo quisieras ser cuidada, cuidar o autocuidarte, para transformarse en una cuestión de posibilidades materiales: ¿hasta dónde alcanzan tus recursos?
En Mérida, la única opción municipal-pública disponible es el albergue ‘‘Renacer’’, dirigido a personas en estado de desamparo y abandono. Ante la ausencia de un sistema público de CLP, realicé un mapeo de 27 residencias privadas a través del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) y del Mapa de Cuidados (MACU), analizando costos y servicios.
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Los hallazgos revelan que estos cuidados prolongados son un privilegio inaccesible para la mayoría. Con tarifas mensuales que oscilan entre $8,700 y $54,000, además de cuotas de inscripción de hasta $10,000, estos espacios quedan fuera del alcance de quienes dependen de una pensión universal de $6,200 bimestrales o de ingresos provenientes del trabajo informal, como la venta de alimentos o productos por catálogo.
En un contexto donde el salario promedio en Yucatán apenas alcanza los $6,720 mensuales (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2023), la posibilidad de acceder a estos servicios, aunque anhelada por ellas, es una opción reservada para unos pocos.
Por ello, el debate sobre los cuidados en Mérida no debe centrarse únicamente en la ‘‘desvinculación’’ de las familias. Es imprescindible cuestionar a otro actor central: el mercado. La provisión de cuidados prolongados no puede quedar exclusivamente en manos de empresas privadas sin una regulación clara ni mecanismos de financiamiento accesibles. Hablar de cuidados implica discutir su accesibilidad, la distribución de responsabilidades y la necesidad de un sistema público que garantice derechos y no privilegios.
Referencias:
Aguirre, R. (2008). El futuro del cuidado. En I. Arriagada (Ed.). Futuro para las Familias y Desafíos para las Políticas. Serie Seminarios y Conferencias, (pp. 23-34). CEPAL.
Garfías, M. y Vasil’eva, J. (2020). 24/7. De la reflexión a la acción, por un México que cuida. Friedrich Ebert Stiftung.
Ham, R. (2012). Consecuencias y caminos de envejecimiento demográfico. En O. Manuel y P. Jean-François (Eds.), Los grandes problemas de México (pp. 23-26). Colegio de México.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/.
Instituto Nacional de Geriatría. (2025). Sistema de Cuidados para las personas mayores con dependencia en México: Diagnóstico y elementos clave para el diseño e implementación. Secretaría de Salud e Instituto Nacional de Geriatría.
Oddone, M.J. (2020). El sistema de cuidados a largo plazo para personas mayores. Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
