“Nunca descansarán mis pasos hasta que el fulgor de la justicia resplandezca en la montaña y alivie mi eterno dolor […] sus denuncias como certeras saetas están grabadas en nuestros corazones y en estas páginas que atesoramos. Sus nombres que nunca olvidaremos, el Estado tiene la obligación de honrarlos”.
Cómo poner en palabras, aquellas vivencias que los perpetuadores causan a sus víctimas, confusión, tristeza, rabia, miedo, impotencia, vulnerabilidad, dolor extremo, confusión y devastación ante la tortura ejercida en su ser, su mente, su cuerpo, su familia, y su entorno. Cómo entender que existen derechos a la libre expresión, de credos y manifestaciones, y al mismo tiempo, por ejercerlos se tortura y se arranca la vida.
Al respecto, Pau Pérez-Sales, psiquiatra y director del Postdoctorado en Salud Mental en Violencia Política y Catástrofes de la Universidad Complutense de Madrid, y del Centro SiRa, Centro de investigación, documentación forense y rehabilitación de Víctimas de Malos Tratos y Tortura, plantea que cuando se habla de perpetradores es importante visualizar que no es una persona aislada, sino una cadena estructurada en un sistema con dos discursos. En dicha cadena, se ubica primero al ejecutor directo, que recibe ordenes, luego se ubica a quien diseña la estrategia, y en un tercer lugar, se encuentra al ideólogo, el cual crea la estrategia.
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El cuidado de la vida en contextos de desaparición forzada
De igual forma, Mariana Castilla, consultora y asesora técnica en desapariciones forzadas en el contexto mexicano, junto con otros colegas, refieren que las desapariciones forzadas son un “fenómeno sistemático y reiterado que está destinado no sólo a producir la desaparición misma, momentánea o permanentemente, de determinadas personas, sino también un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor”, lo cual me conectó, con la noticia de que esta semana en Culiacán, Sinaloa se registraron enfrentamientos armados, y la gente no puede salir de sus casas.
Algo también cotidiano para Reynosa, San Fernando, Guerrero, Veracruz, luego pienso, en Chiapas que no deja de tener desplazamientos, sin olvidar Acteal, la muerte de 55 migrantes centroamericanos en Chiapas, la masacre de El Charco, los estudiantes del 68, los 43 jóvenes de Ayotzinapa, y un innumerable listado de casos, que forman parte de la impunidad de nuestro país, creando un ambiente de desesperanza.
Así, el 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, y diversos colectivos se reunieron en el Ángel de la Independencia de la CDMX, y en otros estados, para manifestarse a través de marchas, talleres, presentaciones de libros, asesorías, y mesas de trabajo, para seguirlos nombrando y exigir justicia.
En dicho marco, el Mecanismos para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), presentó un primer Informe sobre la Guerra Sucia en México, durante el periodo de 1965 a 1990, en el cual identificaron a 15 conjuntos de víctimas: “comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas en la lucha por sus territorios, población que se opuso a políticas públicas de desarrollo, habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico, personas marginalizadas y criminalizadas, integrantes de las fuerzas armadas y policiales, disidencias político-partidistas, movimiento urbano popular, disidencias sexo-genéricas y religiosas, periodistas, personas refugiadas guatemaltecas, organizaciones político-militares, movimientos estudiantiles, así como, laborales-sindicales y redes de apoyo contra la represión”.
De igual forma, se suman otros registros como el de la serie Ayotzinapa, un crimen de Estado, HBO, DEMAC en su convocatoria de testimonios “madres buscadoras”, el cual presentarán próximamente, Alicia de los Ríos Merino, quien integró 20 ensayos en el libro “Las luchas por la memoria”, así como la academia, cantantes, organizaciones, y activistas de derechos humanos que intentan hacer visible estos crímenes de lesa humanidad, para poner fin a la impunidad, aportando al desmantelamiento de la estructura gubernamental con doble discurso, el cual promueve la tortura sistemática como una forma de control social, poniendo en mayor desventaja a las mujeres.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones con los Hogares (ENDIREH) 2021, muestra que 2951 mujeres señalaron a agentes de seguridad, policía o militar como los principales agresores.
Finalmente, después de la vulneración de sus derechos humanos, cómo vivir con esa ausencia, y luego, cómo retomar la vida, cuando el impacto es devastador, división y desintegración de la familia, incertidumbre, miedo, ansiedad, culpa, dolor, ganas de quitarse la vida, traumas, hambre, cambios en los roles comunitarios, vivir con el riesgo y amenazas constantes.
En el caso de las mujeres viudas son despojadas de sus casas y tierras, cómo vivir y no perder la razón, pues abrazan su dolor, comienzan de la nada y luchan porque el estado reconozca su responsabilidad con sus muertos, exigiéndole no más torturas y desaparecidos, “a los pueblos, a cada persona que, en plena obscuridad de la violencia, su luz alumbra los caminos que nos guían hacia el sentido más profundo para la paz, donde arde el fuego de la vida” (Informe Frayba 2023).