La violencia contra la comunidad LGBTIQ+ sigue siendo una realidad devastadora que atraviesa fronteras, culturas y sistemas políticos en todo el mundo. Las cifras más recientes revelan un panorama que exige atención inmediata y acción coordinada a nivel internacional.
Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, se reportaron 350 asesinatos de personas trans y de género diverso a nivel global, según el proyecto Trans Murder Monitoring de Transgender Europe, que comenzó sus operaciones en abril de 2009, convirtiendo este periodo en uno de los más violentos desde que se comenzó a llevar este registro hace más de 15 años.
Pero esta violencia no se distribuye de manera uniforme a nivel geográfico. América Latina y el Caribe concentran casi tres cuartas partes, con el 73% de todos los asesinatos reportados, según datos de Amnistía Internacional, lo que muestra que ciertas regiones enfrentan niveles de violencia particularmente extremos contra las personas LGBTIQ+. Esta concentración geográfica refleja no solo diferencias en los marcos legales de protección, sino también discrepancias culturales y sociales en la aceptación de la diversidad sexual y de género.
México, como parte de esta región crítica, presenta un escenario preocupante. En 2024, se documentaron un total de 146 delitos contra personas LGBTIQ+ en el país, incluyendo asesinatos, atentados y desapariciones, según el Observatorio Nacional. Estas cifras representan un incremento significativo respecto a años anteriores (54 en 2023 y 84 en 2022, según Human Rights Watch), confirmando que el país no ha superado las vulnerabilidades para esta comunidad.
La violencia física representa solo la punta del iceberg de una problemática mucho más amplia que incluye discriminación sistemática, exclusión social y violencia psicológica. Más del 50% de las juventudes LGBTIQ+ en México ha considerado el suicidio en el último año, según The Trevor Project México. Esta cifra se eleva drásticamente entre personas trans y no binarias, donde dos de cada tres enfrentan pensamientos suicidas, lo que enfatiza cómo ciertos grupos dentro de la propia comunidad LGBTIQ+ enfrentan riesgos aún mayores.
Es el caso de las mujeres trans. De acuerdo con datos del Trans Murder Monitoring, el 96% de las personas asesinadas globalmente fueron mujeres trans o personas transfemeninas, lo que evidencia la transfobia en el mundo. Además, el 58% de las personas trans asesinadas cuya ocupación se conoce trabajaban en el comercio sexual, revelando cómo la marginación económica y social aumenta exponencialmente los riesgos de violencia.
Los espacios donde ocurre esta violencia también son reveladores. El 36% de los asesinatos tuvieron lugar en la calle y el 24% en el propio lugar de residencia de las víctimas, lo que demuestra que las personas LGBTIQ+ no encuentran seguridad ni en espacios públicos ni privados. No habrá refugio suficiente para ellas mientras la sociedad no mire con orgullo la inclusión y respeto pleno a la diversidad, más allá de campañas políticamente correctas o asistir a la marcha con el logo de una empresa.
La violencia ejercida contra personas LGBTIQ+ no puede comprenderse únicamente como una vulneración de derechos humanos, sino como el resultado de estructuras sociales, políticas y culturales profundamente arraigadas que reproducen desigualdades de género y discriminación sistemática. Esta violencia impacta de manera desproporcionada a quienes transgreden las normas cisheteronormativas, particularmente a mujeres trans, lesbianas y personas no binarias, quienes enfrentan múltiples formas de exclusión y riesgo.
Con eso en mente y para exigir respuestas institucionales integrales, interseccionales y sostenidas en el tiempo que promuevan transformaciones estructurales, garanticen el acceso a la justicia y aseguren el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas, sin distinción por identidad o expresión de género u orientación sexual, desde Ola Violeta: ¡nos vemos en la marcha!