En cada proceso electoral se repite la misma historia: candidatos y candidatas que usurpan los lugares que están reservados para personas de las comunidades indígenas solo para cumplir con “la cuota”.
Desde hace siete años, el Instituto Nacional Electoral comenzó a integrar una serie de mecanismos para que los partidos políticos incluyeran a los grupos minoritarios en los puestos de representación política, en un intento de reconocer los derechos de las poblaciones que históricamente han sido marginadas y excluidas de los espacios del gobierno. Estas medidas fueron nombradas como “acciones afirmativas” y son obligatorias para todos los partidos.
Hasta las elecciones de 2021, solo la población indígena —que representa al 19.4% de las personas que viven en México— tenía la representación obligatoria en la Cámara de Diputados. A partir de ese año también se empezaron a incluir otros grupos: las personas con discapacidad, afromexicanas, migrantes y de la comunidad LGBTQ+. Para las elecciones de este 2024, por primera vez en la historia también se incluyó a estos cinco grupos vulnerables en las candidaturas al Senado de la República.
Así, los siete partidos políticos nacionales tenían que presentar al menos 63 candidaturas a diputaciones y senadurías de estos grupos minoritarios en el actual proceso electoral para cumplir no solo con la cuota si no con un principio de inclusión y paridad que le corresponde a estas poblaciones pues hasta ahora, esta es la única vía que tienen para alcanzar cargos de representación popular.
En La Cadera de Eva nos dimos a la tarea de analizar las 528 candidaturas que han presentado hasta ahora los siete partidos políticos nacionales como parte de sus acciones afirmativas y detectamos que solo dos de ellos —Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista— cumplen con este requisito, como lo documentamos en esta investigación. Es decir, los partidos siguen invisibilizando y negando la representación de estos grupos.
Por eso es que las poblaciones indígenas y afromexicanas ya han salido a denunciar intentos de ursurpación en las candidaturas de este año. Además, el INE ya retiró 23 candidaturas porque no se acreditó que pertenecieran a las poblaciones indígenas, la mitad de ellas, por cierto, fueron de aspirantes de Movimiento Ciudadano.
En 2021 se había documentado algo similar. El INE encontró que 132 personas candidatas a la Cámara de Diputados falsificaron sus documentos con los que supuestamente acreditaban sus identidades indígenas, afromexicanas o los comprobantes médicos con los que decían tener alguna discapacidad.
Lo peor es que aún así, estos candidatos avanzan hasta al fin usurpar esos lugares, como en de José Antonio Estefan Gillessen, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien mintió y se registró como candidato indígena en las elecciones de 2021. Dijo tener raíces indígenas sin embargo, tiene linaje libanés.
Lo que vemos entonces es una simulación por parte de los partidos políticos para cumplir con sus falsas promesas de inclusión de estas poblaciones y la suplantación de espacios que continúan siendo negados a estas comunidades, que —en el caso de los grupos indígenas— son los más golpeadas por la pobreza, la desigualdad y la discriminación.
Esta situación no solo es grave por lo que representa a nivel de representación política sino por el impacto que tiene en estas comunidades y el problema no es menor. Es la representación que se les niega a las más de 20 millones de personas que viven con alguna discapacidad o limitación física en nuestro país o a las cinco millones de personas de la comunidad LGBTQ+; a las 2.5 millones de personas que se identifican como afromexicanas o a las personas que emigran de México en busca de mejores oportunidades para sus familias.
En las campañas electorales, estos partidos prometen un listado de acciones que supuestamente aseguran inclusión y buscan eliminar la discriminación, y lo que vemos es que cuando tienen la oportunidad de garantizar un espacio a sus representantes, le cierran las puertas. No sorprende que si en la agenda política no se atienden las principales problemáticas que vive la población mexicana, como la inseguridad, la desigualdad o la violencia, tampoco se contemplen las luchas que enfrentan los grupos minorizados.
Una vez más, son las trampas y mañas con las que los partidos políticos burlan al sistema electoral para cooptar espacios. Lo peor es que esto no se traduce en la inclusión de una agenda legislativa que atienda las necesidades que viven estas poblaciones, como la discriminación, la falta de oportunidades y el reconocimiento de sus derechos.
Esto nos comprueba la resistencia que hay para que los partidos políticos incluyan a representantes de toda la población mexicana en los espacios de gobierno. Difícilmente, si no son reconocidos dentro de la organización partidista, lo serán en sus políticas públicas.
Y ni hablar de la deuda que tienen también en materia de género. En la actual jornada electoral hemos visto un incremento en las denuncias de violencia política contra las mujeres, cometida principalmente por miembros de los mismos partidos políticos, como documentamos también en esta nota. Por eso nos sumamos a la consigna que han impulsado varias colectivas: ningún agresor al poder.
Es indispensable ser críticas con lo que se dice en el discurso y lo que nos demuestran los hechos porque la historia nos demuestra que los compromisos que se hacen en campaña son letra muerta.
Las elecciones en México de 2024 van camino a ser no solo las más violentas de la historia, sino acaso también las más disfrazadas de paridad e inclusión.