En el mes de abril del 2021 se viralizó un video en el que aparecen niños huérfanos del Estado de Guerrero, disparan sus armas y se escucha una voz que dice: “Si no hay leyes que nos protejan a los niños huérfanos de México ni gobierno de nuestro país para que nos brinden seguridad, entonces vamos a responder con fuego a los sicarios”. Este hecho se convirtió en primeras planas de algunos diarios, ya han pasado dos años y pareciera que ha quedado en el olvido.
Con miras a las próximas elecciones presidenciales, nuestro país se mantiene en una crisis de seguridad ciudadana y en una constante violación a los derechos humanos. Con base en la Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, enero de 2023 reportó un incremento de homicidios dolosos del 6.4% en relación a enero del 2022, mientras que los feminicidios tuvieron un alza de 11%. Por otro lado, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPDNO) daba a conocer que el primer trimestre del presente año reportó un incremento en sus cifras del 20.54% en comparación con el mismo trimestre del 2022.
"Niños comunitarios" de Ayahualtempa, Guerrero exigen a las autoridades atender las carencias que su comunidad padece (10 de abril 2021). Créditos: Cuartoscuro
Es un enorme riesgo reducir a simples cifras la catástrofe que se vive en este país. Los números esconden la tragedia que envuelve a familias mexicanas. La pérdida por desaparición o muerte violenta de un ser querido provoca efectos emocionales, psicológicos, económicos, entre otros. Hay cambios vertiginosos en las dinámicas familiares, viudas y abuelas enfrentan la responsabilidad y el reto de la sostenibilidad de las familias y cuidado de la prole. Miles de infantes han perdido a sus progenitores y enfrentan su condición de orfandad en los límites de lo familiar, sin que su circunstancia trascienda al ámbito público; se enfrentan a la hostilidad de lo social y a la indiferencia del Estado. La condición de cuidar y ser cuidado tiene que ser considerado como un bien público, y por lo tanto como un derecho; esto conlleva a la necesidad de sacarlos del ámbito privado.
La condición de orfandad como consecuencia de un delito doloso camina de forma paralela a las dinámicas del crimen organizado, siendo su futuro, pero posiblemente también su pasado. Es una tragedia nacional que debe ser encarada como una problemática pública que obligue al Estado a tomar acciones para generar alternativas de cuidado para las infancias en condiciones de orfandad.
Dicho panorama obliga a replantear el diseño de régimen de bienestar familiarista bajo el cual el Estado mexicano se sustentó. Un elemento que distingue a este régimen es considerar un modelo de familia con una marcada división de trabajo; persona proveedora (ordinariamente hombre) y persona cuidadora (ordinariamente mujer), y en donde el bienestar queda supeditado al ámbito familiar y sus relaciones de género.
Las políticas de seguridad social y acceso a derechos sociales se sustentan en la concepción de la familia; es decir, los progenitores son la vía de acceso al cuidado y, por ende, a salud, educación, vivienda, nutrición, etc. Esto significa que la pérdida de sus cuidadores/as coloca a las infancias en riesgo de pobreza, y a la falta de acceso a derechos. El manejo de riesgos al interior de la familia queda sujeto al desempeño doméstico y a los arreglos familiares para el bienestar, generando así una incertidumbre en el desarrollo humano de dichas infancias.
La necesidad de desfamiliarizar el bienestar y el cuidado no sólo es una exigencia que respondería a las desigualdades generadas entre hombres y mujeres como consecuencia de una división sexual del trabajo, además nos permitiría problematizar las desigualdades que como consecuencia de la orfandad por delito doloso hoy se están generando. Si partimos del principio de que el cuidado es un derecho, las políticas de cuidado deben de estar referidas a la organización tanto social como económica que garanticen el bienestar físico y emocional de las personas con algún nivel de dependencia, en este caso nos referiremos a niños y niñas. Por lo tanto el cuidado debe ser enmarcado como parte de la organización social, lo que nos lleva a un rol protagónico de las políticas sociales en la provisión y regulación del cuidado.
Faur (2009) refería a la organización social del cuidado como “la configuración que surge del cruce de las instituciones que regulan y proveen servicios de cuidado infantil y los modos en que los hogares de distintos niveles socioeconómicos y sus miembros se benefician de los mismos” p.118.
La urgencia de instituir sistemas de cuidado que provean de bienestar y procuren un desarrollo responsable e integral de las infancias en condiciones de orfandad, es una responsabilidad del Estado. Es quien debe generar las acciones necesarias para responder como proveedor, regulador de servicios de cuidado o proveedor de recursos en forma de subsidios. En este sentido, el cuidado debe enmarcarse como una necesidad vital y un componente ético que se traduce a responsabilizarse por esta población, comprender y atender sus necesidades específicas.
La politización del cuidado como una propuesta desde la ética del cuidado no es una resolución asistencialista, es una preocupación legítima por la vida digna de la familias, de viudas, niños y niñas en condición de orfandad.
Bibliografía:
Faur, Eleonor (2009). Organización social del cuidado infantil en la Ciudad de Buenos Aires: el rol de las instituciones públicas y privadas 2005 - 2008. Tesis de doctorado. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023). Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. México.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023). Incidencia delictiva. México.