Aunque las órdenes de protección son consideradas internacionalmente como un mecanismo clave para la prevención de las violencias de género, la realidad de México está muy alejada de ello. Lamentablemente en nuestro país emitir una orden de protección no garantiza la vida y dignidad de las mujeres.
De los 2 millones 16 mil 430 de casos de violencia contra las mujeres que se tienen registrados a nivel nacional, sólo se han emitido 259 mil siete órdenes de protección, de acuerdo a datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM). Lo que significa que sólo el 12.84% de las mujeres tuvieron medidas de protección.
En México, las leyes establecen que las órdenes de protección deben priorizar el interés superior de las mujeres víctimas, sin necesidad de una denuncia previa. Sin embargo, quienes acompañamos a mujeres en situación de violencias nos comparten que enfrentan obstáculos debido a la falta de capacitación en género, derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad por parte del personal gubernamental.
A menudo se les exige tener "marcas de violencia" para renovar las órdenes de protección, y las que ya las tienen encuentran problemas como botones de pánico que no funcionan y seguridad policial limitada a su domicilio o lugar de trabajo, debido a la falta de recursos adecuados y suficientes.
La opacidad del Estado: riesgo latente para las mujeres
Estas deficiencias institucionales han llevado a casos documentados de feminicidio, como el de Teresa (2018), Abril (2019), Jessica (2020), Ana Paola (2020), Mariana (2021), Claudia Michelle (2022), Karen (2023), Nayeli Noemí (2023) entre muchos más lamentablemente que, aun teniendo orden de protección fueron asesinadas por su expareja, algunos de ellos violando reiteradamente la orden de protección.
Estos casos reflejan las graves fallas en su implementación y cumplimiento. Aunque las órdenes de protección son herramientas legales diseñadas para proteger a las mujeres víctimas de violencias, en muchos casos no han sido efectivas para prevenir el feminicidio. Es decir, no solo son los feminicidios un reflejo de la inacción de las órdenes de protección, sino los cientos de casos que aún con orden de protección viven acoso y hostigamiento o incluso ataques con sustancias químicas cuya orden de protección no elimina las violencias machistas
Nombro a las víctimas de feminicidio como un acto de memoria, resistencia y lucha buscando visibilizar la violencia machista y las acciones fallidas. Para mantener viva su memoria y exigir justicia, recordando a las autoridades que sus muertes no deben quedar impunes y que es necesario luchar por un sistema judicial más efectivo y equitativo. (Wendy Figueroa)
Para exigir justicia, transformar las estructuras patriarcales que la perpetúan y, para movilizar a los tres órdenes de gobierno y por supuesto a las autoridades del próximo sexenio para que tomen medidas efectivas e integrales para erradicar las violencias contra las mujeres reconociendo la realidad que las mujeres vivimos en nuestro país.
Reconocer a las mujeres víctimas de las violencias les devuelve su identidad y dignidad, visibilizándolas no como cifras, sino como personas sujetas de derechos con historias, sueños y vidas que fueron abruptamente interrumpidas por la violencia machista en complicidad con la impunidad.
Acciones urgentes para garantizar la vida de las mujeres
Para que los mecanismos de protección para mujeres en México sean efectivos, se requiere mínimamente:
-Capacitación a personas funcionarias públicas, profesionales de la salud, policía y comunidad en general sobre la detección, atención y prevención de la violencia contra las mujeres.
-Acceso a la justicia integral con un sistema judicial rápido y eficaz que les crea a las mujeres y rompa con el pacto patriarcal.
-Presupuesto progresivo y garante para programas de prevención y atención entre ellos los Refugios de protección para las mujeres y en su caso, sus hijas e hijos.
-Monitoreo y evaluación de políticas y programas para asegurar que están cumpliendo su objetivo y de ser necesario ajustarlos.
-Colaboración efectiva entre diferentes entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes para asegurar una respuesta integral y coordinada.
Implementar y fortalecer los mecanismos de protección en México desde una perspectiva feminista es esencial para garantizar la seguridad y los derechos de todas las mujeres, representando un compromiso renovado para que todas las mujeres puedan vivir libres de violencia y con pleno respeto a su dignidad y derechos humanos.